La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) inició una investigación de oficio por el caso de un niño de origen ódami que permanece internado en el Hospital Infantil de Chihuahua, luego de que la falta de comunicación en su lengua materna dificultara la atención médica y retrasara un diagnóstico oportuno.
El organismo informó que abrió la queja de manera inmediata, al considerar que el acceso a intérpretes es un derecho que debe garantizarse a las personas pertenecientes a pueblos originarios, también en el ámbito de la salud.
“En cuanto tuvimos conocimiento del caso, el presidente instruyó abrir la queja de oficio. Lamentablemente, este tipo de situaciones evidencian que la vulneración de derechos no se limita al ámbito judicial, sino que también ocurre en el acceso a los servicios de salud”, señaló personal de la CEDH.
El caso corresponde a Ángel Ramón Baiza Julián, un niño de cinco años de edad, integrante del pueblo indígena ódami, quien se encuentra grave e intubado en el Hospital Infantil de Chihuahua, luego de que su estado de salud se complicara tras permanecer varios días sin un diagnóstico claro. Esta situación se vio agravada por la ausencia de intérpretes de lenguas originarias dentro del sistema de salud.
La CEDH recordó que la normativa vigente reconoce el derecho de las personas indígenas a contar con intérpretes de su lengua materna para la realización de cualquier trámite gubernamental y, de manera particular, durante la atención médica.
Al respecto, Gildardo Félix, secretario técnico del organismo, informó que la CEDH ha avanzado en la integración del Programa Interdisciplinario de Atención a Pueblos Indígenas (PIAY), una estrategia cuyo eje central es la certificación de traductores e intérpretes de lenguas originarias.
Sin intérpretes no hay justicia
Félix explicó que el acceso a intérpretes certificados es un tema transversal que impacta no solo en la administración y procuración de justicia, sino también en derechos fundamentales como la salud y la educación, donde la barrera del idioma continúa representando un obstáculo para las comunidades indígenas.
“La agenda del PIAY está enfocada en visibilizar los derechos indígenas con una connotación especial, como el acceso a intérpretes, porque de ello depende que las personas puedan ejercer plenamente otros derechos”, señaló.
Indicó que, por instrucción del presidente de la CEDH, Alejandro Carrasco Talavera, se han reforzado acciones institucionales para ampliar la presencia del organismo en regiones con población indígena, como la apertura de oficinas en Guachochi, una oficina itinerante en Guadalupe y Calvo, así como atención en la zona de la Cañada.
El funcionario destacó que, aunque en Chihuahua existen cuatro pueblos originarios reconocidos, la migración interna y de tránsito ha propiciado la presencia de comunidades indígenas de otros estados, como mixtecos y nahuas, principalmente en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua, lo que complejiza la garantía de los derechos lingüísticos.
“Las lenguas indígenas tienen múltiples variantes, lo que hace prácticamente imposible contar con intérpretes para cada una de ellas. Por eso, la comisión busca fungir como intermediaria entre instancias federales y estatales, para que las personas indígenas que se autoadscriban como tales puedan acceder efectivamente a sus derechos”, explicó.
La CEDH reiteró que el fortalecimiento de los derechos lingüísticos es clave para que las personas indígenas puedan ejercer plenamente sus derechos en todas las instancias públicas del estado.
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