Dentro de la operación Justicia para Chihuahua, que encabezan autoridades estatales para perseguir actos de corrupción de la pasada administración, destaca como una de las líneas de investigación la existencia de la llamada “caja chica” del exgobernador César Duarte, a través de la cual se dispusieron 542 millones de pesos de recursos públicos para favorecer a distintos personajes sin quedar clara su justificación.
A raíz de la detención de Sixto Duarte Jáquez para ser presentado este día ante un Juez de Control para ser imputado por presunto encubrimiento, resurge la existencia de la “nómina secreta” que fue manejada directamente por el prófugo exgobernador César Duarte, y en la que se mencionan a periodistas, líderes sociales, partidos políticos, legisladores y hasta opositores de distintos partidos políticos.
A principios de 2019 la Agencia Reforma divulgó que fueron desviados millones de pesos durante la administración Duarte al simular contratos por 408 millones de pesos, así como órdenes de compra por 2.9 millones, y una póliza por 122 millones.
Autoridades estatales han reconocido de igual manera la existencia de evidencias para comprobar que tres de los actuales aspirantes a la gubernatura del estado, la alcaldesa panista de Chihuahua Maru Campos, el senador por Morena Cruz Pérez Cuéllar y Armando Cabada, actual presidente municipal de Juárez, habrían recibido también aportaciones a través de una “nómina secreta”.
En el caso específico de Pérez Cuéllar se menciona la cantidad de 1.3 millones de pesos, Maru Campos otros 8 millones de pesos y Armando Cabada 4.3 millones de pesos.
Los tres políticos en su momento se han deslindado del tema.
Entre 2012 y 2015 fueron realizadas 394 operaciones para beneficiar igualmente a otros personajes. Uno de ellos fue Manlio Fabio Beltrones, a quien, se dice, le fueron entregados 235 millones de pesos del erario chihuahuense, y al Comité Estatal del PRI otros 63.5 millones de pesos. Autoridades estatales sospechan que dichos recursos habrían terminado en las campañas políticas del PRI.
Gerardo Villegas Madriles, exdirector de Administración de Hacienda estatal; Pável Aguilar, dirigente estatal del PRD; Alberto Sandoval Pulido; el fallecido diputado federal Carlos Hermosillo; el empresario Anuar Elías Karam, Luis Carlos Baeza, Alejandro Gloria, diputado del Partido Verde; Banco Unión Progreso, Partido del Trabajo, PRD; Jesús Velázquez, diputado priista; Max LeBarón, dirigente de Vanguardia Juvenil Agrarista; María Guadalupe Aragón, exdirigente estatal del PRD, aparecen en las evidencias de las entregas de recursos públicos durante la pasada administración estatal.
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