Abogados defensores de Nahomi Yamilé R.P. y agentes del Ministerio Público, protagonizaron durante esta mañana una intensa audiencia previa al inicio del Juicio Oral 311/24, que se sigue contra la imputada por presuntos hechos ocurridos al interior de la guardería Techo Comunitario.
Por tercera ocasión, el juez encargado del proceso autorizó un nuevo aplazamiento para el inicio del Juicio Oral.
En la audiencia de esta jornada, convocada desde la mañana de ayer, se discutió como punto central si era justificada o no la ausencia del abogado defensor de Nahomi Yamilé, identificado como “licenciado Gonzalez Sariñana”, quien había pedido que se retrasará el inicio del Juicio Oral por cuestiones médicas.
Para la defensa, estaba justificada la ausencia del abogado dado a que acaba de ser sometido a un proceso quirúrgico de laparoscopía, lo que le impide realizar diversas actividades, por lo que no podía presentarse a comparecer al juicio.
Además, señalaron que González Sariñana era el abogado que la imputada deseaba que la representara en este juicio oral, por lo que que debía autorizarse el diferimiento del mismo hasta que el abogado esté completamente sano.
Por su parte, el Ministerio Público argumentó que se trataba de una “estrategia legal” por parte de la defensa para retrasar el inicio del juicio y que ellos contaban con pruebas que demostraban que el abogado González Sariñana estaba en condiciones para comparecer al juicio.
Aunque no se presentó dicha carga probatoria, la representación social aseguró que, tras labores de investigación, habían encontrado irregularidades en los registros médicos y profesionales del supuesto médico que atendió al abogado González Sariñana.
Los señalamientos indican que el médico que atendió al defensor tenía solamente 25 años y que, al buscar su cédula en el registro de profesiones, no fue encontrada.
Además, que al visitar el domicilio del consultorio, ubicado en la colonia Emiliano Zapata, las personas no lograron dar con el local.
También presentaron diversos testimonios de vecinos de la zona que aseguraron no conocer al médico que había sido mencionado por la defensa, salvo por una mujer, que aseguró haberlo visto trabajando en una clínica de la zona durante los fines de semana.
En respuesta, la defensa de Nahomi Yamilé indicó que debe tomarse en cuenta que a la agente del Ministerio Público, se la había abierto una carpeta de investigación por el presunto delito de falsesdad ante la autoridad judicial y que probablemente los agentes no habían realizado una búsqueda exhahustiva en la zona.
De igual manera, sobre la falta del registro del médico, aseguró que la búsqueda se había realizado a nivel federal, cuando la cedula profesional estaba inscrita únicamente a nivel estatal.
Además, señalaron que la defensa había presentado un recurso de amparo en el Juzgado Sexto de Distrito, con sede en esta frontera, con el fin de ordenar la suspensión provisional del proceso, hasta que el abogado que había elegido la imputada pudiera volver a comparecer.
Por lo anterior, el juez, Gabriel Gerardo Reyes Zúñiga, concedió el aplazamiento del inicio del juicio hasta el 27 de agosto, en punto de las nueve de la mañana, fecha en la que concluye la incapacidad del defensor de Nahomi Yamilé.
No obstante, enfatizó en que este era el plazo máximo en el que podía diferirse el juicio, ya que aumentar el tiempo afectaría el derecho de una justicia pronta y expédita que tienen las víctimas.
Es por ello que ordenó a los jueces defensores presentes, así como a la Defensoría Pública, tener conocimiento de la carpeta de investigación por los hechos de los que se le acusan a Nahomi Yamilé.
Agregó que, en caso de que el licenciado González Sariñana no pudiera presentarse a comparecer, se daría el caso como “abandonado” y ya no tendría derecho a volver a comparecer en el juicio, teniendo que asumir la defensa alguno de los abogados presentes en la audiencia.
Recalcó que, en caso de que la defensa no se presentara a la audiencia, sería acreedora a una multa equivalente a 30 UMA (3 mil 300 pesos) y la defensa de Nahomi Yamilé pasaría a estar a cargo de la Defensoría Pública.
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