Como andan muy inquietos los jueces civiles y familiares por los procedimientos abiertos en contra de dos que tres personas juzgadoras que se pasaron de lanzas, el Tribunal de Disciplina Judicial en el Distrito Judicial Bravos promovió una encerrona en esta frontera.

Aprovechando que el pleno sesionó acá, con sus cinco integrantes, el Tribunal invitó a jueces y juezas a una reunión de más de dos horas, ahí donde antes estaban las oficinas de Gobierno del Estado, en el eje vial Juan Gabriel, enseguidita de los juzgados.

Hubo quienes vieron el acto como una leída del cartillón para que se porten bien, sean probos, honestos y diligentes a la hora de administrar justicia; pero también hubo quien lo consideró más como una estrategia para tranquilizarlos.

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Como quiera que haya sido, todos conocieron de viva voz de los integrantes del Tribunal, que encabeza Francisco Acosta Molina, las etapas de los procedimientos disciplinarios, en torno a las cuales se despejaron varias dudas.

Juezas y jueces han estado bastante inquietos porque sienten que no se ha seguido el debido proceso y no se les ha dado oportunidad de defenderse, particularmente quienes ya enfrentan procedimientos derivados de quejas de su propio personal.

En ese sentido, se aclaró que se trata de etapas procesales, y que en los casos que han trascendido —como el del juez Hiram Arroyo— apenas se está en la fase de investigación. Realmente el proceso o juicio no se ha abierto y ni audiencia inicial se ha fijado.

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Si bien se aclararon dudas y se tranquilizaron ánimos, no faltó quien considerara que les vinieron a decir “no se preocupen, somos parte del mismo equipo… pero nos los vamos a fregar”.

Acosta dio su mensaje político de manera bastante explícita, al señalar que no van a actuar como la Santa Inquisición, ni procederán oficiosamente para atender los humores mediáticos.

Lo que también se informó en el encuentro es que el juez en materia civil Rubén Trejo Ortega, fue designado como enlace de los juzgados con el Tribunal de Disciplina Judicial.

A ver cómo terminan los casos que siguen dando mucho de qué hablar, ya que el juez familiar Miguel Arellano Sosa, el famoso Miguelón, continúa acumulando quejas casi todos los días.

Ayer, más de dos lo volteaban a ver mientras los integrantes del Tribunal explicaban todo lo que conllevan los procedimientos disciplinarios, aunque él no parecía estar preocupado por nada.

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Hasta el pasado sábado, los operadores electorales de César Jáuregui calculaban que el hallazgo y posterior destrucción del mayor narcolaboratorio de drogas sintéticas localizado en el estado —y, según algunas versiones, en el país— obraría a su favor para apuntalarlo como favorito en la disputa por la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal.

Eso fue hasta el sábado, e incluso todavía entrado el domingo. Sin embargo, el lunes, muy temprano por la mañana, el castillo de naipes se vino abajo.

En las primeras horas del día, la presidenta Claudia Sheinbaum denunció que la presencia de agentes extranjeros —estadounidenses— en un operativo policial en México podría constituir una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

De entrada, el dardo le daba en la mera punta de la nariz al fiscal-precandidato, pero eso apenas empezaba. Avanzada la mañana, el propio Jáuregui se encargó de enredar tanto las cosas que ahora no se ve cómo pueda salir a hacer campaña sin llevar sobre la cabeza la espada de la Fiscalía General de la República.

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Empecemos por el principio: el primer comunicado emitido por la FGE de Jáuregui, el sábado 18 de abril de 2026, informó sobre el descubrimiento de dos laboratorios clandestinos, uno de ellos de más de 800 metros cuadrados.

En el comunicado se precisa, desde el primer párrafo, que se trató de un operativo en el que participaron la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, ambas del Gobierno del Estado, pero también la Secretaría de la Defensa Nacional. Este dato vuelve aún más interesante el tema.

Un día después, en conferencia de prensa, se dio a conocer el accidente vial ocurrido en los mismos lares —aunque Jáuregui asegura que en puntos y momentos muy distintos—, en el que fallecieron elementos de la Fiscalía General del Estado y dos agentes estadounidenses. Y así dejaron el dato.

Tras la fuerte llamada de atención de la presidenta, Jáuregui salió a decir que los dos estadounidenses, en realidad, no iban con ellos; que solo les pidieron un “ride”, pero que andaban en otras tareas ajenas al operativo de los narcolaboratorios.

Desde ahí la versión suena extraña: dice que los agentes necesitaban un “aventón” porque tenían previsto un viaje para el día siguiente y les urgía llegar a Chihuahua. ¿Vinieron a impartir un curso de manejo de drones a un punto en medio de la nada y no previeron cómo regresar? Tratándose de una agencia del Gobierno estadounidense, suena francamente traído de los cabellos.

Las versiones que aparecieron durante el martes 20 pusieron a temblar la narrativa del fiscal chihuahuense: que no eran dos, sino cuatro los involucrados en el accidente, y que no eran “capacitadores”, sino elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El dato lo difundió primero un medio nacional, pero luego lo retomaron tanto The Washington Post como The New York Times. Uuuppssss… y megaups.

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Si las cosas siguen así, el aún fiscal del estado deberá pensársela muy bien y ponerse a la entera disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, la “Dama de Hierro”; de lo contrario, bastará con que pierda el fuero un solo minuto para que le endilguen la causa penal.

¿Pegó en el Gabinete? Sí, pero principalmente en el acomodo de fichas del PAN. Ahora tendrán que pensársela muy bien antes de contemplar la licencia de Jáuregui para que se vaya a hacer campaña.

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No ha hecho erupción públicamente, pero está ahí, bajo la superficie, esa ebullición por el conflicto interinstitucional que atoró el programa de las Viviendas del Bienestar en Juárez.

Hay mucho de fondo por la falta de fuentes de suministro de agua para sustentar cualquier nuevo desarrollo, pero también de coyuntura política, ante el acelere de los tiempos electorales rumbo al 2027.

El hecho contundente es que, solo en Ciudad Juárez, ahí donde se librará la madre de todas las batallas electorales el próximo año, no se ha avanzado en la construcción de viviendas de uno de los programas insignia del Gobierno Federal y la 4T.

Se batalla por el agua en todo el suroriente, lo cual ya no es novedad, pero ahora sí se pusieron estrictos en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y no se han otorgado las factibilidades, esas que, aunque no haya nuevas fuentes de suministro, suele expedir sin problema la descentralizada cuando se trata de construir naves industriales o fraccionamientos privados.

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Pero no solo por el lado del organismo operador del agua no se le ha movido al tema de las factibilidades. Tampoco la Comisión Nacional del Agua ha encontrado solución al problema del abasto, ni termina por clarificarse qué debería hacerse para resolverlo.

Lo que supo Mirone es que, cuando se puso sobre la mesa interinstitucional el programa federal —para que los tres órdenes colaboraran en la estrategia que pretende ofrecer vivienda económica y digna, incluso a quienes no cotizan en el Infonavit—, hubo un compromiso del Gobierno Municipal para hacerse cargo de los servicios públicos.

El Gobierno del Estado entraría a una segunda fase del programa con la donación de un predio de 23 hectáreas y una inversión de 100 millones de pesos, pero se supone que, para los servicios, le entrarían el Municipio y hasta la Conagua, en cuanto al suministro de agua.

Habrá que ver qué dice exactamente el convenio, porque el suministro de agua para cualquier desarrollo de vivienda urbana le corresponde al organismo descentralizado estatal.

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Por cierto, ni la JMAS ni la Junta Central de Agua y Saneamiento habían entrado previamente a armar un plan maestro para garantizar el suministro en la zona suroriente, donde se habla de que se requieren al menos mil millones de pesos.

Nadie los tiene y nadie los ofrece.

Y si ni Federación ni Estado garantizan una suficiencia presupuestal de ese tamaño, menos el Gobierno Municipal.

El tamaño de las obras y de la inversión es de tal magnitud que requeriría el concurso de los tres órdenes de Gobierno. Lo lamentable es que no parece haber interés de todos por sentarse a la mesa para resolverlo.

Cualquier malpensado creería que hay a quien no le conviene que se resuelva y que se entreguen viviendas antes de las elecciones del próximo año.

En un comunicado de prensa estatal, se informó que existen avances en la construcción de hogares del programa “Vivienda para el Bienestar” en distintos municipios de la entidad, “donde los proyectos cuentan con infraestructura básica que permite desarrollos habitacionales funcionales y sostenibles”.

Respecto a Juárez, se señaló que “el Gobierno del Estado mantiene la coordinación interinstitucional para el desarrollo del programa y continúa a la espera de que se definan las condiciones de disponibilidad de agua por parte de las instancias correspondientes, conforme a los compromisos establecidos en las mesas de trabajo”.

Ya veremos en los próximos días si escala el diferendo o se logran acuerdos.

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El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aumentará su influencia en el Congreso del Estado una vez que se convierta en grupo parlamentario, con la adhesión de la diputada Rosana Díaz Fuentes, actual integrante de la bancada de Morena.

Díaz, quien representa al Distrito IV de Juárez —mismo que ganó dos veces bajo las siglas de Morena—, se separará del partido guinda y se integrará al bloque oficialista que conforman PAN, PRI, PT, Movimiento Ciudadano y ahora el PVEM.

Esto ocurrirá una vez que concluya el proceso iniciado en su contra ante la Comisión de Honestidad y Justicia, por haberse ausentado de la sesión donde se aprobó aumentar la deuda pública del estado.

Así, ya no tendrá necesidad de decir que va “al baño”, porque ahora podrá votar con entera libertad a favor del oficialismo y en contra de su expartido. ¿Para qué seguir haciéndole al cuento y a la urgida de ir al “wáter”?

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¿Cambia en algo el estado de cosas? Por supuesto, ¡y de qué manera!

Octavio Javier Borunda, diputado único del PVEM, asumirá la coordinación de su grupo parlamentario en el Congreso del Estado, luego de la adhesión de Díaz.

Con este movimiento, el PVEM deja de ser una representación unipersonal y adquiere formalmente la figura de grupo parlamentario, lo que implica no solo mayor peso político en la toma de decisiones, sino también acceso a recursos adicionales dentro del Poder Legislativo.

La representación del partido del tucán regresó al Congreso del Estado en la actual legislatura, luego de quedar fuera en la anterior al no reunir el tres por ciento de votación que establece la legislación electoral.

Aunque en el ámbito nacional aparecen como aliados de Morena y se promueven como parte de la 4T, en Chihuahua el diputado Borunda ha votado en bloque con PAN, PRI y PT, por lo regular, a contrapelo de Morena.

En resumen, y para efectos prácticos, el PVEM le sumará un voto más al oficialismo estatal y, con ello, aumentará su capacidad de negociación. ¡Ay, grilla, no te acabes!

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En términos presupuestales, la coordinación parlamentaria conlleva ingresos superiores a los de un diputado regular.

Mientras la dieta base de un legislador local en Chihuahua ronda entre los 65 mil y 72 mil pesos mensuales, el coordinador puede acceder a compensaciones adicionales que elevan el ingreso total a un rango estimado de entre 100 mil y 150 mil pesos mensuales, considerando apoyos, prestaciones y recursos de operación.

Más allá del aspecto económico, la posición otorga al coordinador un rol estratégico en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano donde se definen acuerdos clave, distribución de comisiones y la agenda legislativa.

La incorporación de Díaz Fuentes resulta determinante en este reacomodo. Su salida de Morena deja a este partido con solo once votos y le da el ansiado voto 22 al bloque conformado por PAN, PRI, PT, MC y ahora el PVEM. ¡Tal como lo había advertido Mirone!

Este nuevo equilibrio podría incidir en la aprobación de iniciativas y en la dinámica de negociación política dentro del Congreso, en un contexto donde las alianzas de facto han pesado más que las formales.

Así, el ascenso de Borunda a la coordinación no solo representa un cambio administrativo, sino un cambio en la correlación de fuerzas, donde Morena sabrá lo que se siente que lo mayoritee un bloque de mayoría calificada un tanto artificial.

Los otros podrán decir: “para que vean lo que se siente cuando nos la hacen en las cámaras federales”.