Por si algo faltara, los empleados del Poder Judicial Federal (PJF) asentado en Ciudad Juárez enfrentan ahora una dificultad adicional: encontrar una guardería donde dejar a sus hijos mientras cumplen con su jornada laboral.

A Mirone le vinieron a contar que una de las quejas más sentidas que los trabajadores del PJF plantearon a las representantes del Órgano de Administración Judicial no fue únicamente contra sus mandos inmediatos y superiores, sino también contra el Issste.

¿La razón? Desde marzo del año pasado, cuando cerró la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) número 32 del Issste, ubicada en Ciudad Juárez, no se les ha ofrecido una alternativa para inscribir a sus hijos en otra guardería. ¡Bonita la cosa!

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Aquí cabe recordar que la EBDI 32 permanece cerrada por disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que aflorara una serie de denuncias por abuso sexual contra algunos niños que asistían a ese lugar.

En aquella ocasión, la FGE ordenó el cierre de cinco guarderías, incluida la EBDI 32, mientras se desarrollaban las investigaciones relacionadas con decenas de denuncias de abuso sexual, en las que los principales señalados eran empleados de estancias infantiles, ya fueran del Issste o de las subrogadas por el IMSS.

Sin embargo, a muchos trabajadores del Poder Judicial Federal no se les ha ofrecido una sede alterna y ya van para año y medio desde que les cerraron la guardería. Así, ¿cómo pedirles a madres y padres de familia que eleven su productividad y mejoren la impartición de justicia si ni siquiera encuentran un espacio digno donde dejar a sus hijos?

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El problema de las guarderías fue una de las quejas más reiteradas que se llevaron Catalina Ramírez Hernández, representante del Órgano de Administración Judicial, y la magistrada Indira Isabel García Pérez, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, durante su visita a Ciudad Juárez el pasado 26 de junio.

La falta de una estancia que opere con todas las medidas previstas por la ley salió a relucir a propósito de las inconformidades expresadas por los empleados del Poder Judicial respecto de las extenuantes jornadas laborales a las que son sometidos.

Les piden quedarse hasta altas horas de la noche, sacar el trabajo del día y también el rezagado de jornadas anteriores, pero no les ofrecen un lugar donde dejar a sus hijos. Eso ya es mucho pedirle a cualquier trabajador.

Las jornadas impuestas por los nuevos operadores del Poder Judicial ya son motivo de queja ante las autoridades superiores; dejarlos, además, sin una alternativa de guardería catapulta el problema a otro nivel.

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Gilberto Loya se mantiene en la contienda por la candidatura al Gobierno del Estado de Chihuahua, a pesar de los pobres resultados que ha ofrecido en materia de seguridad.

Decenas de carteleras espectaculares después, el aspirante Centinelo sigue en la carrera, aunque no figure en ninguna de las encuestas que están a la vista. En las mesas de café, en los corrillos de las oficinas públicas e incluso en las entrañas del PAN, pocos lo ven con otro enfoque que no sea el de la carta del Palacio de Gobierno para intentar retener el poder en el próximo sexenio.

De poco ha servido poner a trabajar a la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en la proyección de su imagen, ni colocar a dirigentes panistas en cargos de primer orden —¡ese subsecretario de Vialidad, ahí le hablan!— para que su nombre pese y se coloque como la opción capaz de hacer frente a Morena en 2027.

…y, sin embargo, se mueve.

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Loya Chávez se confirmó como “suspirante” ayer lunes 29 de junio, apenas dos días después de que Chihuahua se colocara como el estado más violento del país.

Fueron 17 homicidios los registrados en la entidad durante el fin de semana; 13 de ellos ocurrieron el sábado.

El diagnóstico del funcionario y precandidato es el mismo que hemos escuchado en decenas de ocasiones desde que comenzamos a contar las muertes violentas por miles cada año: que se trata de enfrentamientos “entre pandillas”, del reacomodo de grupos de la delincuencia organizada y, por supuesto, de la reacción de estos ante los “grandes golpes” que les ha asestado la autoridad.

El detalle es que ese “reacomodo”, por lo visto, lleva todo el sexenio, porque Chihuahua no ha salido del selecto club de los estados que concentran más del 50 por ciento de los homicidios que se cometen en el país.

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Lo que le han contado a Mirone es que la actuación de Gilberto Loya, al igual que la de los exfiscales César Jáuregui y Roberto Fierro, será una de las principales banderas de campaña de la 4T en las próximas elecciones.

La ubicación de Chihuahua en los primeros lugares no solo en homicidios, sino también en secuestros, feminicidios, muertes por accidentes viales y lesiones, será pasto para la estrategia que ya preparan los morenistas, sobre todo ahora que sus aspirantes tienen vía libre para hacer grilla de tiempo completo.

El dato no es menor y tampoco ha pasado inadvertido: pesa, y mucho, en el ánimo del panismo. Si su campaña va a fundamentarse en acusar a Morena de ser un narcopartido incapaz de combatir al crimen, ¿cómo posicionar como candidato a quien estaba precisamente a cargo de esa tarea, con resultados tan cuestionados?

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Otra vez quedó en evidencia la negligencia gubernamental en el tema de la desatención a los diques, la línea de defensa de la ciudad contra inundaciones y las corrientes peligrosas que bajan de la Sierra de Juárez.

En la audiencia pública realizada el pasado fin de semana para analizar el ejercicio del Presupuesto 2026, el tema volvió a ponerse sobre la mesa. Resulta que no se ha aplicado un solo peso de los apenas 20 millones de pesos reservados este año para la limpieza y desazolve de la red de diques de contención, infraestructura que además ya luce bastante obsoleta.

Todavía no empiezan los trabajos cuando ya terminó junio y entramos de lleno a la temporada de lluvias, la de mayor riesgo para la ciudad.

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Ni siquiera con las tragedias que la lluvia ha dejado en esta frontera se ponen las pilas los funcionarios encargados de una tarea tan básica como la prevención.

El director de Obras Públicas Municipales salió con la graciosada de que hasta dentro de ocho semanas se publicará la convocatoria para contratar la maquinaria pesada necesaria para el desazolve de esa infraestructura hidráulica, además de la limpieza de arroyos.

Ni la burla perdonan en esa dependencia, aunque también hay que decir que del lado del Gobierno del Estado tampoco han movido un dedo, cuando en administraciones anteriores las distintas instancias se coordinaban para realizar esos trabajos con oportunidad. Le entraban tanto Obras Públicas del Estado como la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, además de Obras Públicas Municipales.

Hoy nadie parece preocuparse por el tema, menos cuando Gobiernos y funcionarios andan agarrados del chongo por asuntos político-electorales. Ni siquiera las áreas de Protección Civil han puesto el foco donde deberían, aunque el riesgo de inundaciones y tragedias sea latente, e incluso inminente.

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Justo hace un año, el agua que descendió con violencia de la Sierra de Juárez, y que no pudo contener el dique de La Montada, en la colonia Fronteriza, devastó varios tramos de la calle Santiago, que atraviesa distintas colonias del norponiente dentro de la cuenca del Arroyo de las Víboras.

El problema no estuvo únicamente en el dique, cuya cortina quedó inservible desde las lluvias de 2006, hace ya 20 años. El desastre también se agravó porque el cauce del arroyo estaba taponeado y el agua buscó otra salida, reventando varios tramos de la calle Santiago.

Increíble que siga pasando el tiempo y todavía no se renueve el dique La Montada, ni se tomen las previsiones mínimas para su desazolve y la limpieza de los arroyos, en esa y en otras cuencas que representan un riesgo para vidas y patrimonios.

Ojalá que después no vengan las lamentaciones, ni traten de voltear hacia otro lado para buscar culpables.

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En Chihuahua, el “aguachicol” tiene uso y destino. La megatoma clandestina que encontró —y clausuró— la JMAS el pasado fin de semana iba a dar a un fraccionamiento de altos vuelos, donde abundan las casas con alberca.

Eran millones de litros los que extraían los aguachicoleros, hasta ahora desconocidos, desde una de las principales fuentes de abastecimiento de agua de la ciudad capital.

El problema fue mucho más allá del robo de agua. La sustracción ilegal redujo las reservas de la JMAS, justo cuando se necesitaba líquido suficiente para enfrentar la sobredemanda registrada en las semanas recientes, con temperaturas superiores a los 35 grados centígrados. Aquí sí aplica aquello de que “agua que no has de beber, déjala correr… hasta la toma clandestina”.

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La JMAS informó, mediante un comunicado oficial, que la toma se encontraba en la zona de El Fresno-Ojos del Chuvíscar, al sur de la ciudad, donde había conexiones ilegales sobre una tubería de 20 y 24 pulgadas, capaces de entregar a los ladrones un botín de 700 mil litros de agua al día.

Lo que trascendió desde las primeras averiguaciones es que el agua llegaba a tierras de cultivo ubicadas cerca del acueducto intervenido, pero su destino final era un fraccionamiento residencial donde abundan las casas equipadas con albercas y cisternas de almacenamiento.

¿Quién es el ganón? De eso se ocupará la Fiscalía General del Estado. Lo que está por verse es si les echan el guante a todos los beneficiarios de esa transacción ilegal.

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Mirone tiene conocimiento de que, durante la semana que inicia, se emprenderán nuevos operativos en distintos puntos del municipio, porque existe la fundada sospecha de que hay más aguachicoleros operando a sus anchas, sin que nadie los haya molestado hasta ahora.

El diagnóstico de la JMAS indica que las succiones ilegales se localizan en algunas de las fuentes más importantes de abastecimiento, como el acueducto El Sauz y las redes de distribución del sur de la capital.

Se estima que esos perforadores de tuberías roban cerca de ocho litros por segundo, cantidad equivalente a llenar mil 500 tinacos de almacenamiento. Haciendo cuentas, más de un millón de litros al día.

Lo bueno es que esta vez el asunto no quedará únicamente en tapar el agujero y cancelar la toma clandestina. Ahora el caso ya está en manos de la Fiscalía General del Estado, para integrar los expedientes y dirigir sus baterías jurídicas contra quienes resulten responsables de robar el agua que es de todos.