La aplicación de procesos administrativos contra César Duarte basados en una ley que ya estaba abrogada representa una violación al debido proceso, advirtió en un comunicado la defensa del exgobernador.
“Se violó el debido proceso no solo en el ámbito administrativo, sino también en lo penal; lo cual será demostrado en los tribunales establecidos para ello”, señaló el despacho de prensa del abogado Juan Carlos Mendoza Luján.
Aclaró que en ninguno de los procedimientos impuestos al acusado ha intervenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo anterior luego de que ayer la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Mónica Vargas, emitió un posicionamiento en el que afirmó que una jurisprudencia de la Corte había sido la causa de que tuvieran que reponerse procedimientos administrativos contra Duarte.
Mendoza acusó a la Función Pública de una incorrecta aplicación de una ley que “al momento de imponer estos procedimientos ya estaba abrogada”.
“Es decir, era inaplicable por lo menos dos años antes de imponer estos procedimientos”, reiteró.
Reponer juicios le dará una justa oportunidad a Duarte: abogado
No era necesario que la SFP tuviera una bola mágica para adivinar, como lo sugirió ayer la titular Mónica Vargas; un calendario habría sido suficiente, ironizó Mendoza.
Aclaró que además la funcionaria estatal incurrió en imprecisiones, ya que no son cuatro -sino cinco- los procedimientos contra su cliente. Son dos procesos de 2019 y tres de 2020.
También precisó que no es uno sino cinco los juicios de amparo que su defendido promovió, bajo los números de expediente 2098/2019, 333/2020, 1187/2020, 1235/2020 y 1236/2020.
Refirió que reponer los procedimientos le dará una “justa oportunidad” a su cliente de acreditar su versión en los tribunales y no en los medios. Además, podrá presentar pruebas claras y no se sujetará a la aplicación equivocada o manipulada de la ley, concluyó.
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