El ocultamiento del manejo financiero en el arrendamiento de 783 patrullas, por un monto de 667 millones de pesos, servicio otorgado a la empresa Lumo Financiera del Centro, viola los “principios rectores del independentismo”, a los que el alcalde Armando Cabada se comprometió en su plataforma electoral 2018-2021, entregada al Instituto Estatal Electoral (IEE).
“Creo que la transparencia es el único modo en el que el gobierno debe llevar a cabo sus acciones”, afirma tajante en su discurso sobre la transparencia, en su documento titulado Plataforma Electoral 2018-2021, en su parte Principios Rectores del Independentismo.
Y continúa el independiente: “El uso de recursos públicos implica la necesidad de que sean expuestos ante la sociedad y auditados por todas las instancias pertinentes, a fin de proporcionar a la sociedad la seguridad de que todas las decisiones de gobierno se realicen sin corrupción”.
El 26 de septiembre, del año pasado, personal de sindicatura se apersonó en la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM), para iniciar la auditoría SM-AE-12, relativo a la validación del contrato DCA/SSPM/084-A/2018, que fue rechazado de inmediato por Margarita Aguilar, directora administrativa de la dependencia.
La sindicatura requería en su oficio SM/DAA/861/2019, al director de la SSPM, Raúl Ávila Ibarra, comprobantes de pago mensuales, listado de unidades por distrito, personal asignado y condiciones mecánicas y de otro tipo de los vehículos.
Ávila Ibarra cierra por completo la información pública, desconociendo las facultades de la sindicatura y argumenta que la dependencia fue revisada por la Auditoría Superior de la Federación, cuyo documento no está al público y se desconocen sus resultados.
A principios del año pasado, en un espectáculo montado en la plancha de concreto, en la Plaza de la Mexicanidad, conocida como la Plaza de la X, el Municipio formó en filas las patrullas arrendadas por 36 meses, con un costo anual de 229 millones de pesos.
En los compromisos entregados al IEE, en el rubro Sobre la vida pública, Cabada confiesa una especie de convicción:
Creo que todos los ciudadanos que acceden al ejercicio público, son sujetos al escrutinio de la sociedad en general, y que esta tiene la prerrogativa para evaluar el desempeño de los servidores públicos”
ÓScar Altamirano
Óscar Altamirano, asesor jurídico de Ciudadanos por el Interés Público A.C, afirma que el ocultamiento de la información es una traición a la confianza pública, además de que incumple las obligaciones legales del alcalde que tiene con los órganos de fiscalización, lo cual agrava su conducta.
