Hay pelea entre el bien y el mal allá por los juzgados civiles del eje vial Juan Gabriel, donde se reconfiguran las mafias en torno a los juicios de prescripción positiva, con todo y que trabajan personas juzgadoras que intentan poner fin a las prácticas corruptas de abogados y actuarios que, en los juicios, falsean notificaciones y testimonios para hacerse de viviendas que luego ingresan al mercado inmobiliario.

Lo que se comenta es que, por un lado, operan jueces y juezas que reciben hasta 30 mil pesos por no tumbar el trámite amañado de la prescripción positiva para acreditar que alguien tuvo la posesión pacífica de una casa durante cinco años; por el otro, están quienes se han dado a la tarea de exhibir esa práctica, con la idea de que las cosas se hagan bien, no se violenten los procedimientos, no se despoje a los verdaderos dueños y no se alimente el negocio de unos cuantos abogados que se han vuelto corredores inmobiliarios.

Parece que poco o nada ha cambiado desde la sacudida que trajo la reforma judicial, y el modus operandi que pone en sintonía a abogados, actuarios y personas juzgadoras nada más cambió de juzgados.

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Donde actualmente hay mucha efervescencia en torno al tema es en la famosa Central de Actuarios, ahí donde la jefa es Marlene Martínez, quien —dicen las malas lenguas— llegó al cargo porque su esposo es primo de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera.

Marlene era actuaria y supo Mirone que recientemente le tumbaron un procedimiento mal notificado con el que un abogado había reclamado la prescripción positiva de un terreno de ¡15 mil hectáreas! Nomás para que vean de qué tamaño puede ser el negocio.

Como los actuarios saben que todos están ahorita bajo la mira, han tenido que cuidarse más con los procedimientos por encargo, pero mucho se comenta que todavía hay quienes se arriesgan en busca de su tajada de entre 6 mil y 10 mil pesos por notificación de prescripción o por emplazamiento.

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Hablamos de los “avionazos”, como les llaman los propios abogados a los trámites amañados, cuando se sabe que hay posesionarios y testigos inventados y se promueven los juicios a favor de prestanombres.

Todo para hacerse de la propiedad a la mala, lo que algunos jueces y juezas han detectado y señalado, sin que se corrija o se investigue el tema a fondo, ya que implica actos de corrupción y fraude procesal.

Un abogado, hermano de la jefa de actuarios, también anda en el negocio. El caso es que el cártel inmobiliario sigue vivito y coleando.

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Ante la falta de personal para atender a las personas en condiciones de vulnerabilidad, el Poder Judicial Federal recurrió al viejo y sucio truco de amontonarle la chamba a otros y darles carrilla para que la saquen.

Eso es todo: el recorte de 43 trabajadores que tenían a su cargo las funciones de atención a personas de escasos recursos, con discapacidad, de la tercera edad o de pueblos originarios, lo están cubriendo en el PJF con una sobrecarga para quienes tuvieron la fortuna de conservar su empleo.

Si no lo dijeron así, lo parece: aviéntate el trabajo de la compañera que acabamos de correr y da gracias porque tú sí tienes empleo aún.

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Lo que le vinieron a contar a Mirone es que, ahora que aplicaron la tijera a esos trabajadores, todos de confianza que laboraban en el Instituto Federal de Defensoría Pública, las funciones que tenían a su cargo se las mandaron al área de asesorías.

Desde el pasado martes les llegaron oficios de sus respectivas oficinas de Recursos Humanos en los que se les informa que, en adelante, se encargarán de asistir a las personas en situación de vulnerabilidad, lo cual representa una carga exorbitante de trabajo que a duras penas cubrían los empleados recién despedidos.

Lo peor del caso es que les mandaron decir que le saltaran al ruedo y ni siquiera les dieron el capote para lidiar con el pesado toro de la sobredemanda de asistencia. A estas horas, los empleados que recibieron el “encargo” apenas están viendo cómo rayos funcionaba eso de orientar a la gente que no tiene manera de defenderse de un acto judicial.

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Como le informó este Mirone, el Poder Judicial de la Federación se deshizo de 43 plazas —igual a 43 empleados— de confianza que se encargaban de asesorar a personas en situación de vulnerabilidad.

Luego de darles la mala nueva a sus ahora exempleados, les pasaron la otra mala a los que se quedaron: ganaron la rifa del tigre, porque ahora se encargarán ellos, con los mismos recursos que ya tenían y, por supuesto, con el mismo salario.

Mientras el PJF sigue adelante con sus tijeretazos, motivados por su pésima administración, más que por falta de dinero, la inconformidad continúa creciendo en diversas partes del país, donde ya se empiezan a cocinar actos de protesta de diversa especie.

En Chihuahua los veremos muy pronto, le cuentan y le confirman a Mirone, así que no se asuste si un día llega a las instalaciones judiciales y se las encuentra cerradas. Ojo con eso, pues.

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La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) está a un ‘tris’ de irse a la huelga, promovida por el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua (STSUACH), cuyos integrantes reclaman el cumplimiento de una serie de demandas que desde tiempo atrás le vienen planteando al rector Luis Alfonso Rivera Campos.

Recién le contaron a Mirone que el rector había llegado a un acuerdo con los sindicalizados administrativos para abrir un paquete de plazas en diversas dependencias de la institución y, hasta ahora, no les han cumplido ni con una sola.

Ese, en realidad, no es el fondo del problema. Lo que ha venido a reventar la liga es el hecho de que, lejos de abrir esas plazas, la UACH pretende asignar esas funciones a trabajadores externos contratados mediante un esquema de outsourcing, figura que muchos creían extinta tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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Ese es el factor que más ha calado entre los del STSUACH: que la administración actual pretenda sustituirlos por trabajadores que ni siquiera forman parte de la institución, son ajenos a la vida sindical y no estarían sujetos a la supervisión que sí se aplica a los sindicalizados.

Además del hecho de recurrir a una figura que, por decir lo menos, es controversial y suele generar conflictos al interior de empresas e instituciones, la UACH reconoce implícitamente la necesidad de contratar personal administrativo, pero no contempla a los sindicalizados para cubrir esas plazas.

Lo otro es el peligro de sentar un precedente, porque, de aquí en adelante, la casa de estudios —o cualquier otra institución— podría recurrir a la contratación externa y mandar a volar a sus sindicatos. Eso sí que calaría, y muy hondo.

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Alguien en la UACH no está calculando bien el costo político que podría tener un conflicto sindical, con paro de labores y todo, a estas alturas de la administración estatal.

Por lo visto, los actuales directivos eran demasiado jóvenes cuando ocurrió el movimiento de 1985, que alcanzó tal grado de intensidad que, para muchos, contribuyó a la caída del gobernador de la época, Óscar Ornelas Küchle, quien, por cierto, había sido rector y dejó aquel cargo en medio de otro conflicto.

Si al ambiente crispado que tenemos actualmente, con autoridades estatales y federales distanciadas, grupos políticos disputándose las candidaturas e investigaciones en curso por presunta intromisión de extranjeros en labores propias del Estado, le agregamos una huelga de tamañas dimensiones, mejor ni queremos imaginarnos las consecuencias.

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Aunque será hasta el martes 7 de julio cuando el Consejo de Administración de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) avale el nombramiento del nuevo director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), ya quedó clara cuál fue la decisión de Palacio.

Tal como se preveía, se optó por la opción interna y la continuidad del equipo que armó el fallecido Marco Licón. El ungido será el director interino, Alberto Paredes Arroyo, quien en principio había llegado como director financiero.

O sea que se quedó en la rayita la otra carta del mismo equipo, el director Comercial, Mauricio Meléndez, quien también sonaba para darle continuidad al trabajo de Licón.

Como quiera que sea, seguirá al frente de la descentralizada el equipo que se logró consolidar a partir de diciembre de 2025, luego de la estrepitosa caída de Sergio Nevárez como director ejecutivo.

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La gobernadora Maru Campos volvió a tener la deferencia con la jefa de Comunicación Social, Amparo Beltrán, y con el delegado de Coesvi, Óscar Lozoya, al incluirlos otra vez en la terna formal que fue enviada al Consejo de Administración.

Ese mismo papel de acompañamiento y de cumplimiento del protocolo jugaron ambas figuras panistas cuando se envió la terna en la que iba Marco Licón el año pasado.

Finalmente se optó por no mover las aguas internas de la JMAS, pero también por dejar intacta la estructura estatal azul que ya camina con distintos proyectos y asignaciones de corte político-electoral para lo que se ofrezca en 2027.

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Estaban puestos para hacer “el sacrificio” tanto el recaudador como el delegado de Coesvi o la jefa de Comunicación Social; incluso el representante de la gobernadora en Juárez, Carlos Ortiz, pero cada quién tiene otras responsabilidades por delante.

Así que, por lo pronto, se dejó la JMAS en manos de un perfil técnico, no necesariamente de un operador panista.