Cuando parecía que había tregua mundialista y hasta se podría hablar de un repliegue estatal frente al Gobierno Federal y la 4T, en pleno domingo de relax, no abrió fuego, soltó Maru Campos toda la artillería contra la 4T y la Presidencia de la República.

Maru publicó un video en el que cuestionó al Gobierno de México por apostar al silencio, mientras que del otro lado de la frontera se habla de la posibilidad de acciones unilaterales en territorio mexicano contra el crimen organizado y de la desaparición del T-MEC por temas de seguridad.

En pocas palabras, aseguró que si se da la incursión estadounidense o se perdiera el tratado comercial, la responsabilidad sería únicamente del Gobierno de Morena y de la 4T.

Aseguró que la defensa de la soberanía no puede ser ciega ni muchos menos irracional y destacó que lo que se discute como una posibilidad (la intervención militar en territorio mexicano) no surgió de la nada, sino de “la decisión del régimen morenista de proteger a gobernantes y funcionarios que la justicia de Estados Unidos señala por vínculos con el crimen organizado”.

Muy duro el misil en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que de nuevo se colocará la chihuahuense en la mira nacional y hasta internacional, al mismo tiempo que detonará las reacciones de los seguidores de la 4T y de la propia presidenta.

No fue cualquier cosa: llamó a la presidenta a que reflexione y no sacrifique a un país entero por poner a un partido por encima de la ley y por proteger a los señalados por la justicia de Estados Unidos, de tener vínculos con el crimen organizado.

El tema estará de nuevo al centro del debate esta mañana cuando se lleve a cabo la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Lo mismo por el lado azul: el PAN retomará su campaña nacional con Campos como emblema de resistencia ante la marea guinda, para darle otra repasada a los alcances de la narcopolítica en tiempos de la 4T.

Precisamente, Maru reclamó que nada se sepa hoy de los casos del gobernador Rocha Moya y sus excolaboradores, a quienes Estados Unidos señala por vínculos con el narco.

La gobernadora culpó al Gobierno de Claudia Sheinbaum de la amenaza estadounidense, porque los acusados de vínculos con el narco “son cobijados, abrazados y cuidados” sin que se sepa nada de ellos.

Sin duda hablamos del discurso más fuerte de la mandataria chihuahuense hasta hoy, porque concluyó que el auténtico injerencismo “es dar el control político al narco”. Algo pasará en reacción o algo ya debe estar cocinándose o por ocurrir en estos momentos, ya que en política no existen casualidades.

Veremos que pasa luego de que la gobernadora llamó a cortar los vínculos entre la política y el crimen organizado y exigió al régimen morenista a no buscar culpables fuera del país ni fabricar adversarios internacionales.

No habrá tregua mundialista y los casos Sinaloa y Chihuahua seguirán al centro de la polémica binacional.

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Ahora sí que las resoluciones de los distintos tribunales y juzgados se están poniendo bajo la mirada pública, sobre todo cuando tienen su carga política o tienen que ver con figuras de elección popular o representación partidista.

El fin de semana dio mucho que hablar la sentencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) que inhabilitó por un año a cuatro exintegrantes del Ayuntamiento de Juárez por su responsabilidad administrativa en el manejo irregular de autorizaciones de Transferencias de Potencial Urbano.

El caso se va a hechos ocurridos entre 2018 y el 2021, en los dos periodos municipales de Armando Cabada e involucra a tres regidores que entonces llegaron por la vía independiente (Alfredo Seáñez Nájera, Carlos Ponce Torres, José Guadalupe Ávila Cuc) y a uno panista (Enrique Torres Valadez).

La sentencia emitida el 8 de junio y contenida en el expediente 014/2025-4-PRA, les atribuye haber aprobado Transferencias de Potencial Urbano (TPU) sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para ello, acreditándose -según la resolución- la falta administrativa grave de desvío de recursos públicos tipificada por el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los cuatro ediles conformaron en distintos momentos la Comisión de Desarrollo Urbano, que fue coordinada tanto por Seáñez, como por Ponce Torres.

La PTU ha generado mucha polémica, principalmente porque dio cabida a un manejo sumamente discrecional por parte de la Administración municipal en cuanto a las obligaciones de donación de predios para equipamiento urbano que deben de cumplir los desarrolladores.

Por eso hubo denuncia en su momento (desde abril de 2021) por parte de Plan Estratégico de Juárez en abril de 2021 ante la Contraloría Municipal, cuando expuso el uso irregular de este instrumento para diversos desarrollos habitacionales y todo avalados por los funcionarios.

Lo que supo Mirone es que los exregidores responderán legalmente y van por la apelación ante el mismo TEJA, buscando una rectificación desde el Pleno. Si se mantiene la sentencia en esa instancia recurrirán al amparo federal para llegar a los tribunales de Distrito, por lo que todavía le zumba para quedar firme.

Ya se perfila por dónde se irán para tumbar la sentencia: no se demuestra la existencia de un recurso público material, humano o financiero efectivamente asignado o desviado por las personas sancionadas, además de que hubo una reclasificación del delito (en principio se habló de abuso de funciones) sin que se notificara a los acusados debidamente.

Está interesante el debate jurídico porque ya se habla de otro argumento en contra de la resolución por la falta de acreditación del concepto de “recursos públicos”, al haberlo equiparado con lo que es la “Transferencia de Potencial Urbano”, el instrumento que permite hacer obras en otra zona con valor equiparable a los predios que debían donar los desarrolladores.

También se pondrá sobre la mesa el alcance de las decisiones de los regidores y de su trabajo en comisiones, ya que sus facultades no son ejecutivos, y únicamente dan opiniones o aprueban dictámenes que luego deben ser avalados por el Cabildo en Pleno.

A lo mejor y todos los funcionarios que firmaron los contratos sobre TPU entre Municipio y desarrolladores tendrían que ser lo que estuvieran siendo sancionados e inhabilitados.

Sin duda, el tema seguirá dando mucho más de qué hablar.

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Ya que andamos en los trascendentales temas de Desarrollo Urbano, continúa el problemón de las factibilidades de agua para que en Juárez se pueda pensar en el despegue del programa Viviendas para el Bienestar del Gobierno Federal.

Hasta ahora sigue sin dar color la Comisión Nacional del Agua respecto a la autorización para el desarrollo en “Oriente XXI”, el predio de 20 hectáreas que puso sobre la mesa y en donación el Gobierno del Estado por medio de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi).

Ese predio se ubica en la “no ciudad”, en las inmediaciones del nuevo campus de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde no únicamente falta agua, sino todos los servicios y el equipamiento urbano.

Por lo que se ve, ya el estado le está echando la barra a la Federación, porque el problema ahí es de inversión, recursos que ninguna instancia de Gobierno tiene en estos momentos para asegurar las factibilidades de agua.  Simplemente debe de haber otra fuente de suministro o ampliarse la que ya hay, pero nadie está planteando hacerse cargo de esa infraestructura.

Así que nada más ha caminado el programa en el predio de 5.4 hectáreas que compró el Gobierno Municipal para donarlo luego al Infonavit, instancia que deberá construir las primeras 800 viviendas.

Sin embargo, para la otra etapa que está frenada completamente, se contempla la construcción de 2 mil 200 viviendas, de las cuales mil 100 corresponderían al Infonavit y mil 100 a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Mientras que en Juárez el proyecto sigue atorado, otros municipios ya reportan importantes avances: Delicias con un 72 por ciento, Ascensión con un 52 por ciento y Jiménez con un 30 por ciento.

¿Cómo se va a resolver el entuerto? Se suponía que tendría que estar planteado ya un Plan Maestro para toda la zona sur en materia de suministro de agua, con todas sus obras prioritarias. No se ve que ninguna instancia quiera poner las cosas sobre la mesa, quizás porque saben que se requieren de al menos mil millones de pesos que no están en ninguna parte.

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Ya como alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar se dio vuelo todo el fin de semana en su recorrido por municipios del noroeste, sin dejar de pasar por el seccional de Puerto Palomas.

En Palomas se reunión con el presidente seccional, Gustavo Soto, quien a su vez jaló al encuentro al mayor de Columbus, Nuevo México, Phillip Skinner. Todos se tomaron la foto en el monumento a Pancho Villa, el único extranjero que ha invadido a Estados Unidos.

Le siguió Cruz en Ascensión, donde tuvo su encuentro en la Plaza de Armas con habitantes de la región y -sin quitarse el sombrero vaquero- continuó en Janos, con otra reunión con comisariados ejidales y comerciantes.

Un día después ya estaba en Nuevo Casas Grandes, donde fue acompañado por la diputada federal Mayté Vargas en distintas reuniones, que también extendió al vecino municipio de Casas Grandes, donde visitó la empacadora y Rastro TIF Jopaar.

La senadora con licencia, Andrea Chávez también siguió en lo suyo y tuvo agenda tanto en la capital del estado, como en esta frontera.

En la ciudad de Chihuahua anduvo entregando sillas de ruedas en la colonia Desarrollo Urbano y organizó una Feria de Servicios en la colonia Francisco Villa.

En Ciudad Juárez le siguió con las Asambleas Informativas en Defensa de la Soberanía, donde fue a dar hasta la colonia Insurgentes.

Para este lunes, ambas figuras que aspiran a la coordinación estatal de la defensa de la transformación deberán estar preparando su viaje, pero a la Ciudad de México, ya que el martes tienen que estar allá para su registro, de acuerdo con lo que marca la convocatoria morenista.