El Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena, ha iniciado una campaña que prácticamente tiene ganada, porque no necesita ni juntar firmas ni llenar plazas para llegar al punto que le ocupa: iniciar un juicio de procedencia para desaforar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

En el manifiesto leído el sábado pasado por la dirigencia nacional de Morena, Ariadna Montiel enumeró una serie de presuntos actos delictivos por los que la mandataria chihuahuense debería ir a sentarse frente a un juez y, en una de esas, recibir una sentencia condenatoria.

Nada más hay que ver el listado de supuestos delitos que le imputan para saber que no tienen pierde: violación a la soberanía y al pacto federal; usurpación y ataque a la República; infracción grave a la Ley de Seguridad Nacional; violación al principio de supremacía nacional, y omisión grave al utilizar a la Fiscalía del Estado para destruir pruebas del supuesto operativo.

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Todas esas probables infracciones son las mismas que le ha atribuido la presidenta Claudia Sheinbaum desde el lunes 20 de abril pasado, apenas después del accidente en el que murieron dos agentes de la CIA, junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y otro oficial de esa corporación.

De ahí en fuera, la tienen pavimentada: por tratarse de presuntas conductas delictivas del orden federal, la integración de las carpetas correría a cargo de la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, cercanísima a la presidenta Sheinbaum.

Otra más: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, otro “claudista” a siete suelas, tiene bajo resguardo el narcolaboratorio encontrado en el municipio de Morelos, por lo que el acopio de evidencias para fortalecer una carpeta por violación a la cadena de custodia podría ser un auténtico “PAN comido”.

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Si se trata de armar una causa penal contra un enemigo político, el Estado mexicano se la sabe de memoria y lo ha puesto en práctica con independencia del partido que esté en el poder. Sin llorar: los panistas también lo han hecho.

¿A qué viene, entonces, toda esta farándula de salir a pedir firmas de apoyo para exigir el enjuiciamiento de la gobernadora? Para empezar, ni valor probatorio tiene. El juez de la causa podría usar esas hojas como papel reciclable y no habría problema.

A reserva de la defensa jurídica que, con todo derecho, haría la gobernadora, lo que no sabemos es si existe un respaldo popular hacia una medida tan extrema como retirarle el fuero a un jefe político estatal para llevárselo a México y ponerlo a declarar ante un juez.

Vistas así las cosas, lo único que busca Morena con ese levantamiento de firmas es medirle el agua a los camotes, como decimos en el barrio, y ver si realmente cuenta con el apoyo ciudadano para aventarse ese triple salto mortal.

Los morenistas deben conducirse con mucho cuidado, al igual que el gobierno federal que los acompaña. No vaya a ser que, en su intento por defenestrar a una figura política, acaben por encumbrarla.

Si alguien sabe de esto son los ahora morenistas, antes perredistas. ¿Ya se les olvidó el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador?

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Empate a uno. Así podría definirse la contienda entre actores del morenismo que buscan obtener alguna candidatura de esas que se pelean a capa y espada, así sea a punta de brincar de un partido al otro.

La visita de la plana mayor morenista, con Ariadna Montiel al frente y Andrés Manuel “Andy” López Beltrán en el flanco, aglutinó a casi todas las figuras de la 4T en Chihuahua y, de paso, marcó una línea de salida para lo que serán los procesos de elección interna de candidaturas.

Y no es que esa fuera la intención de A&A —Ariadna y Andy— al venir a Chihuahua, pero, quisieran o no, su paso por la capital y la puesta en escena en un presídium colocado frente al Palacio de Gobierno puso a la “Gira Morena” en condiciones de convertirse en punto de arranque.

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Empecemos por el principio, como debe ser: la presentación estelar de las dos figuras del morenismo que buscan la candidatura al Gobierno del Estado en 2027, en riguroso orden alfabético de apellido: Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar.

Los dos se plantaron en el templete, bien arriba, donde toda la concurrencia pudiera verlos. Ambos, cercanos a la líder Ariadna y al “hijo de su apá”, Andresito López Beltrán. Cercanos, como para salir en las fotos mientras la mera presidenta de Morena leía su manifiesto en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Hasta ahí, cero a cero el marcador. Pero luego vino el “tablado”, como dicen en el teatro, el lugar donde los actores se mueven y despliegan sus habilidades para ganarse la aceptación del respetable.

Andrea, sonriente, saludadora, aventando besos, sobándose el vientre, próxima como está a dar a luz.

Cruz, en cambio, serio, sin mayores aspavientos, con sobriedad, pero sin caer en lo malacariento. A la hora en que se requirió, le entró al grito de “Fuera Maru” sin disimulo, con todo y que ha tratado de llevar una relación cordial con la gobernadora.

En algún momento surgieron gritos de “gobernador, gobernador” o “gobernadora, gobernadora”, en favor del uno o de la otra, pero los mismos operadores morenistas que andaban dispersos en la Plaza Hidalgo se encargaron de sofocarlos.

Hasta ahí, uno a uno.

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Luego aparecieron los actores de soporte, esos que andan tras una presidencia municipal o que, ya de perdis, se conforman con una diputación. Ahí sí que la llevaron de gane la diputada por Chihuahua, Brenda Ríos, y el diputado juarense, Cuauhtémoc Estrada. Cerca ambos, muy cerca de las “deidades” de la 4T.

Así quedó el toque de arranque de las pre-precampañas morenistas. Falta ver el inicio de la recolección de firmas para pedir el desafuero de Maru. Ahí cada cual mostrará su músculo para presentarse como la mejor opción para enfrentar al oficialismo prianista en el estado y en los municipios.

Qué cosas: lo que iba a ser una demanda de juicio político para retirar a una gobernadora puede terminar convertido en un proceso interno para elegir candidatura al Gobierno del Estado. Nadie sabe para quién trabaja.

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El penoso, muy penoso, accidente ocurrido el pasado fin de semana en la Sierra Juárez, donde una persona perdió la vida al volcarse el vehículo todo terreno en el que viajaba, ha puesto sobre la mesa la urgente necesidad de que las autoridades de todos los niveles —habidas y por haber— se pongan las pilas y activen protocolos de protección ambiental en esa zona, considerada como una de las reservas ecológicas más importantes de la frontera y del norte del país.

Tras el percance, el Colectivo Sierra de Juárez, una organización de la sociedad civil que no ha quitado el dedo del renglón para exigir una mayor regulación ambiental en la zona, emitió una condolencia a la familia de la persona fallecida, pero también lanzó un señalamiento directo a la autoridad por la falta de ordenamiento, regulación y vigilancia sobre el uso de vehículos todo terreno.

Con la circulación de unidades como los RZR, ATV, motocicletas y vehículos 4×4 modificados a diestra y siniestra, se ha sembrado la imagen de que aquello es un lugar sin ley, donde cualquiera puede ir a realizar cualquier actividad, al cabo que es una parte despoblada y no afecta a nadie.

Nada de eso: sí que afecta. A todos. Y a toda la frontera juarense.

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Se le llama Sierra Juárez al sistema montañoso que rodea y atraviesa parte del poniente de Ciudad Juárez, aunque en realidad forma parte de las últimas estribaciones de la Sierra Madre Occidental antes de descender al desierto fronterizo.

La referencia a esa cadena montañosa aparece con frecuencia en conversaciones urbanas, en el senderismo, en la fotografía de paisaje y en los temas ambientales, donde desde hace tiempo se insiste en que se ponga freno a la actividad turística, extractiva y de construcción que actualmente se desarrolla sin regulación alguna.

Aunque a simple vista pareciera una región de cerros áridos y “pelones”, de formaciones rocosas y cañones secos, la Sierra Juárez es un espacio donde predomina vegetación propia del desierto, fauna aclimatada a condiciones extremas y aves rapaces cuya existencia depende de la permanencia de un equilibrio ecológico muy frágil.

Además, carga con un peso histórico importante, pues fue parte de la ruta del Camino Real de Tierra Adentro, que comunicó al norte con el centro del país a lo largo de tres siglos.

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El llamado que hace el Colectivo Sierra Juárez bien puede aplicarse a otras zonas del estado que se han convertido en tierra sin ley, donde los paseantes llegan con sus vehículos, los corren a toda velocidad y se van sin hacerse cargo del daño ecológico que dejan tras de sí.

Ahí están los médanos de Samalayuca, frecuentados por corredores de vehículos todo terreno o por “coleccionistas” de flora desértica, o las cadenas montañosas de la capital del estado, constantemente amenazadas por la expansión urbana.

El llamado suena más a voz de alarma que a petición formal, porque obliga a pensar que, si así están las cosas en las reservas ecológicas cercanas a los centros urbanos, ¿cómo estarán de abandonadas las que se encuentran enclavadas en zonas despobladas?

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El salvador resultó salvado. La Auditoría Superior del Estado (ASE) le hizo la tarea a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) para torcerle la mano a la empresa Seguritech y obligarla a devolver dinero por servicios y productos mal realizados en la construcción e instalación de la famosa Plataforma Centinela.

Aquí tal parece que el salvador quedó “salvado”, porque, de no ser por la ASE, el programa estrella de la actual administración habría quedado exhibido como un barril sin fondo que absorbe recursos públicos sin dar los resultados prometidos desde el inicio de su instalación.

Porque, después de conocerse los resultados de las revisiones a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y los apretones de tuerca que le puso la ASE a la tal Seguritech, quedó flotando en el ambiente la impresión de que, si no fuera por la ASE, en una de esas la SSPE ni siquiera habría aplicado penalizaciones a esa empresa.

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Habría que empezar por señalarle a la SSPE que las omisiones y retrasos detectados por el órgano auditor datan de 2024, es decir, de hace casi dos años, y ya era hora de que alguien le pusiera un alto a la pachorruda contratista que nomás no tenía para cuándo.

Es decir: primero ocurrieron las omisiones de la empresa contratada; luego vino el señalamiento, pero no del contratante —que en este caso era la SSPE—, sino de la ASE; y solo después llegó la suspensión de pagos.

Hasta entonces aparecieron las sanciones y la recuperación de 112 millones de pesos por servicios mal prestados o entregados fuera de tiempo.

La pregunta que queda sobre el escritorio del titular de la SSPE es inevitable: ¿dónde andaba el órgano de control interno, que no detectó a tiempo esos retrasos ni suspendió pagos a la empresa que estaba quedando mal?

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Nada más hay que tomar nota del informe publicado por la ASE para medirle el tamaño al boquete que estaba dejando Seguritech con sus retrasos y omisiones: la Torre Centinela, ese edificio de 19 pisos —no, mejor dicho, 20, porque uno sería para agencias gringas— iba a paso de oruga; faltaban arcos carreteros por instalar y los centros de mando seguían incompletos.

Durante meses, el discurso oficial giró en torno a los supuestos logros de la Plataforma Centinela y al gran avance tecnológico puesto al servicio de la seguridad pública.

Sin embargo, seguían faltando arcos carreteros que ya debían estar operando, además de videowalls pendientes y centros de mando incompletos.

El problema no es que hubiera retrasos. El problema es que durante meses se negó que existieran.

Este mega coscorrón le cayó a la SSPE en el peor momento, cuando el tema de la seguridad pública está en el centro de la mesa donde las fuerzas políticas del país se disputan la razón y se acusan unas a otras de no hacer la tarea.

Con esos datos, quienes han extendido el dedo índice para señalar a Centinela como un proyecto fallido ya tendrán tela de dónde cortar.