La tercera semana de abril de 2026 terminó con un grado de tensión mucho mayor al que ya se advertía desde aquel lunes 20, y no hay visos de relajación o, al menos, de una pausa. Más bien, todo indica que la bronca va para largo, por lo menos hasta junio de 2027.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se reunió el pasado jueves 23 de abril con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la Ciudad de México.

¿El motivo? Abordar el tema de los agentes extranjeros que operaban en su entidad sin conocimiento —aparente— del Gobierno Federal y “aclarar” lo ocurrido, tras una semana de dimes, diretes y versiones francamente estrambóticas.

A la luz de los hechos y de las expresiones posteriores, la reunión sirvió para muy poco… o para nada.

La “cumbre” Harfuch–Maru no duró ni una hora completa y tampoco derivó en comunicados conjuntos. No hubo acuerdo entre las partes, pues.

El viernes 24, un día después, la gobernadora emitió un breve comunicado en el que no menciona por su nombre a la presidenta, pero deja ver su disposición a continuar con el trabajo conjunto “independientemente de su filiación partidista”.

La SSPC de Harfuch, en cambio, no dijo esta boca es mía. Lo más cercano a un mensaje fue la expresión circunspecta del secretario en la fotografía con la mandataria estatal.

Nada avizora, entonces, un entendimiento entre las partes ni una explicación clara sobre qué hacían agentes de la CIA disfrazados de policías estatales por estos lares.

La tensión, pues, seguirá intacta… si no es que irá en aumento. Un comunicado escueto y una comisión especial no amainaron las aguas y, por lo visto, ahora golpearán con más fuerza el barco de la coordinación institucional.

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Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como la gobernadora Maru Campos han dejado ver que la relación sigue helada y que la coordinación entre ambos niveles de Gobierno se limitará a lo indispensable.

La mandataria federal se mantuvo cinco días consecutivos sobre el tema de los agentes extranjeros en territorio mexicano —chihuahuense, pues—, subrayando que operaban sin permiso del Gobierno federal y realizando funciones para las que no estaban autorizados.

Lejos de bajar el tono, lo fue escalando conforme avanzaron los días, hasta llegar al sábado 25, cuando lanzó una “tarjeta informativa” que avivó aún más el fuego: los agentes estadounidenses no tenían autorización para estar en México —y, por lo tanto, en Chihuahua—. Permisos de chocolate, como quien dice.

Uno de ellos estaba de visitante, sin autorización para realizar actividades remuneradas. Un turista, pues, que a lo mucho podía tomarse unos sotoles y sacarse fotos en la Barranca del Cobre. El otro contaba con pasaporte diplomático… y no más.

Los datos echan gasolina a la hoguera, porque dan insumos a quienes buscan llevar a Maru al banquillo de los acusados por presuntas violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución. No falta quien quiera —en un despropósito mayúsculo— escalar el señalamiento hasta la “traición a la patria”.

El dato está ahí, servido como centro al área para que alguien lo remate. El gol luce cantado.

¿Quién se anima a cerrar la jugada para que no quede en un simple “tirititito”? Jugadores sobran, pero ya se ve a Javier Corral merodeando el área, listo para empujarla a puerta abierta.

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Este punto nos lleva a otro subtema que se coló entre los hechos del fin de semana en El Pinar: ¿qué hacían los agentes de la CIA en Chihuahua? ¿En qué andaban metidos?

Durante la semana, el discurso en defensa de la gobernadora —enarbolado por PRI y PAN— giró en torno a que era “mejor” contar con la colaboración de estadounidenses para dar golpes de alto impacto, como el desmantelamiento del laboratorio de drogas sintéticas.

Pero aquí hay un matiz que no es menor: los agentes de la CIA no están para realizar operativos de combate al narcotráfico ni a cualquier otro delito. Son agentes de inteligencia al servicio de otro país —y qué país—: Estados Unidos.

El periodista Jesús Esquivel, especializado en la relación México–Estados Unidos, lo dijo sin rodeos en su canal de YouTube: nadie sabe con certeza qué hace un agente de la CIA. “Son agentes secretos”, soltó, y fue más allá: la agencia le habría mentido al Gobierno de Chihuahua.

Según información que asegura haber corroborado con autoridades estadounidenses y con una fuente del Congreso local, los agentes estaban “disfrazados” de elementos de la AEI.

Si se tratara de una operación contra una ruta o un centro de producción de drogas, para eso está la DEA, cabría suponer. Pero no: era la CIA, la misma agencia que arrastra fama de operar en las sombras y de intervenir en conflictos y Gobiernos alrededor del mundo.

La pregunta sigue en el aire: ¿qué hacían en Chihuahua y con permiso de quién? Más aún: ¿por órdenes de quién… y para qué?

Si nos atenemos a lo dicho por Esquivel, nadie lo sabe: ni la presidenta, ni la gobernadora, ni mucho menos el fiscal César Jáuregui. Estamos arreglados, pues.

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Entre las polvaredas que levantó el caso, está la del Senado de la República, donde salió una “invitación” a la gobernadora Maru Campos y al fiscal César Jáuregui Moreno para que expliquen a la Cámara Alta todo lo ocurrido en El Pinar… y antes de ese suceso.

El dato parece inofensivo: una invitación que suena más a pasada al pizarrón frente al maestro más duro. Pero no. Hay un trasfondo bastante delicado: que legisladores de Morena aprovechen “el viaje” para fincar responsabilidades por presuntas violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

En términos reales, el Senado busca que se aclaren puntos muy concretos:
quién autorizó la presencia de agentes extranjeros; bajo qué marco legal operaban; si participaron directamente en operativos; y qué responsabilidad tienen las autoridades estatales.

No es una comparecencia obligatoria en lo formal, pero en los hechos funciona como un citatorio con presión política. Morena impulsó el acuerdo bajo la bandera de defender la soberanía nacional.

El PAN votó a favor, pero con otra narrativa: que Campos acuda a demostrar que su Gobierno “sí combate al crimen”.

Movimiento Ciudadano, en cambio, votó en contra, al considerar que se trata de una forma “pasivo-agresiva” de presión política.

Entonces, no fue una simple invitación: es un llamado político con fondo jurídico, que coloca a Maru Campos en el centro de un posible conflicto constitucional… y, de paso, en el arranque adelantado de la disputa electoral de 2027.

En medio de todo este ruidajo, cabe una pregunta más de fondo: ¿sigue en pie la coordinación entre el Ejército, la Guardia Nacional y el Gobierno de Chihuahua?
Para las fuerzas armadas no es menor: les ocultaron la presencia de agentes extranjeros.
Para la Guardia Nacional, tampoco: les dijeron que ellos eran los únicos en combatir al crimen, y eso ya incomoda.

Para el Gobierno estatal, menos: enfrentan señalamientos que van desde violaciones a la ley hasta la narrativa extrema de “traición a la patria”.

Vistas así las cosas, los mandos militares quizá sigan acudiendo a la mesa de seguridad, pero la duda es en qué tono y con qué disposición. El dato relevante no es si se sientan, sino qué tanto van a intervenir en los operativos conjuntos.

Ahí, más que en el Senado y en todo este circo electoral que ya se montó, es donde realmente se va a definir la suerte del estado.

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Después de una semana de tira y afloja, resta ver qué ocurra en la Mesa de Seguridad del próximo lunes. Poco trasciende —los asistentes no sueltan prenda—, pero el verdadero termómetro será el tono del trato y el nivel de colaboración entre instancias en los días siguientes.

El dato clave no está en si habrá coordinación, sino en cómo y con cuántos efectivos.

Pero hay otro ángulo —quizá el más incómodo— que empieza a pesar más que cualquier despliegue.

Ese es el dato central: para el panismo, el escenario se empina: defender la injerencia de una potencia extranjera, sostener que la seguridad pública va bien y, más difícil aún, mantener la versión de la FGE de que todo fue apenas un “ride” a agentes de la DEA.

Porque, al final, más allá de la mesa, los discursos y los posicionamientos, no hay narrativa que alcance: lo que viene es desgaste político puro y nada más.