El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, reconoció que la falta de centros públicos de rehabilitación y atención en salud mental provoca que muchas personas con trastornos derivados de las adicciones terminen involucradas en delitos, pero no enfrenten castigo porque la ley las considera inimputables, es decir, no responsables penalmente debido a su condición mental.
Explicó que la mayoría de los espacios existentes son operados por particulares y funcionan como servicios comunitarios o religiosos, sin supervisión ni certificación oficial. Consideró urgente que los gobiernos destinen recursos para crear centros públicos especializados, donde las personas con adicciones o enfermedades mentales reciban tratamiento profesional y no terminen en el abandono o en situaciones de riesgo.
El pronunciamiento surgió tras el asesinato del pastor Mauro Cabañas Arámbula, ocurrido en el albergue que él mismo dirigía, en el kilómetro 29 de la carretera a Casas Grandes. El presunto responsable es un interno recién ingresado que mostraba signos de trastorno mental.
Jáuregui explicó que, en casos así, la Fiscalía General del Estado pone a disposición del juez a los presuntos responsables, pero corresponde al Poder Judicial determinar si la persona carecía de control sobre sus actos, lo que la excluye de la cárcel y permite canalizarla a un centro de tratamiento o internamiento psiquiátrico.
Aclaró que el lugar donde ocurrió el homicidio no contaba con registro oficial y operaba únicamente como espacio de ayuda comunitaria, sin autorización como centro de rehabilitación. Añadió que en Ciudad Juárez existen muchos sitios similares, aunque subrayó que lo ocurrido fue un hecho excepcional, pues pocas veces se presentan agresiones de esa magnitud contra quienes dirigen estos espacios.
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