En Ciudad Juárez, mientras se han cometido alrededor de mil seiscientos feminicidios desde 1993 a la fecha, únicamente seis familias de las víctimas han recibido apoyo económico del Fondo de Auxilio para Familias, acción que llevó al Congreso del Estado a hacer hoy un enérgico reproche a las autoridades locales y federales, a quienes pidieron un informe detallado del destino final de 30 millones de pesos que se dispusieron para tal fin.
Durante la sesión de la Diputación Permanente de este lunes, legisladores locales que conforman la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto, presentaron ante el pleno el dictamen de rendición de cuentas, el cual fue aprobado.
En concreto, los diputados pidieron una explicación sobre cuántas familias de mujeres víctimas de homicidio con violencia de género han recibido apoyo económico a través del fondo, así como el monto de los mismos. (Según el dictamen, solamente seis familias han recibido la ayuda).
También, pidieron estar al tanto de cuál es la cantidad de recursos con los que cuenta actualmente dicho fondo, además de un informe sobre las acciones o programas que son llevadas a cabo por el fondo para allegarse recursos.
En su dictamen, la Comisión de Transparencia, mencionó que “aún cuando no se lograron poner de acuerdo las autoridades y organizaciones no gubernamentales e internacionales sobre el número de familias de las víctimas, en lo que sí concuerdan es que desde el año 1993 a la fecha en Ciudad Juárez suman 1,600 feminicidios.
En agosto de 2003, Amnistía Internacional recomendó al gobierno de México prestar atención en la reparación del daño a las víctimas indirectas de los feminicidios por lo que en mayo de 2005 la entonces PGR creó el Consejo Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres en Ciudad Juárez.
En un principio se destinaron 25 millones de pesos asignados por la SHCP, con cargo al presupuesto de la PGR, más otros 5 millones aportados por el gobierno del estado, con cargo a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, sumando en total 30 millones de pesos, sin contar las aportaciones de entes públicos y privados.
De acuerdo a la Comisión de Transparencia del Congreso de Chihuahua, del cúmulo de mil seiscientos feminicidios, solo seis familias han recibido apoyo económicos, “lo cual resulta en una gran desproporcionalidad”, dijeron los legisladores.
La Comisión de Transparencia del Congreso del Estado que emitió el exhorto avalado por la Diputación Permanente está integrada por Blanca Gámez, presidenta; Janet Francis Mendoza Berber, secretaria, así como los vocales Ana Elizabeth Chávez Mata y Jorge Soto Prieto.
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