La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha cambiado ni un nombre en su alineación titular, pese a que su “director técnico”, César Jáuregui Moreno, ya fue removido del banquillo y no dirigirá más en lo que le queda a esta “temporada” 2021-2027.

Los mandos de primer orden, los medios y hasta las jefaturas de oficina que dejó el casi depuesto titular siguen operando como si nada hubiera pasado o, mejor dicho, como si no hubieran tenido nada qué ver en el sainete de los agentes de la CIA metidos de policías estatales que ayudaron a desmontar narcolaboratorios.

Según le contaron a Mirone, la estructura está casi intacta, tanto dentro de la FGE como en ese apéndice que se había integrado para preparar la candidatura del hasta hace poco fiscal general a la alcaldía de Chihuahua.

A lo mejor afuera se andan haciendo garras, pero acá en la Fiscalía, nomás no ha pasado nada.

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Y mientras Jáuregui sigue encampañado, sin quitar el dedo del renglón en su búsqueda por la candidatura del PRIAN a la alcaldía de la capital, en la Fiscalía General de la República (FGR) dieron un manotazo en la mesa este lunes para dejar claro que allá tampoco ha cambiado nada: las investigaciones por la introducción de agentes extranjeros siguen adelante.

Al mediodía, el fiscal especial y vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó que ya se ha citado a declarar a por lo menos 50 funcionarios del Gobierno del Estado de Chihuahua por el affaire de los cuatro agentes —presuntamente de la CIA— que participaron en el operativo del 18 y 19 de abril en el municipio de Morelos.

Muchos de esos funcionarios podrían estar hoy mismo sentados en las mismas sillas que dejó Jáuregui en la FGE.

El mensaje fue directo: se aplicará “todo el peso de la ley” si se comprueba que hubo violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y a la propia Constitución.

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A 16 días del accidente en el que murieron el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Pedro Oseguera Cervantes, uno de sus escoltas y dos agentes extranjeros, podría pensarse que aquel episodio ya había quedado atrás.

Nada de eso. Por lo dicho por la FGR, la rueda de prensa que ofreció Jáuregui el 19 de abril —cuando afirmó que los agentes estadounidenses no participaron en el operativo— es ahora la base de las investigaciones para determinar si hubo delitos.

El exfiscal sigue así en la picota, como eje de una acción judicial cuyo alcance aún es incierto.

Conjugar su triple papel de indiciado, fiscal de facto y aspirante a candidato no parece tarea sencilla.

Quién sabe hasta cuándo aguante con tantos frentes abiertos.

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Donde hubo movimientos ayer lunes fue en la Delegación de Bienestar.

No es que haya llegado muy filosa la nueva secretaria Leticia Ramírez, pero sí estaba pendiente un hueco por llenar, luego de que Heber Quezada dejó recientemente la subdelegación para irse a ocupar la delegación de Semarnat, otra de las posiciones que logró para su gente la poderosa Ariadna Montiel, antes de salir de la Secretaría de Bienestar para irse como presidenta de Morena.

Le tocó a la delegada Mayra Chávez hacer la presentación en la capital del estado, tras el nombramiento de Ximena Reyes como subdelegada, es decir, su segunda de a bordo, quien ayuda con la ejecución y operación de todos los programas que maneja Bienestar en el estado.

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Reyes ya era parte de la estructura y se desempeñaba como directora regional en Cuauhtémoc, con cobertura de ocho municipios. Tiempo atrás fue enlace para aplicar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam) y antes trabajó como capacitadora nacional de Morena.

El hueco que ella dejó en la dirección regional Cuauhtémoc lo ocupó Ruth Arvizu, quien viene de ser Servidora de la Nación y de trabajar en la implementación del programa La Escuela Es Nuestra. Maestra de formación, Ruth fue candidata morenista por el Distrito XIV local.

Los espacios principales en Bienestar los siguen llenando mujeres, tal como ocurrió en el relevo nacional de la dependencia y en el relevo de Morena. Puro power femenino.

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Lo que también llamó la atención de Mirone es que los nuevos nombramientos se hicieron dentro del mismo equipo de Bienestar, es decir, no se estrenó Leticia Ramírez como titular imponiendo a gente de su confianza.

Por lo visto, Ariadna Montiel siguió palomeando los movimientos, ya desde su silla de presidenta morenista. Quién sabe si ese sea el acuerdo entre saliente y entrante o simplemente se trata de que Ramírez todavía no se acaba de sentar en la Secretaría.

En la presentación, a Mayra Chávez se le volvió a preguntar si está firme en su cargo como delegada con el relevo en la Secretaría, y respondió que “aquí estamos por encargos, no por cargos” y que “en el momento en que seamos de provecho, de utilidad en algún otro espacio, así lo haremos, donde sea”.

Prácticamente lo mismo dijo cuando se le preguntó por su proyecto político para la alcaldía juarense: “un paso a la vez”, reiterando que estará pendiente de la convocatoria morenista.

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Desde el interior de la Secretaría de Salud estatal le llegó a Mirone el reporte de una jugada un tanto turbia que se está aventando el doctor Rogelio Covarrubias, director médico del Distrito Norte o Jurisdicción Sanitaria II, correspondiente a Juárez.

Resulta que Covarrubias estaría jugando contra la casa en el manejo de las vacunas antirrábicas, en beneficio de proyectos políticos de la 4T, ya sean de color guinda o verde.

El funcionario suele decir que no hay en la Secretaría de Salud vacunas suficientes para campañas oficiales, pero bien que estaría suministrando el biológico para jornadas de atención animal promovidas por el Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena.

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Lo que supo Mirone es que Covarrubias trae toda la intención de quedar bien con el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, para lo que se pueda ofrecer en el futuro, en caso de que el morenista se siente en Palacio de Gobierno.

Parece que el funcionario es especialista en hacer lo necesario para sobrevivir a los cambios políticos y seguir colgado de la nómina estatal. Así lo hizo en 2021, luego de haber sido colaborador en la administración corralista.

Ahora trabaja muy de cerca con el Partido Verde, que mantiene una alianza municipal y estatal con Pérez Cuéllar. De acuerdo con lo que le contaron a este Don, además de su cercanía con dirigentes, el doctor mantiene relación con la regidora Fernanda Ávalos, quien participa activamente en la organización de campañas animalistas.

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Para hacer posible la jugada, el doctor estaría haciendo firmar formatos de recibido de vacuna a los dueños de mascotas, pero no en eventos oficiales de la Secretaría, sino en los organizados por el Partido Verde.

Lo que sea para congraciarse y asegurar futuro político, aunque la maniobra se haga bajo la mesa.

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El sindicato del IMSS tiene encendidas las velas en los dos frentes políticos que se disputan la hegemonía en el estado de Chihuahua, por aquello de no equivocarse y dar el apoyo al que resulte perdedor.

El pasado sábado 1 de mayo le organizaron un festejo al alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, con motivo quién sabe de qué, porque la festividad del Día del Trabajo no tiene una relación estrecha con la presidencia de un Ayuntamiento.

Acaso sería por eso que las fotos del festejo causaron tanto revuelo en redes sociales y reacciones encontradas entre empleados sindicalizados del IMSS, pues hubo a quienes les cayó en las meras muelas del juicio que su organización gremial anduviera haciéndole el bailongo a un aspirante a candidato —ni siquiera a gobernador, a estas alturas— y, más aún, sin la anuencia de la asamblea sindical.

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La ampolla que levantó la fiesta al edil juarense no acababa de desinflamarse cuando llegó el segundo golpe de oportunismo electoral: la entrega de equipo médico al sindicato por parte del aspirante del PAN al mismo cargo, Marco Bonilla Mendoza, actual alcalde de Chihuahua capital.

El lunes 4, la administración municipal difundió notas y fotografías del alcalde capitalino entregando tres monitores pediátricos al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

El acto ya luce extraño, porque si fuera un intercambio institucional, lo mínimo sería la presencia del delegado del IMSS en el estado, Julio Mercado Castruita, pero no: solo hubo representación sindical y un alcalde panista que quiere ser gobernador. Eso, los tres equipos y personal del SNTSS es lo que se alcanza a ver en las imágenes.

El episodio causó escozor al interior del IMSS, porque lo tomaron como una intromisión, no solo en la vida interna del gremio, sino en la propia operación del Seguro Social. Basta leer este párrafo para entender el enojo: “Este apoyo responde a una solicitud realizada por personal de enfermería durante una visita al Hospital Morelos en diciembre”.

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La pregunta que se hacen al interior del IMSS es clara: ¿quién anda de pediche con los aspirantes a candidaturas? O más aún, ¿la están jugando contra la dirección del instituto? Porque solo así se explica que acepten donativos de un aspirante a gobernador por un partido distinto al del Gobierno federal.

También surge otra duda: ¿dónde van a instalar los equipos donados por Marco Bonilla, si no fueron entregados a la dirección, sino al sindicato?

Lo que queda claro en este zipizape sindical es que pronto vendrán más episodios como estos, donde las organizaciones busquen agua por cuenta propia y dejen de lado a la dirección o incluso a la propia institución para la que trabajan.

Por lo pronto, Cruz y Marco, si no metidos hasta la cocina, sí en el consultorio del IMSS.

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Publicamos aquí sobre una grilla de jueces familiares que no quieren dejar su espacio para reacomodarse en el segundo piso del edificio Bonifacio Chávez, sobre el eje vial Juan Gabriel, donde ya operan algunos juzgados, separados del otro inmueble del Poder Judicial en la misma zona.

En ese segundo piso están por concluir los trabajos para habilitar, con diseño especializado, las salas de escucha en materia Familiar, con financiamiento del Ficosec, un proyecto que desde el Poder Judicial y ese organismo se promueve como el primero en el país, con el que se cumpliría con todos los protocolos de atención a las infancias en procesos judiciales.

La idea es aprovechar para una reconfiguración y reacomodo de los juzgados familiares, de modo que todos se concentren en un mismo edificio y junto a las salas de escucha. Ahí fue donde algunos la pegaron de gritos, por resistencia al cambio, tal como lo señaló Mirone.

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Una asidua lectora mironiana, la jueza en retiro Patricia Martínez, del Juzgado Octavo Familiar por Audiencias, hizo llegar comentarios sobre el tema, particularmente sobre la historia de las salas de escucha.

Martínez aclara que no serían las primeras en el país, ya que desde que entró en funciones como jueza, en 2006, instaló en su juzgado de adscripción el primer espacio lúdico en tribunales, incluso con recursos propios.

“En una visita a la Ciudad de México comenté a la directora de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada lo que habíamos realizado en esta ciudad, y me dijo que eran necesarios y pediría replicar la idea en los tribunales de la Ciudad de México. Lo mismo sucedió cuando tuve una visita del área de Derechos Humanos…”, relató.

Ese espacio lo habilitó en lo que antes era el Juzgado Cuarto Familiar, hoy Octavo Familiar por Audiencias.

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“Contaba con juguetes, libros, televisión, películas, X Box, y ahí se llevó a cabo la primera convivencia supervisada en el estado de Chihuahua, ya que no existían los Cecofam, que también fueron proyectos que presenté y en los que trabajé durante años”, narró Martínez.

La jueza en retiro también lanzó una crítica directa a quienes “le apuestan al transcurso del tiempo y a la ignorancia de las personas”, y ahora quieren salir con “ideas brillantes e innovadoras, adjudicándose trabajo e iniciativas de otros”.