Una jueza federal frenó por ahora la detención del director de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), Antonio Molina Díaz, quien es uno de los 61 funcionarios y exservidores públicos con orden de aprehensión por su presunta colusión con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para cometer peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada.
María del Carmen Sánchez Cisneros, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, concedió a Molina Díaz la suspensión provisional contra el mandamiento judicial librado por un juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano).
El funcionario presentó la demanda de amparo el pasado martes, misma que fue admitida a trámite, pero la jueza le negó la suspensión de plano y sólo le concedió la suspensión provisional contra la orden de captura, y le impuso el pago de una garantía por 6 mil 500 pesos.
Sánchez Cisneros fijó para el 31 de mayo la audiencia incidental en la que determinará si otorga la suspensión definitiva a Antonio Molina Díaz, quien en abril pasado fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público en el caso del incendio en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, en el que fallecieron 40 migrantes. Lleva su proceso en libertad.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, servidores públicos, entre ellos Molina Díaz, y particulares se coludieron con García Luna para saquear los recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependientes de la Secretaría de Seguridad y Protección.
Molina Díaz cuenta con amplia trayectoria en el sistema penitenciario mexicano, pues de 1997 a 2002 se desempeñó como subdirector jurídico en la entonces Dirección General de Prevención y Readaptación de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
De 2007 a 2011, cuando García Luna estuvo a cargo de los penales federales, ocupó el cargo de director general de Prevención y Readaptación Social del penal federal de Durango.
Asimismo, Molina Díaz fue director del Centro Penitenciario Islas Marías.
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Para este martes fue programada la audiencia para determinar si se cumplieron requisitos para aprobar la suspensión condicional del proceso penal que solicitó en enero de 2025
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