Apenas tiene unos cuantos meses como director del Instituto de Formación y Actualización Judicial (Inforaj), organismo que forma parte del Poder Judicial del Estado, y ya está en el ojo del huracán por múltiples denuncias de trato despótico, cambios, remociones y contrataciones sospechosas.

Nos referimos a César Ramírez Franco, quien antes de enero de 2026 llegó temporalmente al Instituto de Defensoría Pública y apenas el año pasado integró el paquete de magistrados que dejaron su cargo con una jugosa pensión, luego de la reforma que renovó al Tribunal Superior de Justicia y permitió la elección vía voto popular; o por medio de acordeones, para ser más precisos.

Le llegó el reporte a Mirone de que la última que se aventó Ramírez fue incorporar a la nómina del Inforaj a la madre de Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). El asunto es que ocupa una oficina en Paseo Bolívar, en la capital del estado, pero poco se le ve y nadie sabe con claridad cuáles son sus funciones, por lo que ya empieza a hablarse de una posible aviaduría dentro de la institución.

Parece que al rector, Sport Billy, el primo incómodo, le ha dado por acomodar bien a la familia en las nóminas oficiales, y Ramírez se ve que no tiene empacho en hacer los movimientos que se requieran, aunque aumenten las críticas por su manejo tipo feudal o caciquil del Inforaj.

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Y si de misoginia se trata, nomás que le pregunten a la exdirectora administrativa, quien fue corrida de fea manera para dejar a un hombre en el cargo, como ya ocurre en prácticamente todas las principales áreas del Instituto.

Con eso de que fue magistrado duartista en materia Penal, Ramírez se quedó muy anclado a la idea de pertenecer a la casta divina del Poder Judicial, esa a la que llegó cuando ya formaba parte de ella su tío político, el expresidente del Tribunal Superior, el parralense Gabriel Sepúlveda Reyes.

Hace y deshace. No conforme con tener doble ingreso del propio Poder Judicial, ya que cobra como director del Inforaj y como magistrado jubilado, todavía se autoasignó otra lanita más: un tercer ingreso como maestro del propio Inforaj, con tarifa alta porque ostenta el grado de doctor. Ahora sí que no tiene llenadera.

No es cualquier ingreso extra. En el Inforaj pagan a los doctores mil 500 pesos por hora. Nada más con una asignatura en una de las maestrías, el director puede embolsarse 36 mil pesos por un curso de 36 horas, impartido únicamente los fines de semana. Pero todavía puede tomar materias entre semana y duplicar el ingreso. ¡No te acabes, Poder Judicial!

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Quién sabe cómo hará para tripletear ingresos de ese ‘renovado’ Poder Judicial, ya que se supone que de donde uno se jubila ya no lo pueden volver a contratar. Aunque, claro, eso aplica para los simples mortales, no para el nuevo señor feudal del aparato judicial.

Nada más que esa situación laboral y el manejo discrecional de la nómina se suman a otros señalamientos que Mirone ya había recibido tiempo atrás.

Durante un buen rato se autoasignó para uso oficial y personal dos vehículos y dos choferes-mensajeros, que le hacían de todo. Hasta el café y el maletín le cargaban, aunque uno de ellos ya no aguantó, tronó y fue reasignado a otra labor.

Algo huele mal dentro de esa isla llamada Inforaj, pero ninguna autoridad superior del Poder Judicial del Estado parece tener interés en voltear a ver lo que ahí se está echando a perder.

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Hay quien dice, con toda la extensión de la frase a su favor, que salió de Guatemala para entrar a Guatepeor.

Así están ahora mismo parte de los empleados del Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Chihuahua, uno de los órganos jurisdiccionales que más inconformidades, recursos de queja y denuncias por malos tratos ha generado dentro del Poder Judicial Federal en el estado.

Según le contaron a Mirone, el cambio de jueza, producto de la elección judicial de 2025, no le mejoró la suerte a nadie o, si acaso, la cambió de mala a muy mala. Antes se quejaban de las sobrecargas de trabajo; ahora, además, hablan de alzadas de voz, malos tratos y advertencias de recibir el mazazo… pero en su carrera judicial.

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¡Qué cosas! Hace poco más de un año, trabajadores del mismo juzgado se quejaban amargamente del trato que recibían de la jueza Martha Cecilia Zúñiga, quien traía de un ala a buena parte del personal, pero especialmente a las trabajadoras que eran madres de familia, según publicó Norte Digital el 21 de mayo de 2025.

Para entonces, cinco trabajadores del Juzgado Segundo de Distrito estaban sujetos a procedimientos administrativos, acusados de cometer acoso laboral contra su superiora. ¡Habrase visto! La jefa acusando de acoso a sus propios subordinados.

Las personas inconformes denunciaban que les habían reducido el sueldo al llamado mínimo vital, equivalente al 33 por ciento de sus percepciones. Es decir, de cada peso que ganaban solo recibirían 33 centavos. Ya nomás faltaba que les pidieran el cambio.

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Llegó el día, la gente sacó sus acordeones, emitió su voto y la jueza Zúñiga no logró mantenerse en el cargo. Ni hablar, así es la democracia. Todos contentos porque, por fin, se había ido la persona que los traía mareados con sobrecargas de trabajo y encargos de última hora, incluso a la medianoche.

Lo que no sabían los inconformes era que les esperaba una todavía más brava: la jueza Adriana del Carmen Martínez Lara. ¿Salió igual que la anterior? No, cuentan, llegó corregida y aumentada. Al igual que su antecesora, trae a todo el mundo con la espada de Damocles sobre la cabeza si no responde a las cargas de trabajo en el momento en que ella lo exige.

El gozo se fue al pozo. Quienes pensaban que la mano dura se había suavizado tras la elección judicial de 2025 se equivocaron, y por mucho. No hay demasiado margen para la esperanza, porque el nuevo órgano disciplinario que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal, según quienes conocen el caso, ha resultado igual o más aletargado que su antecesor. A ver quién aguanta.

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Cuando estuvo en Juárez la dirigencia estatal del PRI para presumir que todavía hay muchos priistas de hueso colorado dispuestos a buscar las candidaturas rumbo a 2027, se dieron números, pero no se revelaron los nombres de esos llamados Defensores de Chihuahua.

Nada más en Juárez, la lista suma 40 tricolores que están puestos para lo que caiga: la alcaldía, las regidurías, la sindicatura o las diputaciones locales y federales. A nivel estatal, en los 67 municipios, la cifra alcanza los mil 204 aspirantes.

Mirone anduvo preguntando y conoció parte de los registros, con varios nombres conocidos y otros no tanto. Ahí está Nacho Duarte, exdiputado y exdirigente tricolor que, como ya se había comentado en este espacio, trae en la mira la candidatura a la Presidencia Municipal de Juárez.

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Destaca también Laura Domínguez, exdiputada, exdirigente del sector femenil priista, exfuncionaria municipal durante la administración independiente de Armando Cabada y actual funcionaria estatal en un Gobierno emanado del PAN, aunque con alianzas priistas.

También está al pie del cañón para lo que se pueda ofrecer el presidente del Comité Municipal del PRI, Alberto Reyes Rojas, quien ya fue regidor y candidato a legislador. En la misma lista aparece su hijo, Alan Reyes Navarro, exdirigente estatal de la Red de Jóvenes y candidato a diputado en 2018.

La secretaria general del Comité Municipal, Mirza Anhelo Panes Favela, tampoco se podía quedar fuera. No hay que olvidar que quienes no cuenten con el registro como defensores no podrán participar en las convocatorias cuando llegue el momento de definir las candidaturas constitucionales.

También se anotó el dirigente local del Movimiento Territorial, Alejandro Medina.

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El propio Medina, Mirza, Reyes Rojas y Aldonza González Amador, cuatro de las principales figuras tricolores en Juárez, acompañaron a Alejandro Domínguez en la sede local del PRI durante la presentación de los resultados de la estrategia de los Defensores de México, impulsada a nivel nacional por Alito Moreno.

González Amador es presidenta estatal del Onmpri, ya fue candidata a diputada local en 2024 y mantiene una buena mancuerna política con el dirigente estatal. En aquella elección, Mirza participó como candidata suplente.

En la lista también aparece el doctor Humberto Neave Valenzuela, quien años atrás fue candidato, aunque por el PRD, partido al que renunció en 2022. El cirujano, que durante muchos años dirigió el Hospital General Regional número 6 del IMSS, trae desde hace tiempo la camiseta tricolor bien puesta.

Otra figura que vuelve a apuntarse para lo que venga es Marlene Terrazas, quien fue candidata a diputada federal en 2024.

No obtuvo Mirone la lista completa y, en la parte a la que tuvo acceso, esos fueron los nombres más conocidos.

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En el Instituto Estatal Electoral (IEE) andan a mil por hora para procesar todas las reformas que aprobó el Congreso del Estado apenas la semana pasada, las cuales contemplan una auténtica cirugía mayor a los comicios locales, particularmente en la elección de los ayuntamientos.

Lo que los trae con el apuro es diseñar un sistema confiable para elegir a los representantes de los pueblos originarios que asumirán cargos de regidores en alguno de los cinco municipios donde el 40 por ciento o más de la población pertenece a una comunidad indígena.

A reserva de entrarle de lleno a sacar punta al lápiz, revisar modelos aplicados en otras entidades y abrir procesos de consulta con las comunidades de la Sierra Tarahumara, lo que se perfila es que esas regidurías indígenas quedarán fuera del alcance de los partidos políticos. ¡Eso sí que debe haber dolido!

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La reforma al artículo 17 del Código Municipal del Estado de Chihuahua les cambió por completo el decorado a los partidos políticos, porque no solo redujo el número de espacios por repartir en cada uno de los 67 ayuntamientos, sino que además reservó algunos de ellos para candidatos perdedores y, en los municipios con alta presencia indígena, para representantes de los pueblos originarios.

El artículo reformado establece que en esos municipios deberá asignarse una regiduría a un representante indígena.

Solo que hay un detalle nada menor: ese representante no surgirá de una postulación partidista, sino de un proceso de consulta directa con las comunidades indígenas, sin la mano pachona de los partidos.

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Según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, Chihuahua tiene cinco municipios en esa condición: Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Guachochi, Guadalupe y Calvo y Urique. Destaca el caso de Guachochi, donde más del 80 por ciento de la población pertenece a una comunidad indígena.

De pilón, la reforma ya había reducido el tamaño de los Ayuntamientos hasta dejarlos con apenas seis regidores de representación proporcional en los municipios de menor población. De esos seis espacios, uno será para la representación indígena y otro para el o los candidatos a la alcaldía que hayan perdido la elección.

Como quien dice, ahí se les acabará el tesoro para repartir.

Con estos procedimientos y candados, el IEE busca evitar simulaciones; es decir, impedir que los partidos ocupen los espacios destinados a las comunidades indígenas con personas que en realidad no pertenecen a ellas, y garantizar que esa representación responda a los intereses de los pueblos originarios, no a los de las dirigencias partidistas.