La Fiscalía General de la República (FGR) y el actual Gobierno federal deben investigar a fondo los presuntos acuerdos que Javier Duarte habría establecido con la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, para que dejara el Gobierno de Veracruz y saliera del país en octubre de 2016, antes de que pudiera ser detenido, publicó Animal Político.
Así lo exigió la organización civil Tojil: Estrategia contra la Impunidad, que desde octubre de 2018 presentó una denuncia penal que dio pie a la apertura de una carpeta de investigación en la FGR, por las posibles irregularidades en el proceso contra Duarte que derivaron en una sentencia reducida.
La organización presentó ayer a la Unidad de Asuntos Internos de la FGR un escrito formal para que se solicite e incluya como prueba, dentro de la referida carpeta, el video de la audiencia judicial realizada el sábado pasado, donde el exgobernador reveló cada uno de los supuestos pactos con el Gobierno pasado.
Estefanía Medina, cofundadora de la organización, advirtió que estos presuntos arreglos y acuerdos de corte político contribuyen a perpetuar la impunidad y favorecen la corrupción.
“Desde que se dio esa extraña negociación entre la PGR (hoy FGR) y la defensa del exgobernador, en Tojil advertimos que esa forma de atender uno de los escándalos más grandes de corrupción que se han destapado en la opinión pública no podía tener lugar más que por devenir de un pacto-acuerdo de corrupción, por lo cual en octubre de 2018 denunciamos ese acto y pedimos ser víctimas para colaborar en la investigación del caso”, dijo Medina.
La FGR se ha negado a reconocer dicha calidad de víctimas a la organización, lo que ha obligado a los denunciantes a buscar un amparo.
El próximo jueves 9 de enero un Tribunal federal resolverá de forma definitiva si la organización puede participar en la indagatoria de las presuntas anomalías en el caso de Javier Duarte.
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