La alianza de Morena con el PT no soportará la prueba del ácido de este sábado, y quién sabe si lleguen bien parados a finales de año, cuando deban definir si cada uno va por su lado o deciden hacer —de buena o mala gana— una coalición electoral de cara al 2027.
Por lo pronto, en la marcha en “defensa de la soberanía” y en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, no habrá coalición. Ahí sí que el partido Morena será él y su circunstancia, porque el partido de la estrellita amarilla no caminará con ellos.
Los morenistas cantaron la movilización desde el martes pasado para pedir el desafuero y la destitución de la gobernadora chihuahuense, pero en solitario. Presumieron unidad, sí, entre las dos figuras que se están disputando la candidatura al Gobierno del Estado, pero no más.
Si no pudieron sumar a su otro senador, Juan Carlos Loera, menos iban a acordarse de que, como partido, forman una coalición con el PT y el PVEM para integrar ese cuerpo cada vez más amorfo que se dice llamar “Cuarta Transformación”.

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Si en aquella rueda de prensa donde Ariadna Montiel en persona anunció la marcha y demás acciones para pedir que la gobernadora de Chihuahua enfrente un juicio por supuesta traición a la patria, no estuvieron ni con su plantilla completa de legisladores, mucho menos lo iban a hacer con sus partidos aliados.
Desde el interior del PT le contaron a Mirone que el partido fundado —en Chihuahua— por Rubén Aguilar no ha sido invitado siquiera a caminar el próximo sábado desde la glorieta de la División del Norte y hasta la Plaza Mayor de la capital. Mucho menos se les ha convidado a las reuniones de war room o a la toma de decisiones sobre los movimientos que emprenderán de aquí en adelante.
La confianza entre ambas partes está rota desde el episodio aquel de la reforma electoral, cuando el Partido del Trabajo no solo dejó de acompañar a Morena, sino que hasta votó en contra de eliminar las listas de candidatos plurinominales y de reducir el tamaño de Congresos y Cabildos en todo el país. Y esa rajadura en la taza sigue abriéndose.
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Lo que le cuentan a Mirone es que, por una parte, el PT no quiere romper en mil pedazos la buena relación que ha construido con la gobernadora María Eugenia Campos, a quien le han aprobado prácticamente todas sus iniciativas, de una forma o de otra.
No obstante, la alianza electoral, con siglas compartidas y todo lo demás, parece que, a la fecha, está a salvo, aunque prendida con alfileres. El PT ha ratificado que se sumará a las candidaturas a Gobiernos estatales, incluida la de Chihuahua y, con toda probabilidad, hará mancuerna con Morena en la elección legislativa local del 2027.
En el ámbito federal pinta igual, pero no en el municipal, donde los de rojo y amarillo ya contemplan ir por cuenta propia en los lugares donde tienen tanta o más fuerza que Morena.
Lo cierto es que, con este triple salto mortal que decidió lanzarse, la 4T estará poniendo a prueba no solo su capacidad de movilización en la capital del estado, sino también su capacidad de maniobra para mantener aliados sin mandarlos a que se instalen en la banqueta de enfrente.
Las cifras están ahí: diversas encuestas le dan hasta siete puntos de ventaja a Morena, pero necesita los dos o tres puntos que le aporta el PT para despegarse del PAN. No tienen, entonces, mucho margen de maniobra.
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La gran ironía es que mientras en la Ciudad de México las dirigencias nacionales de Morena, PT y PVEM aparecieron apenas el 13 de mayo agarraditas de la mano y jurándose amor rumbo al 2027, en Chihuahua sus estructuras locales traen otra agenda.
Porque acá, tanto el grupo de los Aguilar como el de Octavio Borunda llevan rato votando y operando mucho más cerca de Palacio de Gobierno que de la narrativa soberanista de la 4T.
Por eso ni el Verde ni el PT se aventaron a promover con entusiasmo la marcha contra Maru, aunque en el discurso nacional la movilización se presentó como respaldo directo a Claudia Sheinbaum.
Ahí es donde a Mirone le asaltan los dilemas. Porque Cruz Pérez Cuéllar sí caminará con Morena, pero no está claro si harán lo mismo sus aliados verdes. Mientras tanto, en el PT, Lilia Aguilar mantiene línea con la dirigencia nacional, pero sus hermanas, América y Tania, siguen mucho más cómodas en la operación política del grupo estatal azul.
La foto nacional presume unidad, pero la operación en Chihuahua cuenta otra historia.
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Lo mantuvieron algunas semanas en secreto, pero finalmente trascendió la estrategia que juezas y jueces del Distrito Judicial Bravos empezaron a cocinar desde el pasado diciembre para tener una representación que facilitara cualquier gestión y defensa al interior y exterior del Poder Judicial.
No pidieron permiso a los altos mandos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y armaron su propia Asociación de Personas Juzgadoras del Estado de Chihuahua, con acta constitutiva, estatutos y toda la cosa.
Tiene más de 50 socios fundadores, con personas juzgadoras de todas las áreas: Penal, Civil, Familiar, Laboral y Mercantil. Empezaron en Juárez, pero la idea es abrirse a todos los distritos, sumar agremiados y tener la representación estatal.
Ya conformaron la directiva y lo hicieron con una elección interna en la que se alzó con el triunfo el juez en materia Penal Raúl Palos, quien antes anduvo varios años en la grilla interna del PAN y, cuando fue la elección del año pasado, apareció en las guías de votación de la estructura estatal azul.
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Pero el grupo es bastante plural. A Palos, quien llegó como externo al Poder Judicial, le compitió fuerte por la presidencia Cynthia Nájera, quien trae amplia carrera judicial —ya era jueza en Civil y hoy quedó en Mercantil— y desde las definiciones de la elección judicial por voto popular anduvo del lado guinda.
Igual, todos trabajan ahorita en el mismo equipo, concretando una idea que originalmente fue propuesta de la jueza en materia Familiar, Haydeé Vázquez.
Precisamente empezó todo con aquellas reuniones informales que primero agruparon a personas juzgadoras en materia Civil y Familiar, pero que luego se extendieron a las demás materias.
A final de cuentas, la asamblea realizada en la terraza del Hotel María Bonita de Misiones determinó que Nájera se quedara con la vicepresidencia y que Vázquez asumiera la Secretaría General.
Paloma Galindo, jueza en materia Civil, también de las impulsoras iniciales del movimiento y con carrera judicial, asumió como tesorera. Haydeé y Paloma ganaron fácilmente su respectiva votación, ya que hubo candidaturas por cada materia.
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Parece que los casos de procedimientos abiertos por la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA), la famosa UIRA del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, aceleraron la integración de la asociación, ya que en un principio surgieron muchas inquietudes respecto a que no se estuvieran respetando los derechos o el debido proceso en torno de las personas juzgadoras puestas en el banquillo de los acusados.
En general, de acuerdo con lo que supo Mirone, la idea de la asociación es luchar por sus derechos, pero sin dejar de ser institucionales.
Lo que quieren asegurar es una buena representación de sus intereses, ya sea ante el propio Tribunal —el Poder Judicial— o frente a cualquier otra autoridad o instancia ejecutiva o legislativa.
Por lo pronto, ya hicieron historia: no hay otra asociación similar en el país que aglutine a personas juzgadoras de primera instancia en el ámbito estatal.
El antecedente es una agrupación de jueces federales y otra especialmente de mujeres juzgadoras.
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Con el asunto de la recicladora “Panchito”, que tanta humareda levantó —¡y en serio!— el Congreso del Estado salió “ponchado” o, está con la cuenta en cero bolas y dos strikes.
Para quienes no recuerden el dato o apenas lo hayan conocido por vía de este Mirone comunicativo, el tema de la recicladora “Panchito” de Ciudad Juárez ha estado en el centro de una controversia ambiental y de seguridad pública durante los últimos meses, debido a investigaciones oficiales, denuncias vecinales y sanciones municipales relacionadas con sus operaciones.
La oleada de protestas de los vecinos por los malos olores, las columnas de humo que salían desde sus instalaciones y la presunción —hasta ahora no probada— de que podrían ser destino de artículos de dudosa procedencia, llegó hasta la mismísima tribuna del Congreso del Estado.
Ahí, en lo más alto, como habrá de imaginarlo el respetable lector de Mirone, se trató el tema con toda la gravedad del caso, se expusieron los riesgos ambientales e incluso de seguridad pública que representa ese negocio, y se hizo eco de los vecinos que ya no aguantan una más.
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Para luego es tarde: el 27 de noviembre del 2025, el Legislativo estatal aprobó un punto de acuerdo para exhortar —“respetuosamente”, por supuesto— a autoridades ambientales y a la Fiscalía General del Estado para que le entraran al tema.
Le pedían a la autoridad, cual carta a Santa, que investigara la procedencia de las piezas que tienen almacenadas, sobre todo las metálicas, para verificar si no se trataba de material robado.
Más aún: que la Profepa emprendiera medidas inmediatas y la aplicación de sanciones ya previstas en la ley por la contaminación que genera, esto, a decir de los diputados de la LXVIII Legislatura. Ya de pasada, que le echaran un ojo al negocio para ver si cumple con la normatividad ambiental vigente.
Eso, y una nieve de limón para cada diputado. (Eso ya es agregado de Mirone).
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No estaba mal tirada la bola por parte del Legislativo, porque les llegaban quejas, un día sí y otro también, del humo constante, de los malos olores, las vibraciones y las emisiones contaminantes que le pegaban a todo el conjunto aledaño de viviendas.
Enviado el exhorto, el Congreso esperó pacientemente a que la autoridad le contestara y, por fin, este 15 de mayo, la Semarnat les respondió que ya le buscaron y, pues, nomás no le encontraron.
En su oficio, expone la dependencia federal que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se apersonó en el lugar el pasado 25 de febrero del año en curso y que, tras una concienzuda revisión, no encontró “novedad en el frente”: no emisiones, no quemas, no nada. Todo a pedir de boca.
Falta ver si esos de Profepa no se presentaron en otro negocio que se llame “Panchito”, porque lo que es la recicladora, le tiene hecha la vida imposible a sus vecinos.
Tanto tiempo que se gastan los diputados en discutir sus “respetuosos exhortos” para que los bateen de tan fea manera.
Don Mirone