Desde los pasillos de la UACJ volvió a encenderse un caso que parecía cerrado, pero que ahora regresa con más ruido: el pleito por la pensión de viudez de Víctor Valencia de los Santos, que no solo revive viejas polémicas sobre su paso por la universidad, sino que abre un nuevo frente legal por dinero.

Los antecedentes que le llegaron a Mirone es que, cuando Valencia estaba en la cúspide del poder tricolor, antes de que terminara el siglo pasado, consiguió para él una plaza de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Desde entonces generó polémica interna, porque él andaba en lo suyo: la política y la administración pública, además de que ya tenía otra plaza en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Para acabar pronto: lo que se cuestionaba es que aquello fuera una típica aviaduría.

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Pero así se quedó el asunto, sin mayor problema, al menos hasta que arribó a la rectoría Juan Ignacio Camargo, en el 2018.

Algún pendiente tendría con Valencia, el caso es que obligó a que el eterno aspirante a la alcaldía por lo menos hiciera presencia frente al aula a partir de 2019, si es que quería conservar la plaza.

En esas andaba el político que fue tricolor prácticamente toda su vida, hasta que tomó distancia en 2017 y se convirtió en colaborador de la administración independiente de Armando Cabada en 2018.

Sin embargo, lo sorprendió la muerte en 2020, en plena pandemia de Covid-19.

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La viuda reclamó en su momento a la UACJ la pensión por viudez, pero su solicitud fue rechazada bajo el argumento de que no tenía derecho.

Ella no se quedó así, metió demanda y, después de un largo proceso, la ganó, por lo que la Universidad tuvo que desembolsar una cantidad considerable.

Pero el asunto no terminó ahí.

Lo último que supo Mirone es que ahora los abogados que llevaron el proceso laboral traen en trámite una demanda por la vía civil, reclamando el pago de sus honorarios, de esos que suelen representar hasta el 30 por ciento de lo obtenido.

Lo que trascendió es que la viuda cambió de defensa legal y, como los primeros no llegaron hasta la sentencia, presuntamente no les pagó. Eso es precisamente lo que ahora reclaman.

El caso es que los asuntos de Valencia siguen dando de qué hablar, incluso después de que el político dejó el plano terrenal.

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La nueva presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ada Miriam Aguilera, quiso dejar claro desde el principio que su militancia panista no era relevante. Fue una decisión personal, dijo, no mencionarla expresamente durante el proceso, porque lo importante era su trayectoria, experiencia y perfil técnico. Todo correcto. Nada ilegal. Nada que impidiera su designación.

Su argumento jurídico luce impecable: la ley establece como requisito no haber ocupado cargos directivos de partido en los últimos cinco años y, en su caso, ya pasaron siete. Solo al expresidente Peña Nieto se le ocurriría decir que “siete es menos que cinco”.

El detalle es que, en política, lo que no es relevante en el papel suele volverse estruendoso en el contexto actual, donde las campañas ya empezaron, digan lo que digan las autoridades electorales.

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El simbolismo político incluye la presidencia de un organismo autónomo, un Gobierno estatal del mismo partido y una militancia que no es pasada, sino vigente. Hasta por casualidad: la CEDH y el PAN estatal son vecinos, comparten barrio, avenida y manzana; ahora también tienen a una militante al volante.

No hay impedimento legal, ciertamente, pero tampoco hay mucha distancia simbólica. En política, “la forma es fondo”, decía Jesús Reyes Heroles, y en los organismos de derechos humanos, a veces la percepción pesa tanto como la norma.

La propia titular del organismo también dejó claro que seguirá siendo militante, aunque sin participar en campañas. Si se va a mantener al margen, ¿por qué no pedir licencia? Y si no hacía daño, ¿a qué viene ocultar el dato o ponerlo incompleto?

Ojo: su exjefe, César Jáuregui Moreno, es aspirante a candidato a la alcaldía de Chihuahua y ha andado desatado por aquí y por allá haciendo algo que, en buen cristiano, se llama precampaña. Vale anotar el dato.

Eso es lo que cala aún, pese a los buenos intentos de la primera “ombudsperson” del estado por acercarse a todos los actores involucrados en el proceso de elección.

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Ahí aparece el segundo elemento que vuelve más interesante la discusión: su paso inmediato por la Fiscalía General del Estado.

Durante cuatro años y medio formó parte de la Fiscalía especializada en violaciones a derechos humanos y desaparición forzada. Es decir, trabajó dentro de una de las instituciones que con mayor frecuencia recibe quejas ante la propia Comisión.

Nada irregular tampoco. Al contrario, el argumento es que conoce el funcionamiento desde dentro. Pero ese mismo conocimiento es el que ahora alimenta la duda política: pasa de la institución que respondía recomendaciones al organismo que tendrá que emitirlas.

La presidenta explicó que el rechazo de varias recomendaciones por parte de la Fiscalía obedecía a análisis técnicos, elaborados por equipos jurídicos que valoraban cada caso. Una explicación institucionalmente correcta. Aunque, otra vez, la discusión no es tanto jurídica como política.

Nada de esto invalida su nombramiento. Pero sí coloca la vara un poco más alta. La independencia, en este caso, no se presumirá: tendrá que notarse.

Tampoco le quita méritos profesionales: su presentación y su exposición ante el Congreso, previo a la elección, dejó con el ojo cuadrado hasta a la bancada morenista que tanto la impugnó después. Ese no es el problema.

El detalle es que la nueva presidenta llega con experiencia en derechos humanos, conocimiento interno de las instituciones y respaldo legislativo, pero del grupo gobernante y nada más.

También llega con un contexto que hará que cada recomendación relevante se lea con lupa.

Definitivamente no es un problema legal, sino un reto político.Y en los organismos autónomos, ese reto suele empezar desde el primer documento incómodo. Ahí estará la primera prueba de fuego para una mujer que ya tiene un lugar en la historia: el nombre de su cargo terminará con “a”, y eso no es cosa menor.

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Ni por el lado del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, ni por el de la senadora Andrea Chávez, quitan el pie del acelerador cuando está tan cerca el tiempo de las definiciones de Morena rumbo al 2027.

Sigue sin salir la convocatoria, pero ambos saben que las encuestas “oficiales” prácticamente están por aplicarse y también tienen la certeza de una fecha: todo quedará dicho antes del 3 de agosto, cuando se abra el registro de los aspirantes a las coordinaciones distritales federales, proceso que iniciará justo cuando termine el de la coordinación estatal de la defensa de la transformación.

Así que no hay días de guardar.

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Se puso Cruz en sintonía con el calendario de la Semana Santa y fue a dar el jueves hasta la comunidad de Basihuare, Guachochi, donde participó en la bendición de las palmas, en una ceremonia que combina lo cristiano con la cultura rarámuri.

Anduvo también en el municipio de Bocoyna, en plan de conocer y reflexionar, pero sin dejar de hacer lo suyo en cuanto al trabajo político para lo que viene en Morena y en la elección constitucional por la gubernatura en el 2027.

Tampoco la senadora Andrea Chávez paró en los días santos. Se quedó en Juárez, pero dándose vuelo con la entrega de sillas de ruedas. Anduvo por el rumbo de Villas de Salvárcar y por Juárez Nuevo.

Previamente recorrió, con ese mismo objetivo Urbivilla del Prado, Parajes de Roma etapa 2 y Praderas del Sol.

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Hay una lógica en esos movimientos. Al interior de Morena señalan que Cruz trae mejores números en Juárez y que Andrea en los demás municipios del estado.

Donde también sigue el movimiento por subir en el posicionamiento previo a las encuestas es en la colocación de propaganda. Como en las reglas que fijó el Consejo Nacional de Morena nada más se habló de la prohibición de anuncios espectaculares y nada se dijo de las bardas, ahí está otro terreno de lucha por los espacios.

La leyenda #EsCruz sigue apareciendo por todos lados, aunque el #EsAndrea no se queda atrás.

Mientras se acelera esa carrera, Morena ya fijó para el 3 de mayo la instalación del Consejo Municipal en Juárez, la instancia que aglutinará a cada presidencia y cada secretaría de los recientemente conformados Comités Seccionales.

Dirigir el trabajo de los consejos en todo el estado será una de las primeras tareas que tenga la persona que gane la designación de la coordinación estatal de defensa de la transformación.

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La sequía y el Tratado Internacional de Aguas volverán a ser la mecha que encienda el clima preelectoral del estado durante el ciclo agrícola actual… y de aquí en adelante.

Mientras el Gobierno de México tiene urgencia de ver de dónde saca 431 millones de metros cúbicos de agua para cumplir con el dichoso tratado, las fuerzas políticas del estado ya afilan cuchillos para entrarle al tema y repetir el escenario de confrontación que vimos en 2020, del cual se tuvieron resultados funestos.

El exhorto aprobado por el Congreso del Estado, dominado ampliamente por el PAN y sus aliados, fue el toque de arranque de un conflicto que se vivirá en Chihuahua y en las otras dos entidades fronterizas involucradas: Coahuila y Tamaulipas y, en una de esas, hasta Nuevo León, aunque no esté contemplado.

México entregó recientemente 249 millones de metros cúbicos para abonarle a una deuda de agua que parece tasada en UDI’s, porque sube y sube y, aunque le paguen, nomás no baja el boquete.

Sin embargo, al corte de este 2026, la cuenta obliga a pagar 431 millones de metros cúbicos durante el año. Y nomás no se ve de dónde.

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Y mientras el tiempo apremia y el Gobierno del presidente Donald Trump amenaza con atizarle a los aranceles a las importaciones desde México si no se paga y se deja en blanco la cuenta, acá en Chihuahua el tema ya es bandera y punto de arranque de quienes, hace seis años, la ondearon para sacarle raja político-electoral, y con muy buenos resultados.

En Delicias, el alcalde Jesús Valenciano ya ha llamado a destituir al director de la Conagua en Chihuahua, Román Alcántar, y a movilizarse para evitar que las presas del Distrito 005 se usen para pagar el cuentón que se le debe a Estados Unidos.

En Camargo, el diputado local y exalcalde Arturo Zubía promovió el punto de acuerdo en el Congreso para llamar al Gobierno de México a que no toque la presa El Granero —la caja de donde sale el pago desde la cuenca del Conchos— para darle al “abonero” Trump.

De esa forma, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum queda entre la espada y la pared: o le paga a Estados Unidos o prende la mecha política en los estados fronterizos. Una de las dos va a suceder, ni duda cabe.

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El problema es que las condiciones de 2026 se parecen mucho a las de 2020, el año del conflicto, porque los niveles de almacenamiento en las presas son muy similares entre ambos periodos.

Datos recientes indican que las principales presas del sistema del río Conchos —La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero— se encuentran en conjunto alrededor del 44 o 45 por ciento de su capacidad, un nivel prácticamente equivalente al registrado en 2020.

La presa La Boquilla, la más importante del sistema, se ubica actualmente alrededor del 38 por ciento de su capacidad. En 2020, cuando se intensificó el conflicto, su almacenamiento estaba entre 30 y 33 por ciento.

La presa Las Vírgenes muestra un escenario distinto, con niveles cercanos al 69 por ciento, por encima del aproximadamente 30 por ciento reportado durante el conflicto de 2020.

Sin embargo, El Granero, clave para las entregas hacia el río Bravo, se mantiene entre 25 y 33 por ciento, en rangos similares a los registrados hace seis años.

Así como está el panorama, lo único que queda para que el ambiente político no prenda como la yesca que ha provocado la sequía en el campo es que se cumpla el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y que el fenómeno de El Niño traiga mucha lluvia a Chihuahua.

Dicho de otra forma, estamos a expensas de que el mentado chamaco meteorológico se porte bien… y llene de agua las presas.