En el seccional de Baborigame; municipio de Guadalupe y Calvo, comunidades indígenas desplazadas por caciques y narcotraficantes; hace más de cuatro años, todavía no pueden regresar a sus tierras.
Representantes sociales documentaron el desplazamiento forzado de más de doscientas personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas.
La Fiscalía General del Estado (FGE) incluso abrió carpetas de investigación desde el año 2017, pero a la fecha no existen resultados.
“Hay muchas situaciones difíciles -por decir así- que son más bien dolorosas de despojo, de amenaza”, afirma el sacerdote Gabriel Parga; que da acompañamiento a la comunidad afectada.
De acuerdo con Parga, existe un estudio de peritaje antropológico que confirma que los pobladores indígenas Ódami tienen más de 150 años habitando esas tierras.
“Es gente buena que no ambiciona, es un pueblo con proyecto propio; son indígenas. Ha habido hasta un estudio de peritaje antropológico que prueba que tienen más de 150 años viviendo ahí”, dice el padre Parga mientras describe la situación que viven los pobladores.
Autoridades no actúan contra perpetradores
Algunos de los presuntos perpetradores del despojo fueron identificados por organizaciones sociales; sin embargo, ninguna autoridad ejerció acción penal en su contra.
Los aludidos negaron los señalamientos en declaraciones publicadas en septiembre de 2018 en el reportaje “Violencia en Chihuahua: Los Desplazados”.
Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) confirmó a Norte Digital que los sujetos sí iniciaron un trámite para tratar de adquirir un terreno supuestamente nacional.
Carlos Grado, representante de Sedatu en Chihuahua, informó el 28 de agosto pasado que el trámite no se autorizó.
“Aún esta en análisis en la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural”, precisó.
Dejarlo todo, único camino ante el despojo
A pesar de ello, pobladores de comunidades como Cordón de la Cruz, Mesa Colorada, Tuáripa y El Tepozán tuvieron que dejar sus viviendas.
“’¿A dónde se van?’, dicen muchos de los que están ahí amenazados, ¿a dónde nos vamos a ir si no tenemos a donde irnos y aquí hemos vivido siempre?”, refiere el sacerdote Gabriel Parga en la primera entrega de la serie “Desplazamiento forzado: la realidad amordazada”.
Igual que Parga, el activista José Ángel Rivas Vega; quien tuvo que salir él mismo por amenazas de los caciques, inició procesos legales para defender los territorios.
Incluso consiguió imágenes satelitales en las que se indica cómo los invasores han cercado las tierras que antes eran libres para el pastoreo.
En el testimonio compartido con Norte Digital, Rivas Vega advierte que detrás del intento de despojo está la siembra de mariguana y amapola; que en la localidad de Guadalupe y Calvo es la principal fuente de ingresos.
Si bien el miedo a la reacción violenta de los grupos delictivos que promueven la siembra, cosecha y comercialización de la droga, es la razón de que muchos opten por el silencio o la inacción; no se puede descartar que en la ecuación exista el concierto o complicidad de autoridades de cualquiera de los tres órdenes de Gobierno.
Baborigame está localizado a mil cien kilómetros de la frontera de Ciudad Juárez, en el corazón del llamado triángulo dorado, tierra que se disputan carteles del narco para fomentar actividades ilícitas.
(Primera de tres partes)
