La disputa por el control de la franja que va del Triángulo Dorado a Ojinaga, en la parte oriente de la frontera con Estados Unidos, tiene a las autoridades y a la población con el alma en vilo. Y no es para menos.

Durante buena parte de la mañana y la tarde del miércoles, las autoridades estatales y federales, actuando de forma conjunta, batallaron para restaurar el orden en el corredor que va de Aldama a Ojinaga, donde se libraba una lucha a tres frentes: entre dos bandos delictivos y de estos contra las fuerzas del orden público.

Según le contaron a Mirone, se trata de una disputa a brazo partido —y arma cargada— entre el cártel conocido como Los Cabrera, originario de Durango, y La Línea, heredera del histórico cártel de Juárez.

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De acuerdo con lo que fuentes operativas le confiaron a Mirone, lo ocurrido el miércoles entre Aldama y Ojinaga fue una “devolución de cortesía”, por ataques recibidos en semanas anteriores, así como por los golpes que se han asestado mutuamente y los que les ha propinado el Estado mexicano mediante operativos coordinados entre el Ejército, la Guardia Nacional y las policías estatales.

La quema de casas y negocios en Ojinaga y Aldama fue respuesta a acciones similares en días previos al “día de furia” del miércoles 22 de abril. Sin embargo, el cierre de la carretera con un tráiler atravesado y artefactos ponchallantas envió un mensaje directo a la autoridad: no se metan.

Por ello, las fuerzas del orden —en referencia a la acción sincronizada entre el Ejército, la Guardia Nacional y el estado— recurrieron al patrullaje aéreo durante buena parte de la jornada.

Mientras eso ocurría, estudiantes de Ciudad Aldama regresaron a sus casas para tomar clases a distancia, muy al estilo pandemia, ante el riesgo que implicaba salir a la calle.

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Y mientras se daban con todo en ese corredor, en la otra punta de la madeja —el Triángulo Dorado—, un grupo de sicarios se enfrentó a tiros con las mismas fuerzas del orden. El saldo: tres presuntos agresores lesionados y detenidos. Sí, pero también una parte de la capacidad operativa del Estado ocupada en un punto recóndito de la Sierra Tarahumara.

Ese es —y ha sido— el problema que enfrentan las operaciones conjuntas en Chihuahua: deben cubrir una franja de más de 600 kilómetros, entre Guadalupe y Calvo y Ojinaga, que por tierra implica recorridos de hasta nueve horas.

Grupos de, por lo menos, 100 efectivos para resguardar esa extensión. Muy bien. El problema es que existen otros frentes igual de amplios que demandan contingentes de tamaño similar.

Ahí está el detalle: ni el Gobierno del Estado ni las fuerzas federales pueden desplegar operativos de esa magnitud en todos los puntos, al mismo tiempo.

La consecuencia no es solo operativa, es estructural: el Estado corre detrás del conflicto, mientras los delincuentes lo administran.

Y así, entre despliegues que no alcanzan y territorios que no se pueden cubrir, la pregunta deja de ser quién controla la plaza… y empieza a ser cuánto territorio está dispuesto el Estado a perder antes de recuperarlo.

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La mañana del jueves 23 de abril inició con malos augurios para la relación entre el Gobierno del Estado y el federal, y peores noticias para la seguridad pública en Chihuahua.

Durante la “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que había intentado comunicarse con la gobernadora María Eugenia Campos Galván, pero no logró contactarla. Por lo visto en la transmisión, a la mandataria le causó cierta gracia, pero no hay ningún motivo para reírse de la situación.

Se trata de un indicador de que no hay comunicación entre quienes tienen a su cargo la gobernabilidad, y de que los puentes institucionales están debilitados. Aquí no hay malos contra peores: la comunicación corre en dos sentidos y, si se cae, es responsabilidad de ambas partes.

La relación fría —si no es que ausente— entre la presidenta y la gobernadora de Chihuahua se arrastra prácticamente desde el proceso electoral de 2024, y ayer alcanzó un punto crítico: de no coincidir en actos públicos, pasamos a no contestar llamadas. Mala hora para Chihuahua.

Horas después, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con Campos Galván que no alcanzó ni los 60 minutos.

Dada la gravedad de los hechos, cualquiera podría esperar horas de análisis sobre la crisis de seguridad en la entidad. Pero no: dura más un episodio de una teleserie que una jornada de trabajo entre el responsable de la seguridad pública del país y la gobernadora de uno de los estados más violentos.

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En las horas previas, senadores prianistas y morenistas se enfrascaron en una confrontación verbal a propósito del caso de los agentes de la CIA que presuntamente participaron en un operativo en el estado.

Lo único que dejó ese encontronazo fue una señal clara: la seguridad será el eje de las campañas, y la relación entre los Gobiernos estatal y federal seguirá tan fría como una barra de hielo.

Porque no estamos hablando de cualquier operativo.

Si el Gobierno de Chihuahua envió un mal mensaje al mantener vínculos con autoridades estadounidenses por cuenta propia, el Gobierno federal tampoco deja del todo tranquilos: resulta inquietante que la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no estuviera enterada de dónde operaban efectivos del Ejército bajo su mando.

El solo hecho de admitir desconocimiento ya es grave. Que el Gobierno de Estados Unidos se haya sumado a la presión, lo vuelve todavía más delicado. Y si, además, no hay comunicación entre la gobernadora y la presidenta, lo que queda no es un malentendido institucional. Es algo peor: un vacío, uno donde nadie coordina, nadie asume y nadie responde con claridad.

Y en ese vacío —como ya ocurre en el terreno— no mandan los Gobiernos. Mandan otros… los malos.

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La verdad no le compramos que esté muy preocupado el hijo del fundador del PT en mejorar la función jurisdiccional; suena más a que anda en lo suyo: pelear posiciones para su gente o aligerar la carga en su sala con el personal que quiere.

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El caso es que a la columna llegó un reporte muy interesante con la plantilla del personal comisionado bajo la presidencia del tribunal, que ahora encabeza la magistrada Marcela Herrera Sandoval.

Según ese reporte, seis secretarios de sala fueron llevados a la presidencia, todos con sueldo de 25 mil 80 pesos y compensación de 49 mil 463 pesos, es decir, un ingreso total de 74 mil 543 pesos.

Pero no están revisando sentencias o apelaciones, sino comisionados en tareas de apoyo a la presidencia. En esas andan Alejandra Gutiérrez Chávez, Ana Luisa Anchondo Aguirre, Octavio Carrete Meza, Marco Antonio Vázquez Miramontes, Carlos Mauricio Chacón Fierro y Angélica Joselyn Lazos Mares.

Ahí son seis nombres, pero la lista que tiene Mirone es de 33 personas con plaza de secretarios de sala haciendo otras funciones, solo en el Distrito Judicial Morelos, donde suele concentrarse el recurso humano y material.

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Abajito de la presidenta Marcela, con el secretario general del Tribunal, Francisco Javier Fierro Islas, están asignadas otras ocho personas; tres en la Dirección General Jurídica, tres en la Unidad de Transparencia y tres en Gestión Judicial en Materia Penal.

Además, al menos una persona en áreas como Juicios y medios de defensa, Contractual, Visitaduría, Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas, Contraloría, Secretaría Ejecutiva del Órgano de Administración Judicial, Comisión de Administración, Inforaj, Unidad de Estadística Judicial y Dirección de Archivos.

De ahí que al interior del Tribunal Superior no solo haya molestia en el magistrado Aguilar, sino en varias salas, porque quienes tienen la capacidad para hacer el trabajo no están en su función original.

A ver cómo terminan las peleas de poder por las plazas en el Tribunal. En todas las áreas está el estire y afloje, con un manejo discrecional del personal.

Agandalles, exclusiones y favoritismos parecen ser la norma.

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Por distintos lados anda circulando una información sobre la bronca en que se habría metido la senadora suplente de Andrea Chávez, la agente aduanal Nora Yu.

Resulta que, por entrarle al quite de la chica del relevo generacional, la veterana empresaria —que antes pasó por el PRD y por el PRI— estaría poniendo en riesgo su patente como agente aduanal.

La Ley Aduanera establece los requisitos para obtener la patente y en uno de sus artículos señala que no se puede ser persona servidora pública.

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Claro que puede discutirse si lo mismo aplica para conservar la patente, o si el concepto de servidor público incluye a legisladores electos por voto popular.

Sin embargo, también puede señalarse que quien asume un cargo en el Senado podría enfrentar conflictos de interés con el sector al que pertenece, en este caso el gremio aduanal, si mantiene las dos cachuchas.

El caso es que trae muy buena grilla en contra la expresidenta de Canaco. Con tantos frentes abiertos a lo largo del tiempo, no sabría decir Mirone de dónde viene el ramalazo político.

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Bien puede ser del mismo gremio aduanal, de los comerciantes, o de las tribus morenistas que en estos momentos se están dando hasta con la cubeta.

Nora Yu ya tomó protesta como senadora suplente, y no existe suplente de la suplente, así que si se llegaran a complicar las cosas con algún recurso legal, tendría que verse en la disyuntiva de dejar la patente.

A ver cómo se resuelve el entuerto, si es que verdaderamente hay carnita para un conflicto legal con repercusión política. Por ahora, no se ve cómo pudiera regresar a su curul la titular Andrea Chávez.