El segundo lugar nacional que ocupa Chihuahua en homicidios dolosos entre enero y septiembre de 2025 es, para la diputada Leticia Ortega Máynez (Morena), una muestra de que la Plataforma Centinela no ha dado resultados pese a su alto costo y a las promesas de modernizar la seguridad pública en el estado.
Durante la sesión ordinaria celebrada este martes en el Congreso, la legisladora cuestionó la falta de indicadores verificables, la opacidad del contrato y la baja credibilidad de la empresa encargada del sistema, al tiempo que exigió al Ejecutivo estatal rendir cuentas sobre los recursos invertidos.
Ortega Máynez, representante del Distrito II con cabecera en Juárez, señaló que Chihuahua acumula más de mil 300 víctimas de homicidio doloso entre enero y septiembre de este año. No obstante, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra oficial al cierre de octubre asciende a mil 527 casos, lo que ubica al estado en la segunda posición nacional, solo por debajo de Guanajuato, con 2 mil 229 víctimas.
En su intervención en el pleno, la diputada criticó tanto el monto del gasto como la opacidad en la información sobre el proceso de contratación y la baja confiabilidad de la empresa a la que se adjudicó el proyecto.
“Las respuestas del Ejecutivo sobre la Plataforma Centinela, más que aclarar, confirman tres cosas: que el contrato se adjudicó de manera discrecional, que el proyecto se maneja con opacidad estructural y que los resultados en seguridad no corresponden al tamaño del gasto”, expresó.
La legisladora explicó que el contrato, identificado como SH/ADE/079/2022, fue tramitado bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, aunque el proyecto incluye infraestructura, equipamiento y software operativo, lo que —dijo— debería someterse a un proceso de licitación pública con mayores controles.
“El presupuesto estatal y la descripción del contrato dejan claro que no se trata solo de un servicio intangible, sino de un proyecto con características de obra pública, que en teoría exige procesos de licitación mucho más estrictos”, puntualizó.
Ortega destacó además que la información del proyecto fue reservada por cinco años, lo que impide al Congreso y a la ciudadanía revisar precios, alcances técnicos y cláusulas de cumplimiento.
“Escogen la ley que les da más margen, aplican la excepción más amplia y ni siquiera demuestran haber cumplido sus propios requisitos mínimos”, advirtió.
La diputada recordó que auditorías y reportes públicos en otras entidades han señalado sobrecostos e incumplimientos de la empresa Seguritech, contratada por el Gobierno del Estado, lo que —dijo— debió considerarse antes de otorgarle un contrato por más de 4 mil millones de pesos sin licitación.
“El Gobierno estatal entregó a Seguritech el contrato más caro en la historia de Chihuahua, pese a los antecedentes negativos y sin garantizar resultados verificables en materia de seguridad pública”, concluyó.
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