En días recientes, los teléfonos del estado de Chihuahua repiquetearon de día y de noche por la entrada de llamadas de una casa encuestadora que preguntaba a quienes tenían a bien contestar si están de acuerdo con que se “acepte la colaboración” de Estados Unidos en el combate a la delincuencia organizada.

Las llamadas arreciaron entre el miércoles y el jueves, cuando la relación entre el Gobierno de Chihuahua y el de la República entró en una confrontación mediática, policial, política y hasta diplomática, por el descubrimiento de que agentes de la CIA estadounidense participaron en el operativo que dio con un enorme narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

Las preguntas están como para que quien conteste, pueda decir con toda claridad si está a favor de que continúen ese tipo de operaciones de agencias estadounidenses o, de plano, que entre el Ejército de ese país y se ocupe de los cárteles mexicanos.

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Primero, lo primero: saber si el encuestado sabe de qué se le va a preguntar: “¿Se enteró de que hubo un operativo en la sierra en el que el Gobierno del Estado desmanteló un gran narcolaboratorio?”.

Ojo con lo de “gran laboratorio”, ya con eso exaltan el valor de la operación.

Lo segundo, como para ir en orden: ¿Sabía usted que en ese evento colaboraron agentes norteamericanos?

Finalmente, la pregunta de los 64 mil: “Si usted votaría por aceptar la colaboración de agentes de Estados Unidos, oprima dos en su teclado telefónico”.

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Hasta ahora, no está identificada la casa encuestadora y, por lo tanto, es difícil deducir quién la pudo haber ordenado.

Lo que está claro es el hecho de que el “ridegate” o el “agente encubierto de la CIAgate” ya es materia electoral. Ni cómo quitarlo de la agenda que seguirán los partidos en la próxima campaña que iniciará en este mismo año.

El detalle es que, por primera vez en una contienda por el voto popular, se pondrá sobre la mesa un tema tabú para la sociedad mexicana: si se acepta o no la actuación de agentes estadounidenses en suelo mexicano.

La pobreza de la oferta política, de una parte y de otra, nos ha llevado hasta ese lugar: que las consecuencias de un hecho trágico donde murieron cuatro personas —dos de ellas, agentes de la CIA— sean el material para buscar las simpatías del electorado.

Hasta parece política carroñera…

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La declaración del congresista republicano de corte antiinmigrante Michael McCaul no cayó en el vacío. Cayó en Chihuahua.

Este viernes 24, declaró que es prácticamente imposible que la presidenta Claudia Sheinbaum no estuviera enterada de la presencia de los agentes de la CIA en el estado.

La declaración podría sonar como música para los oídos del PAN, pero en realidad cayó en un estéreo cuadrafónico, porque a todo el mundo de la política le sirve ese posicionamiento de un político conservador, antiinmigrante y partidario de las intervenciones de Estados Unidos en otros países.

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Para los morenistas, la expresión del congresista refuerza su postura de que Estados Unidos viola la soberanía, pretende operar en México sin autorización del Gobierno nacional y, de paso, busca incidir en las elecciones intermedias y en las locales de 2027.

En tanto, el panismo puede irse contento a casa después de oír ese concierto: no solo exhibe a la presidenta, también refuerza su narrativa intervencionista, en la que es mejor dejar entrar a agentes de la CIA, DEA, FBI y de donde sea necesario para combatir al crimen organizado.

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Y no porque el congresista texano descubriera algo nuevo, sino porque dijo en voz alta lo que en la frontera se sabe —y se practica— desde hace años: la seguridad entre México y Estados Unidos no se entiende sin inteligencia compartida.

Acá el problema no es de operaciones conjuntas, sino que, a decir de la Presidencia, no convidaron a su Gobierno o, peor aún, alguien no la tiene al tanto de las acciones de una agencia como la CIA, que tiene un largo historial de meterse hasta la cocina de los países, con resultados catastróficos en muchos casos.

Para Morena, McCaul es el villano perfecto: halcón republicano, intervencionista, símbolo de una política exterior que no pide permiso cuando hay intereses de por medio.

Su frase —“no hay manera de que Sheinbaum no supiera”— se traduce en presión, intromisión y narrativa de soberanía vulnerada.

Para el PAN de Chihuahua, donde gobierna y enfrenta una condición grave de inseguridad, con el segundo lugar en homicidios y un alto indicador de lesionados por arma de fuego, McCaul no es una amenaza: es un interlocutor natural. Un estadounidense que quiere entrar a territorio nacional a ocuparse de lo que los mexicanos no pueden (al menos esa es su lógica). Justo lo que querían escuchar.

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Mientras desde Palacio Nacional se levanta la bandera de la soberanía, en el territorio mexicano la cooperación con agencias estadounidenses no solo existe: funciona… y no se hace responsable de los daños.

Quienes presumen golpes al crimen organizado se olvidan de la intervención del Ejército y la Guardia Nacional; los que quieren desconocerlo, pasan por alto la coordinación con fuerzas federales. Ni cómo hacerlos entender.

Sheinbaum marca la línea: todo debe pasar por la Federación, por la Cancillería, por el Gabinete de Seguridad. Orden, reglas, Estado de derecho.

Pero en la práctica, los estados —sobre todo los fronterizos— han operado históricamente con márgenes más flexibles, muchas veces empujados por la urgencia y la presión del crimen.

¿Legal? No siempre. ¿Eficaz? Tampoco.

¿Se acuerdan de la operación “Rápido y furioso”? No fue de la CIA, pero sí del Gobierno estadounidense… y terminó en desastre.

¿A eso queremos llegar? ¿O mejor se ponen a trabajar las dos fuerzas políticas en resolver el problema?

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Desde el edificio de Malecón y Francisco Villa, le llegó a Mirone el reporte de que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar ya empezó a delegar cuestiones administrativas y proyectos en curso en manos de su suplente.

Quien llega con asuntos pendientes al despacho del primer piso de la Presidencia Municipal ha estado escuchando con más frecuencia el “que lo vea ya el secretario del Ayuntamiento”.

Ya se le empieza a cargar la tarea al secretario, Héctor Ortiz Orpinel, quien además de ser alcalde suplente, es operador político, abogado de cabecera y hombre de las confianzas del presidente.

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No debe tardar la licencia del alcalde, quien siempre ha dicho que está a la espera de que se emita la convocatoria, con todas las reglas y el calendario para la elección del coordinador estatal de la defensa de la transformación.

Todo mundo anda ahora por terrenos municipales muy contento y muy confiado por lo que viene en la grilla morenista estatal, luego de los acomodos nacionales que parecen estar favoreciendo al proyecto del alcalde Cruz.

En esa misma narrativa optimista se alinea el trabajo de ir pasando la estafeta al secretario, como para que nadie dude de lo que viene en el futuro.

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Con independencia de lo que vaya a pasar en el proceso interno, la solicitud de licencia es un hecho, y lo más seguro es que en un mes, luego de que se terminen de acomodar las aguas en Morena nacional y en el Gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, se publique la convocatoria y Cruz le encargue el changarro a su compa Ortiz Orpinel.

Así que, en los hechos, ya se empieza a dar una especie de transición, para que el suplente empiece a tomar los asuntos administrativos y los nuevos proyectos, y no lo vayan a tomar fuera de base cuando el alcalde haga efectiva la licencia.

¿Tendrá que regresar Cruz cuando se defina la coordinación estatal por Morena rumbo al 2027? Eso está por verse, pero en la Presidencia Municipal ya operan como si eso no fuera a ser necesario.

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El recaudador de rentas en Ciudad Juárez, Raúl García Ruiz, no está en precampaña… está en defensa. Su nombre ya no solo suena en los pasillos políticos, sino también en los estrados del Instituto Estatal Electoral (IEE) y del Tribunal Estatal Electoral, donde se juega algo más que reputación.

Porque el asunto no es menor: enfrenta un procedimiento por presunta violencia política de género y ya compareció en audiencia de pruebas y alegatos. Si el fallo no le favorece, el escenario es claro: inhabilitación, salida del cargo y disculpa pública. Traducido: un golpe directo a sus aspiraciones rumbo al 2027.

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El caso tiene origen en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial 2024-2025. La denunciante, identificada como M.C.G.B., entonces supervisora administrativa y candidata a jueza familiar, expuso una serie de hechos que hoy están bajo análisis.

Según su versión, ante la incertidumbre por la renovación de su contrato, recibió una propuesta atribuida a García: cambiarla de área para facilitarle hacer campaña en horario laboral y con apoyo institucional.

Ella rechazó la oferta por no ajustarse a sus funciones ni a lo que consideraba correcto en términos legales y éticos. El desenlace fue que no le renovaron el contrato, mientras que otro candidato, identificado como C.J., sí permaneció en su puesto y posteriormente ganó la elección. Esa diferencia de trato es uno de los puntos clave que hoy se analizan.

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El IEE ya valoró el caso bajo la óptica de violencia psicológica en sus vertientes institucional, laboral y mediática, conforme a la legislación vigente, y con ello cerró una fase clave.

Ahora la resolución está en manos del Tribunal Estatal Electoral, donde no hay zona gris: o el caso se desmorona… o se desmoronan las aspiraciones políticas del Rulo antes de despegar.

Y por si fuera poco, el tema ya escaló a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Fiscalía General del Estado, donde se indaga la posible alteración de documentos, abriendo un frente que podría ir más allá de lo electoral.