A un año después de que las autoridades descubrieran el crematorio Plenitud, una tercera parte de los cadáveres embalsamados encontrados amontonados en ese lugar permanece en el frigorífico de una funeraria local, sin que nadie se haya acercado a reclamarlos o, al menos, a intentar identificarlos.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron a Mirone que son 136 cuerpos los que continúan en ese cuarto frío y que, por ahora, no existe una fecha para liberar ese espacio, ya que nadie se ha presentado a reclamarlos.

Se trata de más de la tercera parte de los 386 cuerpos hallados en Plenitud hace exactamente un año, lo que confirma que el problema, originado por una cadena de complicidades, omisiones y negligencias, sigue sin tener una fecha de resolución.

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Mientras la FGE ya identificó y entregó 250 cuerpos, mantiene bajo resguardo los otros 136, conservados en el frigorífico para evitar que continúe su proceso de descomposición mientras aparece alguien que pueda identificarlos.

A lo largo de este año se avanzó en la obtención de perfiles genéticos, el registro de señas particulares, como la ropa, tatuajes o fracturas, y en toda aquella información que facilite la identificación de los restos por parte de sus familiares.

Todo va bien, excepto por un detalle: nadie se ha presentado a solicitar información sobre esos cuerpos o, peor aún, a aportar muestras que permitan realizar una confronta genética. Nadie aparece, nadie ha aparecido y, según le contaron a Mirone, en la Fiscalía ya existe el temor de que nadie lo haga nunca.

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Según le confiaron a Mirone, la funeraria que facilitó el frigorífico lo hizo de manera altruista, con el propósito de apoyar la investigación y evitar un gasto adicional para las familias afectadas, muchas de las cuales enfrentan una situación económica precaria.

El gesto se agradece y se reconoce, pero también deja en evidencia que fue un particular quien mostró mayor solidaridad y empatía con los deudos que las autoridades que permitieron que Plenitud operara durante dos años sin una sola inspección.

Hoy, la Fiscalía General del Estado puede adjudicarse el mérito por haber identificado y entregado 250 cadáveres. Recurrió a todos los recursos técnicos disponibles y logró reparar parcialmente el daño, al menos en un 65 por ciento. El otro 35 por ciento sigue sin horizonte y esa factura corresponde a la larga cadena de instituciones de los tres órdenes de Gobierno que no hicieron su trabajo, ni antes del hallazgo, ni después del escándalo.

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Se acabó la fiesta. Eso de reservar toda información que resulte incómoda para el gobernante podría comenzar a quedar en el pasado, luego de que un Tribunal Colegiado determinó que el periodismo tiene derecho a impugnar las leyes que restrinjan la libertad de expresión y el derecho a la información.

El fallo deriva de un recurso promovido por la organización civil Propuesta Cívica en contra de la disposición que impide a los servidores públicos proporcionar información clasificada como “de inteligencia”, aun cuando en muchos casos no reúna realmente esas características.

Si bien la resolución no implica un ‘ábrete Sésamo’ para toda la información relacionada con seguridad o inteligencia, sí establece el derecho de cualquier ciudadano a solicitarla y, sobre todo, a cuestionar si los datos reservados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) realmente encuadran en el concepto de información de inteligencia o si simplemente fueron ocultados para evitar el escrutinio público.

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Aunque se especuló que podría salir humo blanco en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez respecto a quién se quedará de manera definitiva al frente del organismo, todo indica que la gobernadora Maru Campos aún no toma la decisión.

Durante su gira por Juárez hubo pláticas con el director interino, Alberto Paredes, pero no trascendió que él, o algún otro perfil de la propia JMAS, haya recibido el aval para dejar de ser encargado de despacho tras la trágica muerte del director ejecutivo, Marco Licón Barraza.

El otro perfil interno que ha sonado y que reúne las condiciones para asumir la titularidad es el director Comercial, Mauricio Meléndez.

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Sin embargo, supo Mirone, el análisis y la evaluación continúan tanto en Palacio de Gobierno como en las estructuras de poder azul. La disyuntiva es si debe permanecer alguien del equipo que encabezó Licón, con conocimiento de la operación y la administración de la descentralizada, o si conviene dar un giro hacia un perfil con mayor peso político.

En ese escenario vuelven a sonar los nombres del recaudador de Rentas, Raúl García Ruiz, y del delegado de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), Óscar Lozoya.

Incluso, sigue sin descartarse la posibilidad de apostar por un perfil político, aunque tricolor, como el de la senadora suplente, exdiputada y empresaria Adriana Fuentes Téllez.

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Tampoco ha salido de la baraja otro operador panista de alto perfil, Carlos Ortiz, representante de la gobernadora en Juárez, quien podría ser enviado a cubrir el hueco sin desprenderse de la estrategia política que la estructura local ha construido con el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

Mientras se toma la decisión, Alberto Paredes sigue al pie del cañón, manteniendo la operación de la JMAS y colaborando con la estrategia del llamado Sistema PAN.

En principio se suponía que los operadores panistas con responsabilidades dentro del Gobierno quedarían descartados, debido a que ya tienen definidos sus propios proyectos rumbo al 2027 o tareas institucionales muy específicas. Sin embargo, según le contaron a Mirone, la última palabra todavía no está dicha.

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Ahora que anduvo por Juárez el presidente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, el tema que más cuestionamientos generó y sobre el que más se explayó fue el de la alianza con el PAN para 2027, ante la reticencia que mantiene la dirigencia nacional para concretar una coalición electoral.

Ni siquiera existen pláticas formales entre Alito Moreno y Jorge Romero. Tampoco se han sentado a la mesa el propio Domínguez con la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez.

Sin embargo, hay liderazgos tricolores, al igual que figuras panistas como el alcalde Marco Bonilla, que no quitan el dedo del renglón y aprovechan cada oportunidad para plantear los escenarios de lo que ocurrió en 2024 y de lo que podría pasar en 2027 si compiten juntos o por separado frente a Morena, el adversario común.

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Domínguez ya entregó a Alito Moreno un análisis distrito por distrito y municipio por municipio sobre los resultados de la alianza electoral de 2024 en Chihuahua.

Destaca, por ejemplo, que el Distrito 05 local, el único que ganó el PAN con Xóchitl Contreras, no habría sido posible sin los votos del PRI.

En la capital, el PAN tampoco habría retenido el Distrito 17, con Carlos Olson, ni el Distrito 11, con Ismael Pérez Pavía en Meoqui. En contraste, el PRI tampoco habría ganado el distrito de Parral sin el respaldo de los votos panistas.

En cuanto al propio Domínguez, aunque obtuvo la diputación federal por el Distrito 06 de Chihuahua, ese triunfo tampoco se habría conseguido sin la votación priista.

En los municipios ocurre algo similar. Habrá que ver cómo se resuelve el entuerto, porque Domínguez anda bastante exigente y sostiene que el PRI ya tiene algunos municipios “pipitilla” y que, si van en alianza, será para crecer; es decir, que el PAN les ceda posiciones con mayor peso político.

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El Alito chihuahuense sostiene que Chihuahua no es una isla y que, por ello, la alianza debe negociarse en el escenario nacional, ya que la firma del acuerdo corresponde únicamente a los presidentes nacionales de ambos partidos.

Según el dirigente tricolor, necesariamente tendrá que existir un equilibrio entre lo que cada partido ceda y lo que reciba. Sin que sea una propuesta formal, ejemplificó que, si en Nuevo León se acordara respaldar al partido más fuerte, en este caso el PRI, el PAN bien podría exigir para sí la candidatura de la capital, Monterrey.

Bajo esa misma lógica, hipotéticamente el dirigente nacional podría proponer que en Chihuahua la alianza respaldara al panista Marco Bonilla para la gubernatura, pero dejara para el PRI la candidatura a la alcaldía de Chihuahua, un escenario que para el PAN local resulta prácticamente impensable.

Domínguez plantea esos escenarios porque en 2027 habrá elecciones en 17 estados, por lo que será necesario valorar qué está dispuesto a ceder cada partido para alcanzar un acuerdo político.

Según el dirigente priista, en Chihuahua el problema lo tiene el PAN y no el PRI, ya que, afirma, serían los panistas quienes enfrentarían las mayores consecuencias si Morena llega al Gobierno del Estado.

En todo Chihuahua, el PRI representa el 11.7 por ciento de la votación. Esa es la carta que pone sobre la mesa para negociar con el PAN. Ahora, al interior del blanquiazul, está por venir la discusión más importante: qué precio están dispuestos a pagar por la alianza o si, de plano, no habrá oferta.

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La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) tomó desprevenidas a las autoridades académicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), que no esperaban que un producto de última generación sustituyera al viejo y conocido truco del ‘acordeón’ para contestar exámenes.

Por lo visto, seguían instaladas en los años noventa, porque los famosos lentes inteligentes que se utilizaron para obtener respuestas durante la aplicación de un examen se venden en cualquier tienda en línea y sus capacidades se promocionan, día y noche, en prácticamente todos los medios digitales.

¿Cómo es que no habían reglamentado su uso? Al parecer, nadie previó poner límites al alumno que ingresó al aula ataviado con un acordeón de última generación, capaz incluso de dictarle al oído las respuestas que necesitaba para contestar el examen.

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El caso ya levantó una polvareda entre las autoridades educativas de todos los niveles, pues dejó al descubierto que todavía no saben cómo ponerle un dique a esos dispositivos que, como ya quedó demostrado, les facilitan la vida a quienes deben acreditar el dominio de alguna asignatura.

Más allá del caso emblemático de los ‘lentes acordeón’, lo que realmente tiene apuradas a las autoridades es diseñar un protocolo para regular el uso de los recursos tecnológicos en las aulas de educación media superior y superior.

No la tienen fácil, porque, por un lado, buscan que la Inteligencia Artificial sea una herramienta útil para el aprendizaje y, por otro, impedir que termine afectando los procesos de enseñanza, evaluación y adquisición del conocimiento. Encontrar ese punto de equilibrio no será sencillo.

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Las autoridades trabajan contrarreloj, porque pretenden tener listo ese protocolo para cuando inicie el próximo ciclo escolar, a finales de agosto.

Les urge y todavía no encuentran —le contaron a Mirone— la fórmula para aplicar una normativa que impida utilizar la IA para fingir que se aprendió.

Por lo menos ya cuentan con un documento base para iniciar esa compleja tarea: “Usos y percepciones sobre la Inteligencia Artificial Generativa en la educación superior mexicana”. Así de extenso es el título, como la cantidad de datos que arrojó la encuesta aplicada en 2025.

Entre sus principales hallazgos destaca que la Inteligencia Artificial ya está plenamente instalada en las universidades mexicanas; que la mayoría de estudiantes y docentes considera que mejora su desempeño académico y que una parte importante de ambos sectores todavía mantiene reservas sobre su utilización.

Sin embargo, el estudio también revela una brecha considerable entre el uso cotidiano de la IA y el conocimiento real para emplearla de manera adecuada.

La tecnología llegó, igual que en su momento aparecieron los bolígrafos, los pizarrones de vinil o las pantallas interactivas. No se puede detener el avance tecnológico, pero sí procurar que esas herramientas no terminen por sustituir el proceso educativo.