Ariadna Montiel Reyes no tiene ni media semana instalada en la presidencia nacional de Morena y ya abrió fuego contra una de las personalidades más representativas de la oposición en los momentos actuales: la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

A través de su cuenta X, la nueva líder morenista enderezó sus baterías contra Campos Galván, a quien acusó de mentir en torno a la investigación que abrió la Fiscalía General de la República por la participación de agentes extranjeros en la desarticulación de un laboratorio clandestino de drogas.

“La Gobernadora @MaruCampos_G miente. La investigación en #Chihuahua no es por desmantelar un narcolaboratorio; el Gobierno de México ha desmantelado más de 2 mil 500 en todo el país”, dijo en su mensaje.

“El fondo es otro: provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía de México. Eso es traición a la Patria”, remató… y ups, se le dejaron venir las respuestas.

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Como ya lo había apuntado este Mirone cizañero, el hallazgo del laboratorio en El Pinal, Chihuahua, al igual que los otros que antes presumió el Gobierno de la 4T, dejaron mal parado al expresidente López Obrador, quien se cansó de decir que en México no se producía fentanilo. A lo mejor esa sustancia no, pero otras drogas sintéticas hechas con esa base sí.

Esa fue la tónica de muchas de las respuestas que recibió la exsecretaria del Bienestar y hoy metida en jefa de jefas del partido guinda y blanco.

Lo único que quedó de manifiesto con ese tuit y con otros posicionamientos en torno al mismo tema es que todos están hablando de cuántos narcolaboratorios ha descubierto el uno y el otro, pero nadie se sienta a analizar soluciones posibles a los problemas del tráfico, producción y consumo de estupefacientes en el país.

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En otro frente, la gobernadora Campos Galván devolvió la pichada a la 4T al decir una frase de esas que se dejan encima de la mesa para que le duelan al que acerque la mano: “Vámonos enterando de quién es quién”.

La mandataria chihuahuense no mencionó a su vecino gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, pero si no era pedrada, qué bien que quebró los vidrios.

Todo este tira-tira declaratorio no tiene para cuándo, y menos en esta semana, en la que se sumará la posible acusación contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, otro personaje de primer orden del morenismo.

La semana inició con una marcha contra la gobernadora. Así van las cosas en este camino que parece una de esas bandas de caminadora: le damos y le damos y nada más vemos que seguimos donde mismo.

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El hallazgo de un narcolaboratorio en la zona conocida como El Pinal, municipio de Morelos, sigue consolidándose como uno de los focos de controversia entre los Gobiernos estatal (PAN) y federal (4T) y, de pasada, con las autoridades estadounidenses.

Esta semana, el diario Milenio publicó un reportaje en el que da cuenta de la capacidad de producción del ya famoso narcolaboratorio, del cual —según el informe periodístico— tendría una capacidad para producir 2.8 toneladas de drogas sintéticas por ciclo.

Los datos publicados esta semana se parecen mucho a los que difundió la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando recién informó de la desarticulación de ese centro de producción de drogas, horas antes de que trascendieran los trágicos sucesos que le costaron la vida a cuatro personas —dos de ellos, agentes de la CIA— y que enrojecieron la relación entre el Gobierno estatal y el federal.

A saber: que eran casi 900 metros cuadrados de narcolaboratorios; que había 19 tambos de mil litros y, muy importante, que era el centro de producción de drogas sintéticas más grande encontrado hasta ese momento. Al menos esa fue, y sigue siendo, la versión de la FGE.

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La Sedena, por lo visto, tiene “otros datos”.

El de Chihuahua está grande, pero no “pinta” al lado de los que ha localizado y destruido la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con otras fuerzas federales, dijo el titular, general Ricardo Trevilla Trejo.

Así, como no queriendo, nada más con numeritos sobre la mesa, el encargado de las fuerzas armadas del país señaló —en conferencia de prensa— que se han encontrado y desarticulado al menos 64 más grandes.

Hasta esa fecha, 28 de abril, el de mayor capacidad de producción se localizaba en el municipio de El Álamo, Sonora, que tenía 64 reactores, mientras que el de Chihuahua tenía apenas 12. Nada comparable, pues.

La declaración del general secretario, formulada el 28 de abril, surgió en un momento en que el Gobierno de Chihuahua trataba de justificar la presencia de agentes de la CIA en territorio estatal, con el argumento de que se había logrado destruir la más grande capacidad de producción de drogas sintéticas en el país.

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Mientras el Gobierno del Estado y la Sedena se enfrascan en una lucha por colocar su narrativa de “yo sí combato los narcolaboratorios, no como tú…”, el Gobierno de los Estados Unidos le vino a tronar los dedos a sus socios comerciales: México y Canadá, además de China e India, para que le muevan más y detengan el tráfico de drogas sintéticas, especialmente las hechas a base de fentanilo.

En su documento, “Estrategia Nacional de Control de Drogas”, el Gobierno del presidente Donald Trump define el combate al narcotráfico en Estados Unidos como una urgencia de seguridad nacional y no necesariamente de salud pública, como lo habían manejado las administraciones anteriores.

Para darnos una idea: se cataloga al fentanilo como “un arma de destrucción masiva”, es decir, a la par de una ojiva nuclear o un arma biológica.

¿Esto qué significa? Que aunque uno diga y el otro aumente la cuenta, México sigue en la picota, por ser, a los ojos de su vecino, la gran fábrica de pastillas que drogan a la gente y la dejan completamente perdida en muy poco tiempo.

Síganle con su pleito, pues, creyendo que el tamaño sí importa.

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Mirone siguió el arranque de las campañas del PAN en Coahuila, hasta donde fue a dar la presidenta estatal Daniela Álvarez, igual que las dirigencias de todo el país y los referentes blanquiazules que arroparon, junto al presidente nacional, Jorge Romero, al panismo local.

Un asunto llamó la atención en el discurso de Romero, aparte, claro, de que no desaprovechó el momento para irse con todo en contra de lo que llama el “narcopacto” de Morena, con quienes —según dijo— los financiaron para llevarlos al poder e intentan ahora mantenerlos como un “narcogobierno”.

Sin duda, será ese el tema campañero de aquí pa’l real, con la referencia a Sinaloa y su gobernador con licencia, durante los 30 días que promoverán los panistas el voto para la renovación del Congreso del Estado.

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Pero también habló Romero de una estrategia de blindaje electoral, como parte de la cual el PAN está exigiendo que no se permita a los Servidores de la Nación ni a cualquier funcionario o trabajador del Gobierno federal el uso de los chalecos guindas para promover los programas sociales en medio de la contienda electoral.

Dijo que eso debería proceder igual, si existen chalecos azules o de cualquier color. Muy específicamente pidió la prohibición legal del uso de colores asociados a partidos y Gobiernos.

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Claro que Mirone recordó cómo es que por acá descansa la estrategia electoral del PAN rumbo al 2027, en gran medida, en la operación territorial de tocar puertas y ubicar simpatías o rechazos, en los barridos con dos estructuras simultáneas y paralelas: la de los funcionarios de Gobierno y la de los operadores partidistas.

En ambos casos, es clave la identificación de los chalecos azules para vincularse a la marca PAN.

De hecho, desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, hay incluso un programa con su partida presupuestal, específicamente para traer en la calle a los llamados “chalecos azules”, aparte de que cada dependencia u organismo descentralizado tiene que sacar a territorio a colaboradores debidamente ataviados con ese distintivo azul.

A ver acá qué viene a decir el presidente nacional del PAN, cuando toque el tiempo de las campañas. Falta ver si la prohibición expresa de los colores y los chalecos se puede llevar hasta la legislación, como lo propuso ayer Romero en Torreón, Coahuila.

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No para la grilla sindical en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, particularmente en el Sindicato del Personal Académico del Instituto de Ciencias Sociales (Spaicsa), donde les andaban queriendo hacer de agua la toma de protesta a quienes ganaron la elección hace 40 días, desde el 27 de marzo.

No hay que olvidar que, aunque la Secretaría General quedó en manos de la candidata institucional u “oficial”, Thelma Artalejo, prácticamente todo el Comité Ejecutivo —cinco de las seis carteras— lo ganó el equipo que lleva años pugnando por una mayor transparencia y mejor representatividad sindical, en torno a Universidad Democrática.

Y como se prevé que el nuevo Comité llegará filoso en la revisión del manejo financiero, ese tema está detrás del atorón en el relevo formal de la dirigencia.

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Una primera fecha para la toma de protesta, el pasado 29 de abril, fue suspendida por el Comité Ejecutivo saliente, sin considerar al entrante.

La secretaria general que entregará el changarro, Olga Rosa Ortiz, argumentó la realización de una auditoría financiera, pero en ninguna parte de la reglamentación se señala que ello pueda detener la sucesión sindical, por lo que los electos comenzaron a presionar para apurar la toma de protesta.

Además, señalan que la auditoría corresponde al cierre de la gestión saliente, pero no sustituye la revisión financiera, administrativa, documental y patrimonial que deberá realizar el Comité Ejecutivo entrante al tomar posesión.

Por un lado, hay quien señala que toda la maniobra de retraso no es más que una acción dilatoria para limpiar el changarro y cuadrar números y dineros que siempre se han manejado de manera opaca y discrecional.

Por el otro, hay quien explica la estrategia de Olga Rosa como bastante entendible, para protegerse de una eventual crucifixión por el manejo financiero, considerando además que estaría entrando ya a un proceso de jubilación.

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El caso es que el Comité Ejecutivo electo se tuvo que movilizar para apurar la toma de protesta, convocando a una asamblea general extraordinaria para el 12 de mayo.

En esas andaban cuando, desde el Comité saliente, optaron por destrabar el asunto y convocaron al evento de toma de protesta para el jueves 7 de mayo, a la una de la tarde, en el salón Francisco R. Almada.

Quién sabe si llegue hasta el final la solicitud de asamblea, pero seguramente se seguirá buscando su realización para poner sobre la mesa el tema financiero y las auditorías pendientes.

La grilla se presenta en el contexto de la organización del festejo del Día del Maestro, también agendado en ICSA el 12 de mayo, bajo una situación extraña: todo lo organizó, contrató y pagó la Mesa Directiva saliente.

Quién sabe por qué se empeñaron en mantener el control financiero tanto tiempo después de que la elección definió el relevo.