La entrevista con Ciro Gómez Leyva exhibió el tamaño real de la presión que hoy enfrenta el gobierno de Chihuahua y confirmó que la crisis del caso CIA ya rebasó el terreno judicial para convertirse en una disputa de poder abierta entre Palacio Nacional y Maru Campos.

Justo ayer la gobernadora salió a hablar después de semanas refugiada en videos y comunicados. Pero no habló como una mandataria tratando de apagar un incendio institucional, lo hizo como una política atrincherada.

Entre toda su extensa exposición ante un entrevistador particularmente cómodo para ella, Maru dejó ver que esta crisis ya no es solamente mediática ni jurídica, sino existencial para su proyecto político y para el futuro del PAN en Chihuahua.

No sonó como una gobernadora administrando daños, sino como alguien que siente que la batalla ya empezó.

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La fraseología de la mandataria deja escaso margen para interpretaciones suaves. No se asumió dentro de un escenario de colaboración institucional que pudiera resolverse con reuniones, acuerdos y control de daños. Se colocó, más bien, en una lógica de resistencia.

“Estamos resistiendo”; “Nadie nos va a parar”; “Aunque nos quieran colgar del Zócalo”; “Nací para esto y moriré para esto”.

Y quizá el dato más revelador de esa entrevista no fue lo que dijo contra Morena, sino lo que dejó entrever sobre el PAN.

Detrás del discurso de firmeza también apareció una gobernadora que no se siente completamente arropada por su partido. Ella misma reconoció que el respaldo de la dirigencia nacional no ha sido precisamente visible.

Traducido al lenguaje político: Maru siente más cerca el fuego federal que el cobijo panista.

Para seguir con las casualidades incómodas: casi al mismo tiempo en que ella endurecía su discurso nacional, la gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, aparecía en una llamada pública, tersa y cordial, con la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Maru salió finalmente a la palestra nacional, rompió el silencio que había mantenido desde el escándalo de los agentes estadounidenses y mandó un mensaje directo hacia dentro y hacia afuera de Chihuahua.

Y en ese mensaje aparecieron con más impetú los nombres de los adversarios rumbo al 2027: Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez.

Cuando los acusa de estar “llenos de veneno”, la gobernadora deja claro que, para ella, la crisis ya dejó de ser exclusivamente institucional y comenzó también la disputa sucesoria.

Mirone advierte que el fondo del conflicto no es solamente si hubo o no agentes de la CIA en territorio chihuahuense, sino quién cargará políticamente con el costo del escándalo, y es justo ahí, en donde aparece la parte más delicada de toda la entrevista.

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La góber insiste en que no sabía de los agentes, no los autorizó, no los gestionó y nunca fue informada.

La pregunta entonces cambia completamente de dimensión: ¿quién estaba operando?

Porque si la gobernadora sí sabía, el problema es político y posiblemente legal. Pero si realmente no sabía, entonces el escenario es todavía más grave: significaría que en Chihuahua operó una estructura de seguridad autónoma o paralela, fuera del conocimiento de la titular del Ejecutivo.

Y esa paradoja coloca inevitablemente bajo presión a la Fiscalía estatal y al exfiscal César Jáuregui.

La salida del exfiscal comienza a leerse ya no solo como un relevo administrativo, sino como una pieza de contención política dentro de una crisis que apenas empieza a mostrar su verdadero tamaño.

Porque mientras más insiste Maru en que ella desconocía todo, más reducido se vuelve el círculo de quienes sí pudieron saberlo.

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En la entrevista la relación con Palacio Nacional tampoco salió bien librada. El episodio del “teléfono rojo”, la llamada no contestada de Sheinbaum y la posterior comunicación únicamente a través de Omar García Harfuch retratan una relación que ya dejó atrás la coordinación política y entró en terreno de desconfianza institucional.

Quizá ahí está el verdadero mensaje de fondo de toda la entrevista: Maru ya no se está defendiendo solamente de una investigación, se defiende de una narrativa. La de una gobernadora a la que Morena busca colocar bajo sospecha pública rumbo al cierre del sexenio y a la sucesión estatal.

Por eso el tono de guerra y por eso el discurso de resistencia.

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Ya algunas encuestas nacionales dieron color de la forma en que la marca Morena ha caído en las preferencias electorales, a partir de que el gobierno de Donald Trump hizo tronar el caso Sinaloa y se puso sobre la mesa la discusión de la narcopolítica mexicana en tiempos de la 4T.

Así que desde el PAN no han dado tregua con la narco-narrativa para minar a los guindas, ni parece que vayan a soltar la presa de aquí hasta las elecciones del 2027. Vieron poquita sangre y, por lo que se ha mostrado, hay quienes ya se engolosinaron con ello.

Lo comenta Mirone porque siguió la conferencia de prensa del presidente del Comité Municipal del PAN, Ulises Pacheco, quien actualizó información sobre una denuncia en contra de la delegada de Bienestar, Mayra Chávez, y anunció otra más en contra del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, por el tema del financiamiento de lo que señaló como una campaña adelantada.

Y claro que se volvió a poner sobre la mesa la polémica por los bloqueos carreteros y otras acciones contra la marcha morenista del sábado en la capital del estado.

Unas 550 mil 899 veces repitió el dirigente del PAN los calificativos de “narcomarcha”, “narcopartido” y “narcosistema”.

Quién sabe cuánto se vaya a desgastar la estrategia a un año de la elección, pero sí sonó cansón el discurso del presidente panista durante una hora de intercambio con los periodistas.

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Y no quedó ahí la machacona retórica partidista.

En su afán de vincular la “narcopolítica” con Morena, hasta quienes asistieron a la marcha resultaron “narco-acarreados”.

Agarró parejo el dirigente azul, contando a quienes fueron por sus propios medios o a quienes se subieron a los camiones que llegaron de varios municipios del estado, financiados, desde luego, por figuras o dirigentes guindas.

Se tomó muy a pecho el presidente local la instrucción de la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, quien antes vinculó en la narrativa todo lo que oliera a corrupción con Morena y sus referentes partidistas, y ahora siguió la línea nacional para asociar a los guindas con el narcotráfico y el crimen organizado.

Pero, ¿quiere más?

Pues no se midió Ulises y, en la exposición del “narcosistema” que —intuye el dirigente— protegerá a todas las figuras guindas ahora denunciadas o señaladas, también arrasó con los jueces recién electos gracias a las “guías de votación”, al aventarse la generalización de llamar “narco-jueces” a todo aquel que, para ganar su posición, apareció en los acordeones que en su momento promovieron las estructuras morenistas o vinculadas a operadores de Bienestar.

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En la conferencia tuvo que rectificar o matizar en cuanto a las generalizaciones para los asistentes a la marcha y para las personas juzgadoras.

Ya nomás le faltó llamar “narcoperiodistas” a quienes le cuestionaron por hacer ese tipo de generalizaciones.

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Álvaro Bustillos anda enojado, y bastante. ¿Por qué? Porque el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) quería que el decreto para crear un fondo de recursos públicos para construir su “Arena de Rodeo” saliera por unanimidad; es decir, con la bendición de todas las bancadas del Congreso del Estado.

A Mirone le vinieron a contar —ya ven cómo es de comunicativa la gente— que el líder empresarial consentido de Palacio anduvo cabildeando para que todos los grupos le dieran el voto a favor del fideicomiso con el que se va a fondear el dichoso escenario para competencias de jineteo y exhibición de caballos.

El monto total del proyecto sigue en calidad de misterio o, por lo menos, no está plasmado en ningún documento oficial, pese a que ya tiene asignados recursos públicos. Sin embargo, este metiche Mirone ya se enteró de que rondará los 600 millones de pesos, de los cuales 400 correrán por cuenta de la UGRCH y otros 200 del Gobierno estatal.

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El líder ganadero y aspirante a candidato —si se puede, aunque sea a gobernador, dicen— anduvo buscando a todo el mundo y, como era de esperarse, algunos le dijeron que sí antes de escuchar explicaciones: “A los ganaderos, lo que pidan; faltaba más”.

Todo iba bien hasta que se acercó a los de Morena para pedirles que levantaran su manita y le dieran la ansiada unanimidad a su proyecto. Sí, cómo no.

Los resultados ya están a la vista: el proyecto se aprobó, sí, pero con 13 votos en contra y una pesada cauda de cuestionamientos hacia una obra que, hasta este día, sigue sin conocerse con claridad.

Le cuentan a Mirone que lo que más enojó al líder ganadero es que él ya había “hablado” con la gente de Morena, por lo que prácticamente daba por hecho que votarían a favor.

Así, nada más: ya te lo dije, así que obedece, levanta la mano. Pero, ¡oh, sorpresa! Que votan en contra. Por eso el líder ganadero anda echando rayos y centellas contra los de la 4T. Se enchinchó, pues.

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Lo que ha quedado flotando en el ambiente es que el dichoso fideicomiso se parece mucho a otros proyectos que aprobó o avaló el Congreso del Estado sin que existiera claridad sobre el beneficio colectivo que podrían tener.

La obra se construirá en terrenos de la UGRCH y será ésta la que la administre y decida qué espectáculo se presenta y cuál no.

Tampoco está claro de qué partida presupuestal saldrá el dinero público. Ahí no para todo.

No existe garantía alguna de que el costo vaya a quedarse en los 600 millones de pesos, ni una protección para evitar que sea el Gobierno estatal quien termine cargando con posibles sobreprecios de la obra.

Así que, para como van las cosas, podría terminar siendo otra “carrera de barriles”, pero sin fondo; y un auténtico espectáculo de “jineteo”… aunque de recursos públicos para beneficio de unos cuantos.

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A propósito de las estrategias de posicionamiento de azules y guindas rumbo al 2027, llamó la atención de Mirone quién se puso a promover el proyecto de la delegada de Bienestar, Mayra Chávez.

Nadie desconoce a estas alturas que Mayra se mueve con todo para posicionarse como la figura morenista para la alcaldía juarense, por lo que cualquier jugada en territorio, en aire o en redes se liga hoy, forzosamente, con el proyecto del 2027.

Pues entre panistas empezó a circular el video de una entrevista realizada por Marilyn Granados a la delegada Chávez, para que presumiera sus atributos personales, aparte de los programas de Bienestar y la dispersión de apoyos federales.

Marilyn trae una extraña cachucha triple —podría ser cuádruple— porque está en la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), opera como “directora de Intervención Social” del famoso Grupo Alfa al interior del PAN y trabaja como generadora de contenidos para un portal de noticias cuyos dueños también han prestado servicios para la SSPE y su titular, Gilberto Loya.

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De ahí que más de dos hayan arqueado las cejas cuando vieron el video e identificaron una cuarta cachucha de Marilyn como promotora de Mayra.

Ni modo que no sepa cómo corre el agua en estos tiempos de mucha grilla y celo político.

Quién sabe quién traiga por ahí alguna otra apuesta, doble o triple, pero el caso es que el tema generó comentarios al interior del PAN.

Como responsable de programas de capacitación, Marilyn opera cerca del secretario Loya, pero sobre todo ha trabajado políticamente guiada por la pareja que encabeza al Grupo Alfa: Itzel Castillo y Gerardo Rivas.

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Ambos están en la nómina de la misma Secretaría; ella como coordinadora estatal de Licencias y él como director de Vinculación y Proximidad.

Los Alfas andan con todo en la promoción del proyecto azul del Capitán Centinela, por eso desconcertó la maniobra de Marilyn, quien —se sabe— no se manda sola.