Desde los juzgados del eje vial Juan Gabriel, le llegó a Mirone el reporte de la situación crítica que se vive en el Juzgado Sexto Familiar por Audiencias.

Ya cargaba ese juzgado una historia de ineficiencia de muchos años atrás. Conflictos, rezagos, tortuguismo, grillas internas y personal poco dispuesto parecen ser una característica inherente, una especie de herencia maldita. Pero todo se agravó cuando mandaron ahí a la persona más inexperta o con el perfil menos adecuado, tras la sacudida al Poder Judicial por la reforma que permitió la elección por voto popular.

José Miguel Arellano Sosa, mejor conocido como Miguelón, tenía carrera, pero nada más como archivista, principalmente en los juzgados civiles, aunque también en los familiares. Era más conocido por la tiendita o changarro que administró por años en su lugar de trabajo, para abastecer chocolates y papitas al personal.

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Antes de inscribirse como candidato y ganar la elección —ya no supo Mirone a qué acordeón se coló—, Miguelón tenía apenas un par de meses en la Defensoría Pública y empezaba a conocer el sistema.

Quién sabe por qué razón, quizá como castigo por atreverse a competir, fue asignado al juzgado al que todo mundo le ponía y le sigue poniendo la cruz, por todas las mañas que ahí se hicieron costumbre y por el rezago acumulado. Expedientes perdidos, trámites atorados, tiempos interminables.

No nadamás hay retraso de meses para cualquier acuerdo. También le reportaron a Mirone que hay estrés, gritos, llantos y mal ambiente laboral. No pudo imponerse el juez, ni traía con qué en cuestión de formación. También le falló el liderazgo y le faltó prudencia, le cuentan a este Don. Como resultado, todo se atoró: la justicia simplemente no caminó.

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Tan complicada se puso la situación para el juez, que ya intentó renunciar, tirar el arpa, pero supo Mirone que de entrada le dijeron que no. La mandamás de la carrera judicial y comisionada del Órgano de Administración Judicial, Minerva Correa, le señaló que si dejaba sus responsabilidades, hasta un procedimiento le podrían abrir.

Se supone que están revisando cómo resolver el entuerto, pero el caso es que lo que ocurre en el Juzgado Sexto Familiar está de locos, tanto para los usuarios como para el personal y hasta para el propio juez, que no halla la salida.

Así que tenemos otro caso más dentro de las consecuencias que se preveían con la reforma y la implementación del voto popular en el Poder Judicial, que no necesariamente llevó a los juzgados a los perfiles más adecuados.

Paradójicamente, muestra también la necesidad de sacudir de fondo las estructuras enquistadas en los juzgados, que fue a lo que llegó a enfrentarse, fallidamente, el juez Arellano. Encontró un barco ladeado… pero en lugar de enderezarlo, lo terminó de hundir.

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La Fiscalía General del Estado parece de esas bandejas de entrada a donde llegan decenas de correos al día, pero cuyo dueño ni siquiera se toma la molestia de abrirlos. Simplemente los deja ahí, en el olvido, o de plano los borra cuando ya se le llenó la capacidad de almacenamiento.

Al menos así le hace con las recomendaciones de derechos humanos que le llegan de los órganos defensores, sea el estatal o el nacional, porque nomás no las acepta ni las reconoce. Manda decir que no… y punto. Háganle como quieran.

La tendencia a acumular recomendaciones al por mayor se acrecentó durante la gestión del actual fiscal, César Jáuregui Moreno, cuando mandó a la bandeja de “spam” 24 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y dos más de la Comisión Nacional.

Dicho en cristiano: cada vez que el ombudsman toca la puerta, en la Fiscalía lo dejan pasar a recepción, toman los documentos, les ponen el sello de recibido… y de ahí, a la dimensión desconocida.

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El dato no es menor. Porque si las recomendaciones existen es para corregir abusos, reparar daños y evitar que las violaciones se repitan. Pero cuando la mitad se batea, el mensaje que queda flotando en el aire es que los derechos humanos son, para la institución, más sugerencia que obligación.

Así que, en números redondos, la Fiscalía de Jáuregui ha convertido el “se recomienda” en “se agradece… pero no”. Y en ese juego, los únicos que siguen perdiendo son los ciudadanos.

Son 26 recomendaciones rechazadas —incluidas las de la Comisión Nacional— entre 2023 y 2026, lo que arroja un promedio de 8.6 por año, todas bateadas de jonrón.

Por año, y según datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fueron 11 en 2023, cinco en 2024, siete en 2025 y una en lo que va de 2026, más las dos de carácter nacional. Todo un récord.

Y eso que no estamos contando las que se recibieron y, hasta ahora, como que sí las aceptaron… aunque quién sabe.

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En total, la Comisión Estatal ha generado 40 recomendaciones dirigidas a la Fiscalía en tiempos de Jáuregui, cantidad que supera, y con mucho, a las que han recibido otras dependencias estatales, incluso las de carácter policiaco o de seguridad pública.

Es una marca que nadie quisiera tener, menos si se trata de una institución que, de una forma u otra, representa el lado fuerte del Estado.

Veintiséis recomendaciones rechazadas después, la conclusión es simple: en la Fiscalía, los derechos humanos no son obligatorios… son opcionales.

Al final, la Fiscalía ya convirtió las recomendaciones en correo basura. Y cuando los derechos humanos entran al “spam”, lo que se filtra no es la información… sino la impunidad.

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Los empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) comenzaron a recibir una curiosa invitación que no era precisamente a una fiesta de cumpleaños, sino a hacer aportaciones “voluntarias” a una cuenta que, supuestamente, corresponde a la Cruz Roja.

El mensaje, cuya copia llegó a las grandes orejas de Mirone, lo dice de manera contundente, casi lapidaria: “Por instrucción del Sr. Comisionado, sin excepción alguna, las personas que a continuación se enlistan deberán cubrir la aportación de la Cruz Roja (sic)”.

Ni para dónde hacerse: la línea de autoridad está más que marcada para el empleado o empleada del famoso INM.

La aportación no es una cordial invitación a ayudar de manera altruista o a cooperar con alguna noble causa, sino una orden terminante salida desde la oficina principal del INM en Juárez.

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Acerca del pago, el mensaje enviado al personal de Migración está bien detallado: debe ser a la cuenta que se les indicó y, de preferencia, en el banco BBVA, porque, de ser así, ya no necesitarían anexar el Comprobante Electrónico de Pago (CEP) que emite el Banco de México.

Pero, si se hace desde otro banco, se deberá adjuntar el mencionado comprobante o, en caso de tener dificultades, pasar a la ventanilla y ahí caerse con su módica aportación.

¿Así o más claro?

Pero eso no es todo: las transferencias deberán contar con comprobante impreso, con el número de empleado y la unidad administrativa, cuyos datos deberán estar escritos de puño y letra.

¿Y eso? ¿Tanto vericueto para una aportación que se hace a través de la banca? Ni el abonero se pone tan requisitoso.

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¿De qué se trata la “invitación”? Por lo que se puede deducir, de una aportación a la noble y benemérita Cruz Roja Mexicana. Si es así, bravo por los empleados del INM, pero un zape al “Sr. Comisionado” por hacerlo de esa manera.

La colecta anual de la Cruz Roja se programa y se lleva a cabo con toda la formalidad que el caso requiere, pero tiene un elemento fundamental: su carácter voluntario.

Tanto el trabajo de salir a la calle con un cepo a pedir unas monedas como el gesto de quien decide donar, son actos de buena voluntad. Así funciona la ayuda: sin presión, sin línea, sin orden.

Otro cantar es eso que acabamos de ver: poner a los empleados a cooperar “por órdenes del jefe” y con comprobante en mano, con huella autógrafa.

Eso ya raya en otra cosa. O, por decir lo menos, en algo que pretende ser bueno… pero que huele muy mal.