El gobernador Javier Corral mostró su preocupación de que la próxima administración estatal “deje de actuar para recuperar el dinero robado por los corruptos”, en referencia a las investigaciones contra el exmandatario César Duarte Jáquez.
Afirmó que todo se puede perder si el siguiente Gobierno estatal simplemente decide no contestar, dejar de hacer, dejar pasar, no meterse a pelear los asuntos. ”O sea, alguien que no le quiera mover”, dijo.
Mencionó que hay más de 3 mil millones de pesos en créditos fiscales e inmuebles que están en proceso de regresar a las arcas estatales. Por lo tanto, la sociedad chihuahuense ”deberá estar muy atenta de que tales procesos se sigan puntualmente”.
Explicó que gracias a que la Fiscalía General del Estado ya hizo la parte más complicada y logró acreditar los hechos ante los jueces. ”Solo es necesario darle el seguimiento correspondiente”, aseguró.
Insistió que no se debe dejar de actuar, no solamente porque les van a regresar el dinero a los corruptos, o las propiedades embargadas y confiscadas, sino porque dejar de actuar también puede significar abrirle la puerta de la cárcel a los delincuentes, “o crearle condiciones favorables al extraditable”.
De igual manera –agregó– se aseguraron fincas y bienes que ahora son propiedad del gobierno de Chihuahua, como el rancho Santa Rita, de más de 30 mil hectáreas, para el uso y destino que la propia ciudadanía elija.
Caso Duarte: contratan despacho para recuperar propiedades en EU
“Hay otros bienes, otros ranchos, otras casas, otras propiedades, que también están en litigio en distintos juicios”, indicó.
Dijo que para las propiedades detectadas al exgobernador en Estados Unidos el estado contrató a un despacho norteamericano dedicado a la recuperación de activos.
Indicó que se celebró un convenio, un contrato de prestación de servicios profesionales para pagarles el 30 por ciento sobre lo que se recupere.
La Fiscalía estatal tiene en este momento una relación de cerca de 10 propiedades que el exgobernador tenía en Nuevo México y Texas; sin embargo, los especialistas identificaron que eran en realidad cerca de 50, a nombre de personeros y familiares.
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