En Chihuahua, la reforma judicial ha servido para que uno de los adelantos tecnológicos más importantes de la historia de la humanidad se convierta en una forma de impartición de justicia.

El dato corre como fuga de agua en calle empinada, porque cada vez es más frecuente que los nuevos jueces —esos que surgieron del “voto popular”— recurran a alguna plataforma de Inteligencia Artificial para salir del apuro, taparle el ojo al macho o, de plano, sacar adelante sus veredictos.

Es tal su desconocimiento de la norma, tan limitado su dominio de la ley que deben aplicar y tan escasa su experiencia en los procesos de impartición de justicia, que de plano se lo preguntan a la IA y, a partir de ahí, elaboran el fallo. Algo así como “Su Señoría ChatGPT” o “Magistrado Gemini”.

De no creerse: mientras la Suprema Corte estableció con toda claridad que la Inteligencia Artificial solo puede utilizarse como una herramienta de apoyo, entre algunos jueces de la entidad se ha convertido en un recurso usado a diestra y siniestra para encontrar una salida rápida al expediente, porque su preparación académica y profesional no les dio para más.

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El uso indiscriminado de la IA es apenas una muestra de cómo muchos de los actuales operadores del nuevo sistema de justicia, surgido del “voto popular”, tienen poca o nula preparación para conducir un proceso judicial, ya sea penal, civil, familiar o laboral.

A varios de ellos se les ha visto batallar para dar sustento jurídico a sus resoluciones o, como Mirone ya lo había señalado, para disimular que buena parte de sus razonamientos provienen de una consulta a alguna plataforma de Inteligencia Artificial.

Y no digamos para fundamentar adecuadamente sus determinaciones. En ocasiones es tal el desconocimiento de la materia que simplemente optan por el “mazazo” para cerrar el asunto, aunque la resolución carezca de soporte jurídico. Aquí la técnica y el apego a la ley parecen contar menos que el hecho de tener el mazo en la mano para dar el “martillazo” final y declarar concluido el proceso.

Ni en las películas de Cantinflas habíamos visto semejante desaseo en los fallos de algunas de estas “señorías”.

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Nada de lo que ocurre actualmente en el Poder Judicial es casualidad. Más bien es causalidad: el desorden y el desconocimiento de quienes hoy tienen a su cargo juzgados y estructuras judiciales son consecuencia directa de aquella reforma judicial que impulsó la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

¿Y qué pasó? Nada que no hubiéramos visto antes. Así como hemos votado para elegir diputados que desconocen las leyes que aprueban, o gobernantes que llegan al cargo sin experiencia para administrar una colectividad, también terminamos votando por jueces que no saben juzgar.

Ya se cumplió un año desde aquella elección —o desde que muchos siguieron el acordeón de mayor circulación— y todavía hay quienes no terminan de acomodarse en la silla del juzgado.

Lo peor es que, como fueron “electos por el pueblo”, pareciera que nadie puede ponerles un alto, marcarles un error o exigirles resultados. Y así nos la vamos a llevar.

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Cuando el pasado miércoles el PAN se sacó de la manga la propuesta de reforma electoral para obligar a la paridad de género —mejor dicho, a la alternancia de género, porque hablamos de un cargo unipersonal o uninominal— para la candidatura a la gubernatura, no quedó claro cómo pensaba concretarla.

Luego de que se conoció el texto de la iniciativa, se supo que específicamente está proponiendo la obligación para los partidos de la alternancia con preferencia para la mujer y con base en lo que hayan propuesto en la pasada elección, es decir, la de 2021.

Así que, aunque el coordinador de la bancada azul y la presidenta estatal, Alfredo Chávez y Daniela Álvarez, respectivamente, hayan dicho que no lleva dedicatoria, desde luego que les interesa incidir en la oferta de Morena y que el pedradón trae grabado el nombre del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Si quedara establecida la obligatoriedad de la alternancia, como en 2021 la candidatura fue para Juan Carlos Loera, en 2027 tendría que ser para una mujer.

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Dudaba Mirone que por ahí fuera la pichada porque mucho se ha comentado entre panistas y morenistas que las encuestas traen mejor posicionada en las preferencias a la senadora Andrea Chávez, pero afirman que sí hay más temor en que la candidatura guinda recaiga en el alcalde juarense. A menos, claro, que se trate de un dulce envenenado para Andrea.

Si es cierta la premisa y no mera distracción o simulación, la razón que conoció este Don es que les temen más a las estructuras que a las simpatías en el electorado. De alguna manera, el caso Coahuila, por lo que hizo el PRI en territorio, les afianzó esa idea.

Lo que han visto los azules en todo el estado es que la operación política de Cruz Pérez Cuéllar y sus distintas alianzas han dado resultado y generado estructuras y compromisos para realizar el trabajo por tierra que se requiere para ganar una elección.

En el PAN le medirán un poco el agua a los camotes, aunque casi está por agotarse el plazo fatal para procesar y aprobar cualquier reforma de corte electoral; sin embargo, trascendió que sí traen toda la intencionalidad de aventarse el tiro contra el alcalde.

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No hablamos de reforma constitucional, sino de reforma a la Ley Electoral, por lo que no requerirían de mayoría calificada, aunque sí traen la idea de ir junto con todo el bloque de chiquipartidos para dar ese golpe a un ala del morenismo.

También estaría por verse cómo opera en esa ecuación el Partido Verde, ya que para nadie es desconocida la relación personal cercana y de alianza política que mantienen el alcalde Pérez Cuéllar y el presidente del Verde, que además es diputado estatal, Octavio Borunda.

Tendrán además que evaluar los azules si le van a entrar con la reforma solo para que luego se las tumben en tribunales, ya que se está comentando mucho que no puede fijarse el momento cero hacia atrás, es decir, a la elección anterior. Ese tipo de reformas deben establecer un momento fundante hacia el futuro, es decir, que la alternancia tendría que aplicarse a partir de lo que pase con las candidaturas propuestas por los partidos en 2027.

Se irán despejando las dudas cuando el próximo miércoles se abra el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso del Estado, para sacar varios de los pendientes legislativos, incluyendo el paquete de reformas en materia electoral.

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Mientras los programas de Bienestar siguen creciendo como enredadera en temporada de lluvias, pareciera que la cobija presupuestal ya no alcanza para tapar todos los pies que dependen del gasto federal.

Como decía el finado  Teto Murguía: son muchos los diablos y muy poca el agua bendita.

Y cada vez aparecen más señales de que el presupuesto federal anda estirado hasta el límite.

No se trata de grandes obras ni de megaproyectos. Tampoco de carreteras, hospitales o trenes. Se trata de algo mucho más básico: que las oficinas del propio Gobierno Federal funcionen en condiciones mínimamente dignas.

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Por increíble que parezca, en las instalaciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en Ciudad Juárez, ubicadas sobre Paseo de la Victoria y Teófilo Borunda, los empleados llevan cerca de dos meses trabajando sin aire acondicionado.

Leyó usted bien, estimado lector. Los mismos burócratas encargados de recaudar impuestos que alimentan las arcas nacionales están soportando las temperaturas fronterizas prácticamente a pulmón.

Los llamados Godínez del SAT siguen haciendo su trabajo, atendiendo contribuyentes, procesando trámites y sosteniendo la maquinaria recaudatoria federal, pero la paciencia comienza a agotarse.

Las quejas ya no se quedan en los pasillos, también las padecen los contribuyentes que acuden a realizar algún trámite y deben soportar largas esperas bajo condiciones que distan mucho de las que presume cualquier oficina gubernamental moderna.

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Lo más irritante, cuentan los enterados, es que la austeridad no parece repartirse de manera pareja.

Mientras las áreas operativas sufren las consecuencias de la falta de mantenimiento, en las oficinas de los altos mandos del SAT los sistemas de refrigeración funcionan sin mayor problema.

Como suele ocurrir en la burocracia mexicana, hay quienes viven el calor y quienes únicamente firman los oficios donde se reporta.

Por eso ya comenzaron a escucharse señales de auxilio.

Un discreto pero cada vez más evidente SOS dentro del SAT de Ciudad Juárez, una de las dependencias más importantes del Gobierno Federal en la frontera.

Si no alcanza para reparar los aires acondicionados del SAT, ¿qué tan holgada está realmente la situación financiera del Gobierno Federal?, se pregunta este curioso Mirone.

Porque una cosa es presumir récords de recaudación y otra muy distinta tener a quienes cobran los impuestos trabajando como si estuvieran dentro de un sauna.

Al final, los números podrán lucir muy bien en las conferencias oficiales. Pero el calor, ese sí, no se puede maquillar.

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Los partidos “morralla” de Chihuahua se han agrupado en uno solo, cual apéndice de la fuerza mayoritaria, no solo para votar juntos en todos los asuntos que convengan al partido gobernante, sino también para impulsar iniciativas de reforma electoral que modifiquen el espectro político y, en una de esas, hasta “encarezcan” su apoyo en plena contienda por conseguir la mayor cantidad de votos.

El jueves pasado, la microbancada de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para instaurar en Chihuahua la segunda vuelta electoral, en la que participarían únicamente las dos fuerzas políticas que obtuvieran la mayor cantidad de votos en una primera elección abierta a más partidos y candidatos.

Una propuesta —dicen— para aplicar en la entidad una fórmula similar a la que ya opera en algunos países de Sudamérica y Europa, pero que en México nunca ha logrado carta de naturalización, en gran medida por la oposición que, en su momento, ejercieron los partidos dominantes de otras épocas, léase PRI y PAN.

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Si aplicáramos la fórmula que promueve el partido “fosfo-fosfo”, los resultados de las elecciones recientes indicarían que PAN y Morena disputarían esa “gran final” por la gubernatura del estado.

Los registros de procesos anteriores muestran que ambos son los partidos más votados, pero ninguno alcanza, ni de lejos, el 50 por ciento de los sufragios emitidos en una jornada electoral.

Ni siquiera el PAN, que ganó con amplio margen la elección de gobernador de 2021, se acercó a ese porcentaje. Obtuvo por sí solo el 41.31 por ciento de los votos, según los registros oficiales, mientras que Morena, que ocupó el segundo lugar, quedó casi diez puntos atrás, con el 29.60 por ciento.

Si ambos fueran a una segunda vuelta, los más de 300 mil votos de los minipartidos, equivalentes a alrededor del 21 por ciento de la votación, se convertirían en un auténtico manjar para los dos finalistas. Y ahí estaría el verdadero negocio.

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Conociendo a nuestra clase política, ya podemos imaginar qué pediría el maltrecho PRI, que ahora anda tan crecidito por su reciente victoria en Coahuila. O Movimiento Ciudadano, que cuenta con unos diez puntitos nada despreciables para ofrecerlos al mejor postor.

¿Y qué decir de los aliados de la 4T, el PVEM y el PT? Hagan sus apuestas sobre de qué lado terminarían, porque ya hemos visto que, al menos en Chihuahua, suele imperar el “pago por evento”.

Bien tirada la piedra por parte de los anaranjados, aunque les falta considerar un factor nada menor: el escaso interés que despiertan las elecciones entre la población y su elevado, elevadísimo costo.

Para muestra, un dato: en las elecciones de 2021 votó apenas el 46.3 por ciento del padrón electoral. Ni siquiera en ese aspecto se alcanzó el tan citado 50 por ciento.

Entonces surge la pregunta: ¿cuánta gente acudiría a votar en una segunda vuelta electoral? O, peor aún, ¿qué tan harto terminaría un electorado sometido a una doble campaña electoral en un mismo año?

Está para pensarse.