La Auditoria Superior del Estado encontró importes sin pagar de la Secretaría de Hacienda a Pensiones Civiles del Estado, que representan perjuicio al servicio público.
Se trata de un importe sin pagar de 761 millones 389 mil 498 pesos y 87 centavos, correspondientes al ejercicio 2020, el cual no se aclaró.
«Por el incumplimiento a las obligaciones respecto del entero de cuotas y aportaciones de seguridad social, Servicio Médico, Diferencial de Servicio Médico, Nómina Bruta Médica y Administrativa, Servicios del Área Médica y Administrativa y Subsidio Estatal a Pensiones Civiles del Estado Chihuahua», señala la revisión.
La dependencia advirtió la presunción de que el actuar de los servidores públicos «pudieron haber causado perjuicio al servicio público, al ser un hecho notorio el deterioro en la prestación del servicio médico y la atención a los derechohabientes».
La falta del pago derivó en la suspensión de los servicios hospitalarios y negación de entrega de medicamento.
Además, reclamos de gastos e incremento de reclamaciones judiciales de los proveedores, como consecuencia de la falta del pago oportuno de servicios y medicamento.
Desglose de los impagos
En una primera revisión, la dependencia determinó omisiones en el pago de obligaciones de Seguridad Social, Servicio Médico y Ministración de Recursos del ejercicio 2020.
Junto con adeudos anteriores, se acumuló una deuda superior a los 854 millones de pesos, señaló la Auditoria a la dependencia estatal.
También encontró omisiones en la ministración del presupuesto autorizado a la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Estos faltantes se reconocieron en el capítulo 4000, denominado Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, por un importe de 195 millones 102 mil 535 pesos.
Otra omisión fue en la ministración del presupuesto autorizado al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.
Esta vez en el capítulo denominado Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, por un importe de 166 millones 905 mil 587 pesos.
En ambos casos promovió ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa la imposición de sanciones a servidores públicos por incurrir probablemente en abuso de funciones.
Esto por los impagos del presupuesto autorizado a la Universidad Autónoma de Chihuahua.
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