Segunda de tres partes
Autoridades ejidales y municipales en Guadalupe y Calvo pidieron a los Gobiernos estatal y federal, el anterior del exgobernador Javier Corral y el actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, mayor presencia para atender la problemática de Baborigame.
En julio de 2019 el entonces presidente del comisariado ejidal, hoy síndico municipal, Esteban Iván Rubio Javalera, dijo que aunque había disminuido su precio, la principal actividad económica en Baborigame era la producción de goma de opio.
¿Sigue siendo la siembra de amapola la principal actividad económica?, se le preguntó.
“Si, todavía. Ya ahorita se ha disminuido mucho porque sabemos que bajó mucho de valor y todo eso; ya la gente no esta sembrando, el problema es que no tienen fuentes de empleo”, fue su respuesta.
Para cambiar esa circunstancia resultaba indispensable que se generara trabajo lícito, pero primero, que los gobiernos pusieran atención a lo que estaba ocurriendo.
“Si los gobiernos prestaran más atención aquí al pueblo, pero que escucharan a las personas de aquí del pueblo, a la mejor se compondría un poquito”, señaló Rubio Javalera.
Dio el detalle de cómo los habitantes de Baborigame no han tenido más opción que dedicarse al cultivo de la goma de opio.
“O te dedicabas a eso, o te dedicabas a eso porque no había más”, detalló.
Baborigame, olvidados en la sierra
La consecuencia de ser un pueblo dedicado al narcocultivo ha provocado que sea manzana de la discordia entre grupos criminales dedicados al trasiego de droga.
Lo anterior, con todo y la instalación de un destacamento militar en el pueblo.
Cuestionado al respecto en una entrevista para el reportaje “Violencia en Chihuahua: Los Desplazados”, publicado en 2018, el exfiscal general César Peniche hablaba de la necesidad de poner atención en lo que estaba pasando en la Sierra.
“Son más de diez años de abandono y hay que llevar a cabo muchas acciones para recuperar esa región”, señalaba Peniche.
Incluso decía que entre las acciones que planeaban realizar se incluía abrir un centro de seguridad para el desarrollo o cuartel en la zona de Guadalupe y Calvo.
“Pretendemos tener nosotros ya de manera permanente doscientos elementos en aquella región”, indicó.
Pero pasaron los años y el quinquenio del exgobernador Javier Corral terminó. La instalación del cuartel quedó solo en el discurso.
El mal llamado «triángulo dorado» siguió siendo una tierra sin ley para el trasiego de estupefacientes.
Organizaciones sociales denunciaron que detrás del desplazamiento forzado estaba la producción de goma de opio.
Precisaron en denuncias públicas que había caciques intentando despojar a las comunidades Tuáripa, Cordón de la Cruz, Mesa Colorada y El Tepozán de territorios ancestrales.
Todas esas comunidades indígenas, ubicadas dentro del seccional de Baborigame.
Despojo en medio de la barranca, en Baborigame
Los perpetradores iniciaron procesos legales ante la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) y aunque a la fecha (septiembre de 2021) no se los han autorizado, las familias indígenas Ódami siguen sin poder regresar a sus casas.
Del 2017 al 2019, antes que llegara la pandemia del Covid-19, el pueblo se organizó y cada 7 de julio o días cercanos a esa fecha, realizaron una marcha pidiendo paz.
Fue una iniciativa surgida en el Consejo Ciudadano para el Buen Gobierno de Baborigame.
El Consejo se instaló después de los hechos violentos en que sicarios violaron a una niña hija de un activista y el anterior párroco del pueblo sufrió un intento de carjacking.
Aunque antes de cada marcha ocurrían eventos como quema de casas o asesinatos, que eran interpretados como mensajes de los grupos violentos queriendo atemorizar, el pueblo no dejó de realizarlas.
Unos días antes de la última caminata, a mediados de 2019, el entonces comandante de la Policía municipal del seccional, Miguel Armendáriz, fue asesinado.
Mataron a mi compadre
“No sé si algunos ya saben, hay incertidumbre del fallecimiento de mi compadre, de Miguel Armendáriz, el comandante de aquí de Baborigame”, dijo durante la marcha de ese año el entonces director de Obras Públicas, Julio César Chávez Ponce. Hoy es el presidente municipal en funciones.
“El compadre ya no está, pero seguimos nosotros. Ya se platicó aquí con la Policía, no tengan miedo. Todo va a seguir igual y hasta con más fuerza, con más mediación, con mejor organización y para seguir echándole ganas entre todos”, expresó.
A su alrededor lo escuchaban decenas de personas, la mayoría vestidas de blanco, pero muy pocas eran de origen indígena.
Los pobladores originarios optaron por no participar. La violencia en la Sierra Tarahumara siempre pega en quienes son más vulnerables.
De acuerdo con el sacerdote Gabriel Parga, encargado de la parroquia de Baborigame, el desplazamiento es un problema que afecta a la etnia Ódami o Tepehuanos, obligándolos a dejar sus tierras.
“Fuimos a darnos una vuelta allá. Sí, al Cordón de la Cruz y a Mesa Colorada. Y estando allí, pues llegamos a la casa que estaba vacía de una familia que ha sido desplazada”, expuso Parga durante la realización de este trabajo.
“Nos fuimos a visitar las casas del entorno y todo mundo pues lo dice con dolor, con miedo, de que están amenazados, que ya cercaron, que ya no pueden pastorear su ganado”, relató.
Ante la indolencia oficial, pobladores documentan su propio desplazamiento
Documentos escritos a mano por integrantes de la comunidad religiosa con el apoyo de activistas como Paquita Jiménez, quien falleció el año pasado de causas naturales, dan registro de más de doscientos indígenas desplazados.
En las listas están anotados los nombres de las personas, hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos, y el parentesco que tienen.
A pesar que las organizaciones sociales han dado acompañamiento a las familias de desplazados, lo único que han conseguido es llevarles talleres de atención psicológica y gestionar medicinas.
Son avances importantes para las familias desprotegidas de la zona. Sin embargo, de acuerdo con los activistas que atienden directamente el problema, las acciones más importantes como resolver la falta de empleo o garantizar seguridad, siguen faltando.
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Por Javier Kuramura/Norte de Chihuahua
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