Lo que ocurrió este martes en el Congreso del Estado no fue solo la elección de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), sino el banderazo de salida de la contienda electoral rumbo a la gubernatura de 2027.

El bloque oficialista logró lo que se había trazado desde el inicio del proceso: que Ada Miriam Aguilera Mercado, identificada con el PAN, quedara al frente del organismo encargado de garantizar los derechos humanos en Chihuahua.

Fue una carambola de dos bandas: además de colocar un perfil afín en un organismo autónomo, Acción Nacional y sus aliados alcanzaron el voto 22, con el que consolidan la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución local y las leyes secundarias.

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Para sorpresa de nadie, fue Rosana Díaz Reyes quien votó en sentido contrario a la bancada que la llevó al Congreso, tras dos periodos consecutivos como diputada por el Distrito IV.

Con ese movimiento, el escenario quedó definido: Morena se convierte en una minoría incapaz de frenar reformas constitucionales.

Desde antes de la sesión, el grupo parlamentario morenista ya mostraba su debilidad estructural. En bloque, denunciaron que Ada Miriam habría ocultado su militancia panista para aspirar a la presidencia de la CEDH.

Sin embargo, los números pesan más que los posicionamientos: once diputados no alcanzan para contener al bloque PAN-aliados, que ahora opera con control total.

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Durante la sesión, diputadas como María Antonieta Pérez y Leticia Ortega reforzaron la postura de Morena, cuestionando la elegibilidad de Ada Miriam por su vínculo con el PAN.

Al momento de la votación, los legisladores morenistas depositaron sus boletas con leyendas en defensa de la autonomía de la CEDH, lo que en los hechos representó una abstención política.

En contraste, Rosana Díaz mostró su boleta doblada, sin revelar el sentido de su voto. El resultado confirmó lo esperado: se sumó al bloque opositor.

Su adhesión al bloque mayoritario marca un límite político claro para Morena y su mensaje es muy directo: “Aquí no hay 4T, y si la hay, se desactiva”.

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La designación en la CEDH no llega sola. Forma parte de un paquete político más amplio: el control de organismos autónomos y la contención de reformas federales.

En ese contexto, la reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no avanzará en Chihuahua, ni tampoco la elección directa de regidores.

El mensaje político es contundente: mientras el bloque oficialista asegura el control institucional, la confrontación con la 4T se trasladará al terreno electoral y al impacto en la vida pública.

Lo ocurrido ayer martes no fue una votación más, sino el primer movimiento visible de una disputa mayor: la del relato político, el control del poder y el costo de las decisiones.

El tiro está cantado: la elección de 2027 empezó este martes, y lo que viene será una campaña permanente, sin tregua y con todo el aparato en juego.

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Después de que en Morena se decantaron las opciones para la candidatura a la alcaldía, prácticamente entre dos: Mayra Chávez o Juan Carlos Loera, ya comenzó con fuerza la rebatiña por las candidaturas a diputaciones, que simplemente no alcanzarán para tanto prospecto en Juárez.

El reparto será harto complicado, si hablamos de las diputaciones federales, porque solo son cuatro distritos con posiciones correspondientes a Juárez. Por cierto, todos esos espacios están actualmente en manos de Morena y sus aliados, conforme a los resultados electorales de 2024.

Si a eso se suma que quienes hoy ocupan el cargo pueden, en teoría, reelegirse rumbo a 2027, la situación se vuelve todavía más cerrada. Aunque en los hechos, los partidos pueden decidir no volver a postular a quienes ya fueron sus candidatos, el margen de maniobra es reducido.

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En ese escenario, Daniel Murguía (Distrito 01), que juega con cierta independencia, está en su segundo periodo, y será complicado que alcance un tercero. Mayté Vargas (Distrito 02) ya suma tres periodos, por lo que todo indica que no podría aspirar a un cuarto, y tendría que buscar espacio en el Congreso local, donde la competencia también será intensa. Ella se alineó desde hace tiempo con el proyecto de Cruz Pérez Cuéllar.

Se ve más probable que Murguía y Mayté queden fuera, que lo mismo ocurra con Lilia Aguilar (Distrito 03) y Alejandro Pérez Cuéllar (Distrito 04). En el caso de Lilia, mantiene control dentro del PT, partido que la postuló, mientras que Alejandro tiene peso suficiente en el Partido Verde para repetir, salvo una indicación distinta desde el nivel nacional o un ajuste político de su grupo.

La lista de aspirantes es amplia. Desde el equipo montielista, aparece en primera línea Cuauhtémoc Estrada, actual coordinador de la bancada de Morena, quien ya ha mostrado aspiraciones mayores, incluso por la alcaldía o la gubernatura.

Con la alianza Ariadna Montiel–Cruz Pérez Cuéllar, hubo una reconfiguración de proyectos. Hoy, Estrada respalda la ruta de Cruz hacia la gubernatura y la de Mayra Chávez por la alcaldía, lo que lo perfila como un posible candidato a diputado federal, dada su experiencia legislativa.

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Queda la incógnita de a quién más impulsará Ariadna Montiel hacia San Lázaro. Mientras tanto, quienes no puedan reelegirse ni alcanzar una candidatura federal, podrían encontrar espacio en proyectos locales, sobre todo si Mayra Chávez llega a la Presidencia Municipal o si Cruz concreta la gubernatura.

En una reunión reciente, Montiel adelantó a su equipo en el Congreso del Estado —particularmente a quienes van en su primer periodo— que la apuesta es que busquen la reelección, lo que también cierra espacios.

Del lado de los perfiles cercanos a Cruz, han sonado Rubí Enríquez, presidenta del DIF, y Ana Estrada, síndica municipal, quien en los hechos ya se alineó al proyecto de Mayra Chávez.

También emergen nuevos actores, como Iván Pérez, desde la Cámara Nacional de Comercio, quien, sin ser de origen morenista, podría ser impulsado por ese grupo.

No se puede dejar fuera a Armando Cabada, con conexiones a nivel central en Morena, quien podría buscar una candidatura por mayoría si no se concreta su posición plurinominal.

Entre otros perfiles, destaca Belinda Díaz, representante local de la Secretaría de Economía, con respaldo previo de Marcelo Ebrard, así como Luis Mario Baeza, suplente de Loera en el Senado, quien ha construido redes propias en la capital del país.

Las manos ya están levantadas en todos los grupos. La competencia interna apenas comienza, pero las definiciones de fondo dependerán de una variable clave: cómo se resuelva la candidatura a la gubernatura.

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El martes pasado, la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, llego a Chihuahua capital a repartir, cual Santaclós vestido de guinda, becas y apoyos para personas con discapacidad, justo cuando en Morena corren tiempos de definición de candidaturas.

La aspirante a la Presidencia Municipal de Juárez anunció que el programa suma 3 mil 611 nuevos beneficiarios, quienes recibirán 3 mil 300 pesos mensuales por parte del Gobierno federal.

Nada mal para un estado donde no existe un presupuesto específico para apoyos directos. Porque sí, más de 3 mil nuevos beneficiarios también pesan en una encuesta electoral.

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Si bien, Mayra busca posicionarse en Juárez, su presencia en otras ciudades responde a una estrategia de grupo encabezada por Ariadna Montiel.

La apuesta no es menor: la gubernatura, el Congreso local, los municipios competitivos y la alcaldía de Juárez.

En el morenismo ya dan por hecho que las giras de la delegada por la capital serán más frecuentes y que también se dejará ver en Cuauhtémoc, Delicias y Parral, donde Morena estuvo cerca de ganar en 2024.

Programas hay de sobra. Y con ellos, pretexto para convocar medios, posicionar imagen y fortalecer estructura.

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En ese terreno, el bloque de Ariadna Montiel parece tomar ventaja frente al de Andrea Chávez, quien mantiene presencia en redes, pero con menos margen para operar sin que se interprete como precampaña.

La estrategia está bien tirada: posicionarse en Juárez, crecer en el estado y abrirle camino al proyecto de grupo rumbo a la gubernatura.

Mientras tanto, desde la 4T se insiste en que los programas sociales no tienen fines electorales.

Puede ser. Pero en la práctica, 3 mil 300 pesos mensuales a personas en edad de votar también cuentan… y mucho.

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Todavía no termina la grilla en el Sindicato del Personal Académico del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (Spaicsa), de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

El proceso de renovación de dirigencia sigue abierto luego de que Lourdes Almada Mireles, quien perdió por apenas tres votos la elección a la Secretaría General, solicitó un recuento voto por voto.

La diferencia fue mínima: 73 votos para Almada contra 76 para Thelma Artalejo, quien fue identificada como la candidata de las estructuras oficiales universitarias y ya formaba parte del sindicato como secretaria de Finanzas.

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No solo Almada impugnó. El recurso fue presentado ante la Comisión Electoral, presidida por el exrector Willy Campbell, junto con Edith Vera Bustillos, candidata a la Secretaría de Acuerdos.

En ese caso, la diferencia también fue cerrada: 92 votos contra 88, a favor de Paulina Calderón Márquez.

En redes sociales, ambas explicaron que el recuento es necesario debido a la mínima diferencia de votos y a la posibilidad de errores en el proceso.

“Con dos votos mal clasificados o contados, el resultado cambiaría radicalmente”, señalaron.

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Las académicas sostienen que el recuento es clave para dar certidumbre al proceso, al considerar que pudieron existir fallas en el conteo o clasificación de votos.

Aunque no detallaron irregularidades específicas, apuntaron a que “la imperfección humana” puede derivar en errores que influyan en el resultado final.

El proceso, sin embargo, quedará en pausa momentánea, ya que la UACJ se encuentra en periodo vacacional, por lo que la revisión se retomará una vez que se reanuden las actividades.

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Más allá de la impugnación, las promoventes destacaron el avance del grupo Universidad Democrática, que logró quedarse con cinco de las siete carteras del Comité Ejecutivo sindical.

“Coincidir con colegas que buscan transformar el sindicato y la universidad no tiene precio”, expresaron.

También señalaron que estos espacios serán ocupados por docentes que buscarán un sindicato más representativo, con un comité colegiado y no presidencialista.

El proceso registró una participación cercana al 80 por ciento de los agremiados, reflejo del interés por la renovación sindical.

Pero con este recurso la elección no termina de cerrarse y la disputa interna sigue abierta en el ICSA.