Tras detectar presuntas irregularidades en las pensiones de dos exregidores del PRD, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz, anunció una auditoría jurídica. El caso podría sentar un precedente y abrir la puerta para revertir otros beneficios otorgados de forma indebida en el estado de Chihuahua.
El funcionario confirmó que se abrió una revisión legal en contra las pensiones otorgadas a los exregidores Alfredo Ramírez Rentería y María Eugenia García Hernández, quienes cobran pagos por más de 800 mil pesos tras haber sido jubilados en condiciones que actualmente se consideran irregulares.
Tanto Ramírez Rentería como García Hernández, fueron integrantes del Ayuntamiento 2004-2007, presidido por el finando Héctor Murguía Lardizábal (PRI),
La decisión fue anunciada por Ortiz Orpinel, quien no descartó la posibilidad de revertir beneficios similares en otros casos si se comprueba la ilegalidad.
Según Ortiz, el Reglamento del Ayuntamiento prohíbe que los años de servicio como representantes populares, ya sea alcaldes, síndicos o regidores, sean considerados para el cálculo de pensiones.
Pese a esa prohibición, los exregidores lograron que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TEJA) fallara a su favor tras el juicio promovido por la suspensión de sus pagos, impuesta durante la administración cabadista.
Ortiz advirtió que el Ayuntamiento se encuentra en pleno análisis jurídico del caso, para determinar si hubo una violación al marco legal vigente y si los montos entregados a los exregidores fueron autorizados indebidamente.
“Dependiendo de los resultados de esta controversia, podríamos abrir la puerta para hacer una revisión más profunda y revertir beneficios otorgados a otros exservidores públicos”, mencionó el funcionario.
Habría fraude sistemático en jubilaciones
El caso no sería aislado. Según Ortiz, situaciones similares han sido documentadas en otros municipios del estado, como Delicias y Parral, donde también se han investigado pensiones anticipadas y montos inflados aprobados por cabildos pasados. En algunos casos, se han iniciado procesos de nulidad de pensión e incluso sanciones administrativas contra exfuncionarios.
Actualmente, el Municipio de Juárez administra una lista de 3 mil 758 trabajadores jubilados y pensionados, entre ellos varios exregidores y directores generales, lo que hace urgente una revisión integral del padrón de beneficiarios para detectar posibles irregularidades.
Aunque estas prácticas han sido denunciadas por la ciudadanía desde hace años, no fue hasta que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar puso el tema sobre la mesa, que se inició formalmente una revisión jurídica del caso, recordó.
La Contraloría Municipal habría recibido múltiples quejas que derivaron en el juicio ante el TEJA, agregó.
“Este conflicto no solo es legal, sino también moral. Si se confirma que hubo exfuncionarios que se jubilaron anticipadamente con beneficios indebidos, se estaría cometiendo un agravio contra el erario y contra los trabajadores que sí cumplieron con los requisitos”, sentenció Ortiz.
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