El extitular del Registro Público de la Propiedad Rubén Trejo dijo que en los presuntos despojos a familias de sus viviendas con la complacencia de Infonavit, la mayor parte de la responsabilidad recae en el Gobierno municipal.
Trejo rechazó 500 expedientes litigados fuera del estado, por considerar que no cumplían con el debido proceso. Los hechos ocurrieron durante 2017, tiempo en que renunció al cargo en medio de la polémica.
“Como particular, yo considero que la mayor responsabilidad ha sido de los presidentes municipales. Han tenido una actitud errática respecto del crecimiento de la ciudad”.
“En algún momento, la propia autoridad municipal se echó para atrás. Se dieron cuenta que hacer explotar la ciudad hacia afuera no fue la decisión más inteligente, pero el daño ya está hecho”, fustigó el exfuncionario.
Señaló que todos estos fraccionamientos que se hicieron tan lejos del núcleo de población no podían tener otra suerte que es la que se padece hoy.
No han sabido cumplir
“Constitucionalmente y legalmente, la obligación de la regulación territorial es de los municipios, pero no ha cumplido con esta obligación”, agregó.
Trejo dijo que rechazó 500 expedientes litigados fuera del estado por no cumplir con el debido proceso. En ellos se ordenaba despojar de sus viviendas a sus propietarios.
Se refiere al problema que generó Infonavit, al entregar el control de la vivienda a despachos privados. Esto causó un desastre social en el suroriente, donde sus habitantes padecen el mayor rezago urbano de la ciudad.
“Los expedientes procedían de una notaría de Nayarit. Pedía el cambio de propietario en 500 escrituras que no cumplían requisitos de la propia Constitución Mexicana”, señaló.
Despojos violentaron el artículo 83
Dijo que rechazó la adjudicación y ordenó una prevención del acto, consistente en que el notario nayarita cumpliera con la obligación de agregar los anexos que exige la Ley del Notariado de Chihuahua y de la Ley de Registro Público de la Propiedad.
“Era clave la presentación de estos anexos. Aquí se vería no solo que el acto existía, sino también que se cumplió con el debido proceso”, expresó.
Señaló que los representantes legales, que intentaban que Infonavit las adjudicara las casas, no cumplieron el artículo 83, que exige con una copia certificada en donde constara que el demandado había sido notificado.
“Incluso así ordena el artículo 122 de la Constitución, que refiere a los casos en que hay tránsito entre estados. Cuando un acto se genera en un estado y se va a ejecutar en otro”, señaló Trejo.
El rechazo a cambiar las escrituras generó presiones en contra del funcionario, quien tres semanas después renunció al cargo; sin embargo, dijo que solo fue una “coincidencia”.
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