La Fiscalía General de la República (FGR) inició un nuevo frente judicial contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, al impulsar una nueva acusación por el delito de peculado.
La nueva imputación forma parte de una estrategia legal para procesarlo por presuntos desvíos de recursos públicos cometidos durante su administración estatal, en paralelo a la sentencia que actualmente cumple por lavado de dinero y asociación delictuosa.
El movimiento judicial se da en un contexto en el que el exmandatario podría aspirar a beneficios de preliberación en los próximos años, por lo que la apertura de nuevos procesos permitiría a la Fiscalía mantener medidas cautelares para evitar su liberación.
Javier Duarte actualmente cumple una condena de nueve años de prisión derivada de su proceso federal, la cual podría concluir en 2026; sin embargo, la nueva acusación por peculado podría prolongar su permanencia en reclusión si el caso avanza en tribunales.
El caso Duarte sigue siendo uno de los expedientes de corrupción política más emblemáticos del país, ligado a esquemas de desvío de recursos públicos mediante empresas fantasma y operaciones financieras irregulares durante su administración en Veracruz.
FGR trae de Argentina a exfuncionario ligado a red de combustible; van 15 detenidos
Fernando “N” fue detenido desde abril mediante una ficha roja de Interpol y será presentado ante la autoridad judicial que lo requiere en México
Aplazan, de nueva cuenta, juicio por terrorismo del Jueves Negro
Debido a la reclasificación en los delitos que se acusan, defensa solicitó tiempo para presentar testigos, así como responder al alegato de clausura planteado por el Ministerio Público federal
FGR niega investigación contra Andrés López Beltrán
La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que no cuenta con elementos legales para iniciar una indagatoria contra el hijo del expresidente López Obrador
Condenados a morir en prisión: Vuelve la cadena perpetua sin llamarse vitalicia
Sentencias recientes de hasta 845 años vuelven a garantizar que los condenados mueran tras las rejas; aunque los jueces prácticamente dejaron de utilizar la prisión vitalicia hace más de una década