Luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar concedió la suspensión de la distribución de los Libros de Texto Gratuitos (LTG) a solicitud legal del Gobierno de Chihuahua, han aparecido una serie de conjeturas acerca del por qué fue otorgada.
El abogado y catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Óscar Altamirano, destacó el centro medular de la demanda constitucional.
“Me parece criticable, al menos hasta el alcance que da la información difundida, que en la construcción de los contenidos en los libros no se esté tomando en cuenta a todos los sectores que debieran intervenir, específicamente a los padres de familia”, dijo.
Mencionó que el Estado mexicano tiene la obligación de hacer valer la Constitución
y con ello garantizar el derecho a la educación de niños y adolescentes.
Indicó que el Gobierno del Estado tiene todo el derecho de promover dicha suspensión y sí es muy viable que se ejecute en toda la República dicho veto.
“Hay obligación jurídica del Estado de tomar en consideración, de manera preferente, a los padres para la conformación de la educación que han de recibir sus hijos”, detalló.
“El Estado, en este caso la SEP, tiene la obligación de garantizar que en la construcción de los libros participe la mayor parte posible de la población, específicamente los padres de familia (..) aparte de las posiciones ideológicas que ellos mismos asuman”, refirió.
Agregó que es deber del Estado tomar en cuenta el contenido del último párrafo del artículo 26 de la declaración universal de los Derechos Humanos mismo que dice:
“Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
Recalcó que, conforme a las leyes y artículos mencionados, “el Estado tiene la obligación de tomar en cuenta a los padres de familia en torno a los libros de texto que van a formar la educación académica en primaria y secundaria de sus hijos”, aseveró.
Acerca de si los LTG tienen un sesgo comunista o no, detalló que el Gobierno debe hacer partícipe a los padres de familia sin importar inclinaciones políticas y partidistas.
“Si en esos libros de texto, buenos o no buenos, independiente de la calidad en sus contenidos, no participaron los padres de familia en su concepción, es criticable la decisión, tienen que incluirlos porque si lo apreciamos de manera lógica, ellos son los que forman a sus hijos y el Estado en virtud del Artículo antes mencionado, tiene la obligación de garantizar los medios necesarios para que los padres puedan tener las herramientas necesarias para garantizar la educación de sus hijos”, concluyó.
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