Como parte de las investigaciones de la operación Justicia para Chihuahua, que persigue desvíos de recursos durante la administración del exgobernador César Duarte, auditorías practicadas en el sector salud revelan que la red de corrupción trianguló dinero público a través de instituciones de salud.
De acuerdo con las investigaciones, existe el caso de dos proveedores que sin tener una amplia capacidad de venta facturaron mil 069 millones de pesos al Ichisal, Servicios de Salud y a Pensiones Civiles durante el periodo de 2014 a 2016.
Como parte de la estrategia para recuperar los recursos desviados, la Secretaría de Hacienda está otorgando créditos por 226.3 millones de pesos. Hasta el momento se han cobrado 61.02 millones.
Otros 32.2 millones de pesos están en un Fondo de Fiscalización (Fofir) y existen cuentas embargadas con recursos por 158.78 millones de pesos más.
Según la Secretaría de Hacienda, es uno más de los esquemas agresivos de evasión fiscal que se investigan en la operación Justicia para Chihuahua; sin embargo, es de los que más duelen, porque se trata del desvío de recursos para la salud de las y los chihuahuenses.
Gobierno de Duarte usó empresas fantasma
De las auditorías se desprendió que los socios de esas dos empresas de proveeduría son personas que no tenían la posibilidad ni la capacidad para vender mil 069 millones de pesos al Gobierno del Estado.
No obstante, las autoridades estatales no revelaron la identidad de dichas empresas o los nombres de sus propietarios.
Ambos proveedores realizaron transferencias por 286.6 millones de pesos a tres empresas fantasma. Los contribuyentes ya están publicados en el Diario Oficial de la Federación como EFOS (empresas facturadoras de operaciones simuladas o inexistentes).
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