La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde este lunes para que el Gobierno del Estado de Chihuahua cierre acuerdos con seis instituciones bancarias para renegociar de golpe y porrazo casi la mitad de su deuda pública, al hacer válido el decreto que autoriza la reestructura, desechando así la controversia presentada por 11 diputados locales de los partidos PRI y Morena.
Los legisladores habían argumentado que el Gobierno que encabeza Javier Corral pretendía “disfrazar” la renegociación con más deuda pública, lo cual fue declarado improcedente por 8 de los 11 ministros.
Como primer primer punto del orden del día del máximo tribunal del país se trató lo relacionado a la acción de inconstitucionalidad 31/19 promovida por diputados de Morena y del PRI del Congreso de Chihuahua, quienes demandaron la invalidez de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019, la cual fue publicada el 29 de diciembre de 2018 al no estar de acuerdo con el tema de la renegociación de la deuda pública.
Asimismo, los diputados presentaron una demanda para que quedara sin efecto el decreto que autorizó a la Secretaría de Hacienda del Estado a celebrar actos para formalizar el refinanciamiento.
No obstante, según la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, no se concedió la razón a los diputados chihuahuenses, por lo que la administración que encabeza Javier Corral tiene ahora luz verde para concretar los acuerdos con los bancos.
Las instituciones financieras que en conjunto harán posible la reestructura de la deuda de 28 mil millones de pesos son Grupo Financiero Interacciones, Banco del Bajío, Santander, Multiva, Banorte y BBVA Bancomer. Además se podrán concretar emisiones bursátiles que ascienden a 18 mil millones de pesos y créditos con Banobras.
El plazo establecido en la renegociación de la deuda pública es por 25 años, y a decir del secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes Vélez, luego de que la Suprema Corte invalidó la queja de los diputados chihuahuenses, se podrá acceder a tasas de interés “mucho más atractivas” ofrecidas por los seis bancos.
Según el proceso de renegociación de la deuda logrado por la Secretaría de Hacienda con las instituciones bancarias, se logró reducir a 0.56 por ciento la tasa de intereses, la cual era de 1.26 por ciento.
La deuda pública estatal ronda los 49 mil millones de pesos, de los cuales 28 mil millones serán renegociados con la nueva tasa de intereses.
El pleno de la SCJN votó a favor el proyecto del ministro Pérez Dayán por 8 votos a favor y 3 en contra.
Votaron a favor de la ponencia el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, así como los ministros Javier Láynez Potisek, Luis María Aguilar, Yasmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González, Eduardo Medina Mora, Jorge Mario Pardo Rebolledo y el ponente Alberto Pérez Dayán.
Los tres votos en contra fueron de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Lucía Piña Hernández y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Para el dirigente del PAN estatal, Fernando Álvarez Monje, la acción de los diputados priistas y morenistas fue una maniobra política disfrazada de controversia constitucional.
La semana pasada, el gobernador Javier Corral conoció y celebró la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán en el sentido de rechazar la acción de inconstitucionalidad, y consideró que se había perdido tiempo y oportunidades no solo en la ejecución de programas esenciales de proyectos productivos, sino de inversión en infraestructura.
Una vez rechazada la impugnación, procede ahora la firma con los contratos con los seis bancos, y a partir de ello se podrá empezar a recibir los recursos del servicio de la deuda que serán liberados.
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