Desde que ocurrió el trágico accidente que derivó en escándalo y conflicto diplomático por la operación de agentes de la CIA en territorio chihuahuense, el nombre de Guillermo Arturo Zuany Portillo aparece como clave para entender lo ocurrido.

Nos referimos al fiscal especializado en Operaciones Estratégicas y titular antisecuestros de la Fiscalía General del Estado. Antes fue director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y, tras su ascenso bajo la promoción del fiscal César Jáuregui Moreno, colocó como nuevo director a Pedro Ramón Oseguera Cervantes, quien le reportaba directamente hasta que falleció en el accidente, junto a dos agentes de la CIA y uno de sus subalternos.

Resulta que Zuany trae historial con agencias estadounidenses. Desde diciembre de 2025 se hicieron públicos reportes sobre el retiro de su visa para entrar a Estados Unidos. Durante ese mismo año, también aparecieron las típicas narcomantas vinculándolo con grupos criminales, lo que no es raro cuando los malandros buscan desacreditar a las autoridades.

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Pero Zuany dio más de qué hablar cuando trascendió que las autoridades estadounidenses le devolvieron la visa tras algún tipo de acuerdo, aunque bajo ciertas condicionantes. Colaboración especial, es lo que ahora se especula.

Ese dato fue retomado por personajes contrarios a la administración estatal cuando estalló la crisis que llevó a la renuncia del fiscal Jáuregui y a las declaraciones de la fiscal especial Wendy Chávez, quien sostuvo que Oseguera Cervantes nunca notificó a sus superiores y fue el único responsable de gestionar el trabajo de los agentes de la CIA en el caso del narcolaboratorio.

Sin embargo, el tema escaló con lo expuesto por el periodista Ramón Alberto Garza, durante una emisión de Círculo Magenta, dentro de la plataforma de Código Magenta.

“Le encontraron cuestiones oscuras, no explicables y presumiblemente delincuenciales, que obligaron a los estadounidenses a retirarle la visa”, afirmó el periodista sobre el funcionario de la Fiscalía chihuahuense.

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Garza no solo retomó el tema de la visa suspendida y luego recuperada. Según su información, obtenida de fuentes estadounidenses, Zuany habría buscado a la CIA para dar el pitazo sobre la ubicación del narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

También señaló que el funcionario entró en pánico y buscó recuperar su visa, por lo que se mostró colaborativo y se comprometió a llevar a los agentes hasta el lugar para concretar el operativo.

Pero ahí vino lo más delicado.

“El problema habría sido que el mismo Guillermo Zuany Portillo avisó a los operadores del narcolaboratorio, vinculados a la facción del Chapo Isidro, para que escaparan”, relató el periodista.

Así, cuando el operativo estatal, con apoyo del Ejército… y de la CIA, llegó al punto en la Sierra de Chihuahua, el sitio estaba completamente abandonado: sin detenidos, sin droga, sin golpe.

Garza fue más allá al plantear que, del lado estadounidense, las agencias ya cuestionan si la muerte de las cuatro personas fue realmente un accidente o si hubo intervención del grupo criminal afectado.

Ahora la pelota está en la cancha de la Fiscalía General de la República, que mantiene abierta la investigación y prevé citar a medio centenar de participantes, incluidos mandos y exmandos de la Fiscalía estatal.

Todo apunta a que el nombre de Zuany dejará de mencionarse en voz baja… y pasará al centro del caso.

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En medio del griterío que se ha armado a lo largo y ancho del país por la narcopolítica y las intromisiones de agencias extranjeras en la persecución del delito, aparece el documento “Estrategia Nacional de Control de Drogas” (National Drug Control Strategy) y les pone a todos un ruidoso cascabel, a ambos lados de la frontera.

En el texto de marras se hace mención especial al narcotúnel descubierto en 2025, que conectaba Ciudad Juárez y El Paso, presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El hallazgo y destrucción de esa arteria subterránea para el tráfico de drogas sintéticas fue, según el documento, resultado de las reformas impulsadas por la administración de Donald Trump, que incluyen declarar como organizaciones terroristas a seis cárteles mexicanos.

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La localización del túnel fue posible tras largas jornadas de trabajo y coordinación entre agentes del Grupo de Trabajo de Alto Nivel (GTA) en Estados Unidos, en conjunto con la Embajada estadounidense.

Ojo con el dato: lo armaron entre ellos y solo cuando fue necesario solicitaron la asistencia de autoridades mexicanas.

Los resultados de la investigación incluyen la identificación y desactivación de un túnel altamente sofisticado, 24 arrestos y el aseguramiento de 87 kilogramos de cocaína, 142 kilos de metanfetamina, 13 de fentanilo, 9 de heroína, 357 mil dólares en efectivo y 74 armas.

¿En qué se parece esta historia a lo ocurrido en el ya famoso narcolaboratorio de El Pinal, en el municipio de Morelos? En mucho.

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A diferencia del caso del túnel, donde se logró la detención de una operadora del CJNG, en El Pinal no se detuvo a nadie. Allá se encontraron drogas listas para venderse; en Morelos, solo agentes químicos aún sin procesar.

En ambos casos hubo participación directa de agencias estadounidenses. Y en ambos, el patrón se repite.

Valdría subrayar que, en el caso de Morelos, las autoridades mexicanas —y particularmente las de Chihuahua— cargan con responsabilidad por no detectar un laboratorio de gran escala. Como tampoco se percataron de que alguien movió miles de metros cúbicos de tierra para construir un túnel entre Juárez y El Paso.

Pero tampoco del otro lado pueden presumir mucho. Porque sí, en territorio estadounidense tampoco vieron que alguien estaba sacando toneladas de tierra para abrir ese paso subterráneo.

La pregunta queda en el aire: ¿cuánto tiempo operó ese túnel sin que nadie lo detectara?

Cuando se dice nadie… es nadie, de ningún lado de la frontera.

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El grupo parlamentario del PAN impulsó una reforma al Código Municipal para cargarle la mano a los conductores que manejen bajo el influjo del alcohol o las drogas.

Duro con ellos, según el dictamen aprobado este miércoles en sesión ordinaria del Congreso del Estado: hasta 10 años de cárcel a quien provoque la muerte o lesiones en un accidente por ponerse al volante cuando andaba bien servido o bien “arreglado”, como dicen en el barrio.

Bien por la bancada del PAN y el resto del Congreso que la aprobó. Nada más que hay un detalle: la reforma panista les pega duro… y en la cara, como si un guiador ebrio les hubiera dado un alcance en un semáforo.

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La motivación de la iniciativa se basó en los datos alarmantes de accidentes vehiculares en Chihuahua. Son para poner los pelos de punta: la entidad aparece constantemente en los primeros lugares en daños, lesiones y muertes causados por autos o camiones mal conducidos.

El Inegi les dio la razón: urgía una modificación legislativa para inhibir el manejo irresponsable. Se establecen penas de hasta siete años por conducir en estado inapropiado, y de más de diez años si se provocan muertes o lesiones.

El detalle es que, en el estado y particularmente en la capital, la responsabilidad de mejorar la movilidad recae en el propio Gobierno del Estado, de extracción panista, y en el titular del área, César Komaba Quezada. Ahí es donde empieza el “ups” para los de blanco y azul.

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Según el Inegi, entre 2021 y 2024 murieron mil 223 personas en accidentes y otras 26 mil 428 resultaron lesionadas, con distintos niveles de gravedad. El impacto real se multiplica si se considera el dolor y el costo que deja cada caso.

Por si fuera poco, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que entre enero de 2025 y marzo de 2026 iban 374 personas fallecidas y mil 642 lesionadas en accidentes viales. El panorama es durísimo.

¿Y qué tiene que ver el PAN con todo esto? Mucho. Además de gobernar, tienen a su propio responsable de Vialidad dividido entre el cargo y la política partidista.

Así como se lee: César Komaba Quezada trabaja medio tiempo en Vialidad y el otro medio dirigiendo el Comité Municipal del PAN en la capital.

Y entonces sí… no hay cómo ayudarles: el problema también es partidista.

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No se ve por dónde pueda el PAN articular otra opción distinta a la de Marco Bonilla para competir por la gubernatura en 2027.

Lo comenta Mirone porque ayer se conoció la encuesta de Rubrum correspondiente a mayo y nomás no ha prendido alguna alternativa entre las figuras panistas que levantaron la mano por lo que se pueda ofrecer.

No es la encuesta oficial interna del PAN ni un ejercicio ordenado por ese partido, pero el caso es que los números siguen apabullantes a favor del alcalde de la capital, mientras que el tiempo de posicionamiento prácticamente se agota y no se ve que haya algún proyecto que prometa alcanzar más que Bonilla.

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Según Rubrum, el alcalde acapara el 73.5 por ciento de las preferencias para ser abanderado del PAN. Nadie se le acerca y el resto no alcanza ni siquiera los dos dígitos.

El alcalde de Delicias, Jesús Valenciano, aparece con un 9.5 por ciento, seguido de la presidenta estatal del PAN, con un 6.1 por ciento. Más atrás está el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña (quien en realidad busca la candidatura a la alcaldía de Chihuahua), con un 5.7 por ciento.

Al final se ubica el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, con un 5.2 por ciento, pese a todo su despliegue publicitario.

El senador Mario Vázquez, quien pidió ser incluido en la lista de suspirantes ante la dirigencia del PAN, ni siquiera aparece en la encuesta.

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Comenta Mirone el tema porque todavía andan en el PAN con su ejercicio de la mesa estatal de aspirantes y con la búsqueda de sumar candidaturas ciudadanas.

Por lo visto, será mero trámite para cumplir con los lineamientos de apertura del Comité Ejecutivo Nacional, que en estos momentos se antojan inaplicables para Chihuahua.

Está pendiente saber cómo harían las encuestas y a quiénes incluirían, aunque también podrían decidir en el PAN que no tiene sentido seguir con ese juego.

Por cierto, Rubrum incluyó en la encuesta a Julián LeBarón como opción de candidatura independiente.

Al medirse junto a las preferencias por partido, la alternativa independiente alcanzó un 5 por ciento, igual que el PRI y un poco por encima de MC, que se quedó con un 4.1 por ciento.

Cuando se preguntó quién debería ser el candidato independiente para la gubernatura, el 41.2 por ciento señaló a LeBarón, el mismo activista de la comunidad mormona de Galeana que el PAN había considerado como prospecto ciudadano.

Quién sabe qué resultado arrojaría LeBarón si se midiera como abanderado del PAN frente a los nombres ya señalados.

Es prácticamente lo único que faltaría saber: si alguien de fuera podría estar mejor posicionado que Bonilla, lo cual también se antoja difícil por todo el camino que ya trae recorrido el alcalde de Chihuahua.