El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el próximo lunes el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, que plantea invalidar la primera parte del plan B de la reforma electoral por violaciones graves al proceso legislativo.
De esta manera, el máximo tribunal de justicia decidió no aplazar el tema como se lo propuso la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, al considerar que los ministros deben resolver primero impugnaciones a la Ley de Comunicación Social, pendientes desde 2018, año en que se expidió la norma.
En sesión privada este jueves, los ministros determinaron que la Suprema Corte tiene la obligación de resolver el asunto antes de que inicie el periodo electoral federal, toda vez que el tema se planteó como electoral.
El miércoles, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República afirmó que el objetivo del aplazamiento era evitar que se emitieran sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica.
Indicó que la Ley de Comunicación Social fue aprobada antes del inicio del proceso electoral 2017-2018 por el PAN y el PRI, lo que fue cuestionado por la oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por considerar que hubo violaciones al proceso legislativo.
“Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que la Ley General de Comunicación Social impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (plan B)”, señaló la Consejería Jurídica.
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