El juez mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia y requerido por Estados Unidos, busca que cualquier responsabilidad derivada de sus decisiones judiciales sea investigada y resuelta en México.
Su abogado, Miguel González Sánchez, sostuvo en un comunicado difundido el viernes que corresponde al Estado mexicano determinar si el juzgador cometió irregularidades durante el ejercicio de su cargo, conforme a las leyes nacionales y ante sus propias autoridades, informó Excélsior.
El planteamiento surge después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara que solicitará su extradición desde Colombia para que enfrente nueve cargos por encubrimiento posterior al delito, relacionados con la presunta ayuda a un acusado para evadir su detención, juicio o castigo.
La Fiscalía estadounidense sostiene que Benítez recibió un soborno de dos millones de dólares para conceder la libertad bajo fianza a Andrew Clark, identificado por las autoridades como segundo al mando de la organización del exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding.
Benítez Alcántara, de 49 años, fue detenido el 1 de noviembre en el aeropuerto de Bogotá, cuando pretendía abordar un vuelo hacia Ciudad de México. Según la Policía colombiana, la captura se realizó en coordinación con el FBI.
El caso se remonta a octubre de 2024, cuando Clark fue detenido en México por cargos estadounidenses relacionados con narcotráfico, homicidio e intento de homicidio. Benítez tenía a su cargo el procedimiento de extradición del canadiense.
Según la acusación, el 24 de febrero de 2025, el mismo día en que presuntamente recibió el dinero pactado, el juzgador concedió la libertad bajo fianza a Clark y ordenó su excarcelación. El canadiense fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos, donde su proceso continúa pendiente.
La defensa rechazó que Benítez hubiera actuado para ayudar a Clark a evadir la justicia y sostuvo que su resolución estuvo apegada a derecho. También manifestó disposición a atender los requerimientos de las autoridades, siempre que se respeten el debido proceso y la presunción de inocencia.
En México, el Tribunal de Disciplina Judicial informó que abrió una investigación de oficio por estos hechos. El organismo precisó que el juzgador ya tenía otras cuatro investigaciones administrativas en curso, sin relación con el caso que motivó su detención en Colombia.
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