Con violencia y más de seis mil 300 homicidios en Ciudad Juárez, casi mil ocurridos en el presente año, cerrará la administración del gobernador Javier Corral Jurado.
La escalada violenta no dio tregua. Cada año del actual quinquenio reportó más homicidios que el anterior.
A nivel estatal las cosas no fueron mejores.
Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional con la tasa de homicidios más alta –150.78– solo debajo de Colima y Baja California, según datos del Sistema Ejecutivo del Secretariado Nacional de Seguridad Pública.
Juárez tiene el primer lugar estatal en incidencia delictiva, acumulando 27 mil 43 delitos de robo a negocio, robo de vehículo y homicidio, de los 35 mil 172 registrados en el estado hasta julio de este año.
De acuerdo con el análisis de la Mesa de Seguridad y Justicia, el principal problema en Juárez ha sido el alto grado de impunidad registrado.
Solo 4 por ciento de los homicidios lograron llegar a tribunales. El nivel de impunidad promedio es del 96 por ciento.
Delincuencia organizada, la responsable de violencia: Gobierno
Las autoridades de los tres niveles de gobierno señalaron durante prácticamente todo el periodo que la causa principal de los crímenes era la delincuencia organizada.
Los diferentes grupos delictivos rompieron la paz dedicados al trasiego de drogas, el tráfico de armas y la extorsión de migrantes, entre otros delitos.
Sin embargo, a pesar de lo grave de la situación, el elemento que provocó nulos resultados fue la falta de coordinación entre las corporaciones encargadas de la seguridad.
Así fue asentado en un documento que se presentó en el año 2018 como el Plan Especial Juárez, en el que fuentes de inteligencia militar advirtieron que las estrategias de combate a la criminalidad estaban desarticuladas.
Privilegiaban las agendas políticas por encima de la prioridad social.
Ante la falta de trabajo conjunto, los grupos delictivos crecieron y sus incursiones violentas fueron cada vez más crueles y agresivas.
Masacres en una ciudad sin ley
El 3 de agosto de 2018 la masacre de 11 personas en un domicilio de Pradera de los Oasis cimbró a la opinión pública. La mayoría de las víctimas eran jóvenes.
De ese hecho sí hubo detenidos que incluso fueron sentenciados, pero la ola violenta no paró.
En ese mismo mes, en el fraccionamiento Riberas del Bravo, tres niñas que se encontraban arriba de una camioneta fueron víctimas colaterales de un ataque de sicarios con armas de alto poder.
En mayo del año pasado, en plena pandemia de Covid-19, una familia de cinco miembros fue acribillada en el interior de una vivienda en la colonia Felipe Ángeles.
Un mes después, la Fiscalía identificó a los sicarios que perpetraron la masacre, pero nuevamente los hechos violentos no cesaron.
Ver los toros detrás de la barrera
Los cinco años que están por concluir de la administración estatal se caracterizaron por autoridades que fungieron como espectadoras.
Asesinatos en el interior de bares y restaurantes, afuera de centros comerciales y en avenidas transitadas marcaron la agenda cotidiana.
Apenas un mes antes de terminar los gobiernos estatal y municipal fue terminada la segunda etapa del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI) .
En dicho centro operativo se concentran las imágenes en tiempo real de mil 108 cámaras de videovigilancia en la ciudad.
Hasta el cierre de este reporte no se ha informado de ninguna detención de delincuentes que hayan sido captados infraganti por los dispositivos.
Todo indica que los criminales han sabido cómo esconderse de los ojos electrónicos.
Los sectores donde ocurren más hechos violentos están localizados en el norponiente, el centro y el suroriente, de acuerdo al diagnóstico presentado en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable. A pesar de que se conoce la radiografía delictiva, la labor de inteligencia para detectar y desactivar estructuras criminales sigue siendo inexistente.
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