La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se presentará este miércoles ante la Fiscalía General de la República (FGR) a declarar como testigo dentro de la integración de un expediente que podría terminar en causa penal contra quienes permitieron la participación de agentes extranjeros en un tema de seguridad nacional.
Si lo que advierte el Gobierno federal es verdad: que la mandataria chihuahuense no acude en calidad de indiciada, aún así, sentará un precedente por ser la primera jefa del Poder Ejecutivo estatal que acude ante una autoridad a rendir declaración, pese a tener fuero constitucional.
El tema de si la gobernadora debe pararse ante el Ministerio Público Federal y responder preguntas ya levantó ámpula y caldeó los ánimos en ambos lados de la arena política nacional: de un lado, el oficialismo morenista que la quiere ver procesada por los delitos de “traición a la patria” y violación a la Ley de Seguridad Nacional.
Del otro, el bloque opositor que se aglutinó en torno a la gobernadora chihuahuense, que aprovecha la ocasión para pedir que se le aplique el mismo rigor a otros actores políticos del morenismo que tienen señalamientos como supuestos “efectivos” de la delincuencia organizada.
Este miércoles, la política estatal, y la nacional, llega a ese punto inédito, con un ambiente social y político caldeado, y con discursivas que no dan muestras de llegar a un punto de acuerdo.
…y todo esto empezó con un accidente vehicular.
Aseguramiento del narcolaboratorio: del gozo al pozo…o al barranco
El sábado 18 de abril, la Fiscalía General del Estado informa sobre el hallazgo de dos laboratorios clandestinos destinados a la fabricación de drogas sintéticas, ambos en lo profundo de la Sierra Tarahumara. El más grande, de 800 metros cuadrados aproximadamente, se encontraba en el municipio de Morelos, colindante con Sonora, mientras que el segundo estaba en los límites de Morelos y Guachochi.
La noticia, que causó revuelo nacional, comenzó a retorcerse el mismo domingo 19 de abril: En conferencia de prensa, el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, informa sobre el resultado del operativo y da a conocer el accidente en el que murieron el director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, y el elemento Manuel Genaro Méndez Montes, así como dos masculinos estadounidenses.
Por primera vez, se informa de la presencia de agentes extranjeros. El fiscal explica que eran “instructores” de la embajada de los Estados Unidos. La embajada de ese país, por su parte, externa sus condolencias por la muerte de los sus dos operadores, pero no revela ni el nombre ni la agencia para la que trabajaban.
El terreno político y el de las relaciones internacionales quedó minado, y comenzó a estallar el lunes 20 de abril, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum revela en la Mañanera de ese día que el Gobierno federal no estaba enterado de la presencia de agentes extranjeros participando en operativos de seguridad, y advierte que se pudo haber violado la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución Política del país.
Luego, la cadena de enredos, desmentidos y versiones inverosímiles.
El martes 21 de abril, César fiscal Jáuregui cambia de versión: los efectivos de la AEI se “encontraron” a los agentes extranjeros en el camino de regreso de Morelos a Chihuahua, por lo que les dieron un “ride”.
La versión, hasta ese momento, es que esos extranjeros, de nacionalidad estadounidense, habían ido a capacitar sobre el manejo de drones, aunque nunca se detalló sobre quiénes recibieron esa instrucción.
Ese mismo día, el entonces fiscal sostuvo que los agentes extranjeros no participaron en el operativo, que estaban a ocho horas de camino del narcolaboratorio, y que desconocía su identidad. Informa además que preparaba ya un reporte para enviarlo a la Presidencia de la República, Secretaría de Seguridad Pública Federal y dependencias federales involucradas.
Sin embargo, la versión oficial difundida por Jáuregui comenzó a derretirse con las versiones difundidas por diversos medios de comunicación nacional en ese mismo martes 21 de abril: los agentes fallecidos trabajaban para la CIA, y que no eran dos, sino cuatro los que iban en el convoy. Hasta la fecha, nadie ha negado esa versión.
Un día después, el jueves 23 de abril, la crisis se agravó ante la falta de comunicación entre la gobernadora y la presidenta de la República.
En la Mañanera de aquel día, Claudia Sheinbaum informa que buscó a la gobernadora Campos Galván, pero que no la encontró: “La busqué ayer. No estaba en la oficina, contestó el secretario particular. Hoy va a ver al secretario de Seguridad y, bueno, espero que nos podamos contactar”, dijo.
Hasta la fecha, ese gesto quedó marcado como el derrotero de una relación destruida.
Ese mismo día, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, se reunió con María Eugenia Campos Galván. Informa que esta le aseguró que no sabía de la presencia operativa de agentes estadounidense. La sesión no duró más de 50 minutos y no generó un comunicado conjunto. Ninguna de las partes reveló de manera oficial los asuntos tratados.
Versiones que empiezan a cambiar…
Las versiones oficiales comenzaron a cambiar a partir del lunes 27 de abril, cuando Wendy Chávez, fiscal especial designada para investigar el caso, informa que los extranjeros sí iban integrados al convoy, pero no estaban registrados oficialmente. Responsabiliza a Pedro Oseguera, con quien—según su versión—tendrían relación los agentes extranjeros y existían indicios de colaboración “extraoficial”.
Tras la revelación de Chávez, el fiscal César Jáuregui Moreno presentó su renuncia al cargo, aduciendo que quería facilitar el proceso de investigación de los hechos ocurridos en El Pinal.
A principios de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) apareció en escena con un anuncio de que ya había iniciado una línea de investigación para determinar si en Chihuahua se incurrió en posibles violaciones a la seguridad nacional, a partir de la presencia de ciudadanos extranjeros durante un operativo relacionado con laboratorios clandestinos de drogas.
El fiscal especial en Asuntos Relevantes, Ulises Lara, informa que citarán a declarar a 50 personas que participaron en el operativo en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos.
En los días previos, la misma FGR había informado que los agentes estadounidenses no tenían visa de trabajo e, incluso, uno de ellos solo tenía permiso de entrada de turista.
El martes 12 de mayo, Wendy Chávez presenta un segundo informe que confirma la presencia de cuatro agentes estadounidenses, pero también plantea que hubo toda una secuencia de hechos que contradicen la versión oficial de la FGE.
Mientras que Jáuregui había dicho que los agentes estadounidenses se “encontraron” con el convoy de la FGE, Wendy Chávez develó que desde el jueves 16 de abril ya estaban en contacto.
No está identificadas, vestían de civil, sin insignias distintivas de la corporación. Informa que uno de ellos fue captado portando un arma dentro de las instalaciones de la FGR.
Crece el escándalo y sale de las áreas de investigación: se hace político
El sábado 16 de mayo, Morena, con su dirigencia nacional a la cabeza, realiza una marcha en la ciudad de Chihuahua para pedir el desafuero de Campos Galván, de modo que responda ante la autoridad por delitos que incluyen la “traición a la patria” e inicia una campaña de recolección de firmas para respaldar su petición.
Tras la marcha morenista, la gobernadora de Chihuahua emprende una gira en medios de comunicación nacionales que adversos al Gobierno de la presidenta Sheinbaum. Su exposición se centra en que no sabía de la presencia de agentes extranjeros, pero revela que sí detienen a personas en territorio chihuahuense a petición del Gobierno de Texas.
De la arena política se regresó el tema a lo jurídico el sábado 23 de mayo: La FGR entrega un citatorio a Campos Galván para que “comparezca” en calidad de testigo ante el Ministerio Público Federal. Se revela que el exfiscal César Jáuregui también está citado.
Ante la oleada de reclamos de parte de personalidades del PAN, la presidenta Claudia Sheinbaum subraya que no hay acción penal contra la gobernadora de Chihuahua y que su presencia será en calidad de testigo.
Sin embargo, ese mismo día, la dirigencia nacional del PAN califica de “persecución política” a los actos jurídicos de la FGR contra Maru Campos y anuncian medidas para apoyarla.
El incidente que inició con un la caída de un vehículo oficial de la FGE a un barranco continuará este miércoles 27 de mayo con un hecho histórico: la cita de Maru Campos ante la FGR, en la oficina delegacional en Ciudad Juárez.
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