Campaña habemus: el festejo por el cumpleaños del exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, fue, en realidad, el acto de lanzamiento de su candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua por el PAN y, acaso, también por el PRI, le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste.

Ni en las bodas de rancho se junta tanta gente, invitada o no. Aproximadamente mil 600 personas acudieron a la convocatoria difundida a través de redes sociales para festejar a quien, hasta hace muy poco, despachaba como fiscal, operador político del actual Gobierno y aspirante a la Alcaldía.

Corrió como fuga de agua en calle de bajada: en un santiamén se reunieron más personas de las que necesitaría un partido de nueva creación para justificar la realización de sus asambleas distritales en Chihuahua.

¿Power? ¿Músculo? Sí, vaya que lo mostró Jáuregui. Pero también sacó a relucir la forma más antigua de hacer política al interior del Partido Acción Nacional: las candidaturas se ganan a pesar de los gobernantes, no porque ellos las quieran.

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El tiro se cantó desde días antes, cuando comenzaron a circular mensajes apócrifos en redes sociales con invitaciones falsas o datos alterados sobre el lugar y la hora del evento, en un intento por confundir a los asistentes.

El propio Jáuregui difundió un video en el que advertía que “ya iniciaron los ataques” y que “vendrán chirinolas”. Terminó por hacer una invitación abierta desde su cuenta de Facebook, acompañada del código QR con la ubicación correcta del Salón Encinos, para neutralizar la campaña en su contra.

En la antesala circularon decenas de mensajes, pero hubo dos que calaron hondo. El primero fue el del veterano político Guillermo Luján Peña, quien dijo decantarse por Jáuregui porque era panista “de toda la vida”. El segundo, el de la exdiputada local Georgina Bujanda, quien denunció la existencia de una guerra sucia “como nunca se había visto en una contienda interna del PAN”.

La propia Bujanda resumió así el ambiente que, a su juicio, prevalece dentro del partido: “Más de la mitad de mi vida llevo en Acción Nacional y este nivel de guerra sucia, presión, amenazas y calumnias me tienen desconcertada”.

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Nunca, al menos en la política local, las ‘Mañanitas’ se habían escuchado con tanta fuerza en la “tardecita” —como dicen en la capital cuando el sol ya pierde intensidad— del viernes 26 de junio, en el Salón Encinos.

No era un canto de felicitación. Era el banderazo informal de una campaña que quedó en pausa tras la renuncia de Jáuregui Moreno a la Fiscalía General del Estado, luego de verse involucrado en la polémica por la participación de cuatro agentes extranjeros en el operativo para localizar un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

La cantada no fue únicamente de cumpleaños; también sonó como un desafío para quien decida ponerse enfrente de quien desde ahora asoma como el aspirante a contrapelo que tanto gusta al panismo tradicional.

Aquí sí que no hay prianismo. En el PAN, la línea suele producir el efecto contrario: no siempre impulsa candidatos; a veces los fabrica.

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En el exterior de las oficinas del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, hay algo que ya se está volviendo tradición de los viernes, casi tanto como salir a festejar con los amigos.

De hecho, sí se trata de una reunión, pero no para convivir con los compañeros de oficina o con los cuates de siempre, sino para echar madres y padres contra una autoridad que, da la casualidad, resulta ser su propio jefe.

Se trata del personal que cada viernes expresa su enojo contra el juez de Distrito Gabriel Gálvan Morales, instalado en el cargo desde septiembre pasado, luego de ganarlo en la elección judicial de 2026, en la que consiguió participar después de pelearle al mismísimo Poder Judicial de la Federación.

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Se trata de un juez joven que hizo toda su carrera dentro del Poder Judicial. Empezó como chofer —según la biografía difundida durante la elección judicial— y fue ascendiendo hasta convertirse en secretario, aspirante y, finalmente, en juez de Distrito.

Si bien forma parte de una familia de juristas, pues su padre, Gabriel Ascensión Galván Carrizales, hoy magistrado en retiro, dejó el cargo al iniciar el pasado proceso electoral judicial, el ahora juez sí picó piedra. Pasó por las secretarías de juzgado y otros cargos hasta llegar a la titularidad. Hasta ahí, nada que reprochar; la suya es una auténtica carrera judicial.

Justamente eso es lo que no entienden quienes hoy le reclaman su forma de ejercer el mando. Suponían que alguien formado “en casa”, conocedor de todos los vericuetos del sistema judicial, de las cargas de trabajo y del desgaste cotidiano que enfrentan los empleados, actuaría con mayor sensibilidad. En cambio, aseguran que se comporta más como patrón de hacienda que como impartidor de justicia.

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La cita para protestar contra Gálvan Morales es cada viernes, en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez, ubicadas sobre la avenida Tecnológico, para quien tenga oportunidad de pasar… o interés en enterarse de primera mano del ambiente que se vive en ese juzgado.

Y no, los reclamos no giran en torno a los presuntos actos de nepotismo que alguna vez se le atribuyeron, ni al supuesto amiguismo con el que habría colocado a personas cercanas a su círculo familiar en cargos relevantes. Ni siquiera ese es el punto.

Lo que realmente tiene molestos a sus colaboradores es, dicen, la prepotencia, el maltrato y la falta de empatía. A ello atribuyen que, desde la llegada del nuevo titular, 14 trabajadores hayan solicitado licencia para migrar a otros órganos jurisdiccionales, una situación que, según personal con años dentro del circuito judicial, no tiene precedente en esa sección.

El descontento incluso dejó de ser un asunto de pasillos. En las propias instalaciones apareció un cartel con un mensaje dirigido al recién creado Tribunal de Disciplina Judicial: “Hecho notorio: Nunca había pasado en esta sección que 14 personas pidieran licencia para migrar a otro órgano jurisdiccional. ¿Qué otros indicios requiere el órgano de disciplina?”

Los inconformes también cuestionan la manera en que se conduce el juzgado. Sostienen que el juez acostumbra trabajar a puerta cerrada y no permite que los secretarios le den cuenta de los asuntos conforme avanzan los proyectos.

Quienes conocen el funcionamiento de un juzgado federal explican que esa dinámica obliga a los secretarios a desarrollar durante días proyectos de resolución siguiendo el criterio que consideran correcto, para descubrir al final que el titular tiene una visión distinta. El resultado es volver a empezar, duplicar el trabajo y prolongar jornadas que ya de por sí son pesadas.

Por lo visto, ya se le olvidó que él mismo conoció ese tipo de prácticas cuando buscó separarse de su cargo para hacer campaña en la elección judicial del año pasado.

Ahora está del otro lado del escritorio y, según cuentan sus propios trabajadores, reproduce exactamente las mismas conductas que antes padeció. Al final, el problema nunca fue el maltrato. El problema fue la memoria… porque hay quienes descubren que el poder no cambia a las personas; simplemente les da la oportunidad de parecerse a aquello que antes criticaban.

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Paren la música: la ganadería local está de fiesta por la apertura de la nueva planta para la producción de moscas estériles que se utilizarán para combatir el gusano barrenador del ganado (GBG), pero está todavía más preocupada porque sigue abierta la puerta para el ingreso de animales procedentes de países centroamericanos.

La inauguración de la planta era una de las acciones que los ganaderos de todo el país pedían a gritos, convencidos de que, una vez en operación, contarían con una herramienta eficaz para cerrarle el paso al famoso gusano que se adhiere a los animales —particularmente a las reses— y les provoca heridas profundas que incluso pueden causarles la muerte

Sí, pero había una exigencia todavía más urgente que, hasta la fecha, sigue sin cumplirse: impedir el ingreso de ganado procedente de Nicaragua, Panamá, Guatemala y Honduras. De esos países provenían los animales con los que comenzó la propagación del gusano barrenador y, en consecuencia, el cierre de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.

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Desde el 16 de octubre de 2025, el Congreso del Estado de Chihuahua solicitó de manera urgente a las autoridades federales que aplicaran a Centroamérica la misma medida que Estados Unidos impuso a México: impedir el ingreso de ganado, estuviera enfermo o no.

Sin embargo, lo que el poder central devolvió a Chihuahua fue algo todavía peor: un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dejó sin efectos las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado para realizar inspecciones sanitarias.

Según la Controversia Constitucional 374/2024, la administración de Maru Campos invadía facultades exclusivas del Gobierno Federal. Hasta ahí se entiende. Lo que sigue sin entenderse es que le hayan atado las manos a Chihuahua mientras la Federación continúa sin hacer la tarea que le corresponde.

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Entendidos en el tema le contaron a Mirone que el problema comenzó a incubarse cuando la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador dejó al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) operando con recursos mínimos. Precisamente ese organismo era el encargado de realizar las inspecciones sanitarias al ganado. Malo. Porque después vino el problema del gusano barrenador.

El hecho es que el ganado centroamericano sigue ingresando al país, aunque no a Chihuahua, en buena medida por las acciones sanitarias que la propia entidad ha mantenido. Ya hay moscas para combatir al gusano; ahora falta que las autoridades dejen de hacerse moscas muertas con quienes siguen introduciendo ganado potencialmente infectado.

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Siete horas de discusión para que les contestaran con un parrafito de cinco líneas.

El 6 de mayo pasado quedó inscrito en los anales de la historia legislativa de Chihuahua como escenario de una de las discusiones más largas de los últimos años. Las bancadas del PAN y del PRI se enfrascaron en un airado debate con sus pares de Morena a propósito del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Para resumir y no hacer este texto tan prolongado como aquella —bizantina— discusión, en esencia el bloque PRIAN le exigía al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que detuviera al mandatario sinaloense y lo enviara de inmediato a Estados Unidos para enfrentar procesos penales por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

En otras palabras: extradítenlo ya, antes de que Washington se impaciente. ¿Y los morenistas? Bueno, ellos se pasaron siete horas recordándole al PAN el bochornoso antecedente del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, además de una larga cadena de alegatos que sirvió para muy poco.

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¿Qué ocurrió después? Que el Congreso del Estado, con los votos del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, aprobó un acuerdo mediante el cual solicitó al Gobierno Federal que, “en el ámbito de su competencia y atribuciones”, atendiera la petición de detención provisional con fines de extradición formulada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Por lo regular, esos exhortos van acompañados de la frase “se exhorta respetuosamente”. Esta vez ni eso. Simplemente le recordaron al Gobierno Federal que existía una solicitud diplomática de Estados Unidos para detener a diez funcionarios sinaloenses y que debía darle trámite.

Vale la pena recordar el contexto. El tema de los llamados “extraditables” estalló justo cuando también estaba en plena efervescencia la polémica por la participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en Chihuahua.

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Más de un mes después de aquella perorata de siete horas llegó el oficio FGR/OFG/UEPECV/064/2026. La respuesta del Gobierno Federal fue, esencialmente, la misma que ya había expresado públicamente: la solicitud sigue los cauces legales previstos en la legislación mexicana. Punto.

Todavía añadieron un párrafo que sonó al más elegante de los “si tienen pruebas, preséntenlas”: la Fiscalía General de la República recibirá y dará el trámite que en derecho corresponda a cualquier denuncia presentada por los canales institucionales.

Y ahí terminó todo.

Siete horas de debate, decenas de posicionamientos, acusaciones cruzadas y un acuerdo legislativo acabaron resumidos en un oficio y un par de párrafos. A veces la política se toma demasiado tiempo para llegar exactamente al lugar donde ya estaba.