El panorama es desolador, hacia donde quiera que se mire, hay caos y destrucción. Por el suelo hay huellas de lo que solía haber aquí, escombros de paredes de cemento, madera rota, basura, cables, fierros, ropa, cortinas, muebles y sartenes; todo está desordenado, fuera de su lugar.
Hace dos días, donde hoy hay ruinas, existían decenas de casas, cerca de 250 personas vivían dentro del fraccionamiento Villas del Sur, al suroriente de la ciudad, cerca del cruce del bulevar Independencia con la avenida Miguel de la Madrid.
En medio de la desolación, hay un pequeño grupo de niños que juegan sin entender exactamente lo que acaban de vivir. Se suben a una pila de colchones, se esconden entre la madera y cargan una pelota blanca que se lanzan unos a otros. En sus rostros se nota una particular alegría, aunque se hayan quedado sin un techo en el que puedan vivir.
Mientras tanto, los habitantes que se quedaron buscan entre la chatarra los pedazos de la vida que les arrebataron, algo de valor que puedan llevarse, porque aquí ya no son bienvenidos.
La trágica mañana del lunes 21 de octubre
La pesadilla de los vecinos comenzó durante la madrugada del 21 de octubre, la mayoría estaban dormidos, aún no caían desde el cielo los primeros rayos del sol, pero afuera de sus casas, ya había decenas de agentes de la Policía Antimotines, así como distintos vehículos de maquinaria pesada.
El ataque contra su patrimonio fue letal, prácticamente no dejaron nada en pie. Casas de madera, así como algunas hechas de cemento, fueron convertidas en escombro rápidamente.
La sorpresa fue tal para algunos de los habitantes, que hay testimonios que señalan que un hombre mayor, que vivía solo, tuvo que ser llevado a un hospital debido a la presencia tan brusca de los agentes policiales, quienes lo despojaron del único refugio que tenía.
Cuentan que a algunos vecinos les permitieron sacar sus cosas a la calle, para evitar que fueran parte de la destrucción, pero no hubo misericordia y todo fue arrasado a su paso.
Pero no todo fue la destrucción de las viviendas, los representantes de la autoridad trataron de cerciorarse de dejar inhabitable el lugar, por lo que también destruyeron parte de la tubería de agua, así como del cableado eléctrico.
Familias enteras, mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores, que en su mayoría se dedican al comercio y a recolectar botes para revenderlos a las recicladoras, se quedaron sin un lugar donde pasar la noche.
Los engaños que los trajeron hasta aquí
Mayela Bustos Segura llevaba aproximadamente 6 años viviendo en este lugar, junto con su esposo y sus cinco nietos. Pese a las adversas circunstancias, la esperanza no muere dentro de lo que fue su casa y todavía ofrecen un poco de la comida que cocinan en su estufa.
Sobre una plancha de hierro fundido, ella y su esposo preparan huevos estrellados, acompañado de tortillas de maíz. Aunque no haya un techo que los proteja, el hambre no perdona y la pareja y sus nietos tienen que seguir sobreviviendo, por lo que se reparten el poco alimento que tienen, junto con un burrito que les regala otra vecina.
Mayela dice que hace tiempo, hubo un “ingeniero” que se encargó de vender los terrenos a la gente que habitaba esta zona. Los precios variaban, a algunos se los vendieron en 40 mil pesos, a otros en 25 mil y, en su caso, ella compró su parte por 5 mil, debido a que le respetaron la “antigüedad” que tenía por vivir en el lugar.
Otra habitante del lugar, Isabela, nombre creado para guardar su identidad, menciona que ella llegó hace 10 años y vio cómo las personas empezaron a llegar. En su caso, su hijo es dueño del terreno y su casa fue la única que no pudieron derribar, debido a un recurso de amparo que se encuentra activo y con el que logró defender su patrimonio.
Isabela refiere que el terreno fue adquirido con la presunta dueña del predio, identificada por ella como “la señora Quevedo”, que le vendió a su hijo y a otros vecinos, terrenos con un costo de entre 10 mil y 15 mil pesos.
Asegura que ellos no llegaron a este lugar de manera improvisada, al contrario, desde el principio trataron de hacer los trámites legales correspondientes, incluso, recuerda las gestiones que tuvieron que hacer con entidades como la Comisión Federal de Electricidad, así como con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento para que las viviendas tuvieran los servicios básicos.
Durante muchos años vivieron en paz, alejados de los planes de desarrollo urbano que presumen las administraciones municipales, batallando para vivir de manera digna.
No obstante, todo comenzó a cambiar un año atrás. Representantes de una empresa constructora les dijeron que ahora eran los dueños del predio y que las compras que habían hecho eran inválidas.
Si querían conservar su terreno, originalmente adquirido entre los 10 y 15 mil pesos, ahora tendrían que pagar 400 mil, dando un enganche de 80 mil pesos.
Para ella y sus vecinos, es una condición injusta. Expresa que no quieren nada regalado, que quieren conservar su patrimonio, pero los precios que quieren imponerles son injustos e imposibles de pagar para sus condiciones económicas.
Desde ese mismo momento, comenzó el acoso constante por parte de la empresa constructora, que llegaba a amenazarlos y a cortarles servicios sin previo aviso. Agrega que días antes de la terrorífica mañana del lunes 21 de octubre, algunos de sus vecinos fueron detenidos y quedaron retenidos “para evitar que hicieran escándalo”.
Por su parte, Mayela, que abraza con fuerza a una de sus nietas, subraya que los vecinos habían interpuesto un recurso de amparo con el que buscaban blindar sus casas contra cualquier acción, pero a los policías no les importó.
Acusan que la jueza encargada de llevar su caso “se vendió” debido a que sostiene que, por el paro de labores en los juzgados federales, ella no podría haber resuelto el recurso, por lo que aseveró que fueron víctimas de un acto arbitrario que concedió la autorización a la empresa que llegaron a desalojarlos sin previo aviso.
“Aquí nadie quería estos terrenos, nadie, ya nomás vieron que había gente viviendo aquí y ya vinieron diciendo que eran dueños, y nada, nos sacaron, nos tumbaron nuestras casas, no les importó”, comentó.
Comparte que anteriormente había ido a la oficina de Asentamientos Humanos con la intención de que el Gobierno le facilitara la obtención de un terreno, pero solo se quedó en la lista de espera; este lugar fue el único que pudo llamar casa y ahora ella y su familia terminaron en la calle.
Por ahora, vivirán con un amigo de la familia, que les darán asilo temporalmente. El Gobierno Municipal les dijo que pronto serán reubicados, pero tras lo que lo vivieron, desconfían de los dichos del Gobierno, que paradójicamente fue el mismo que les quitó lo poco que tenían.
“También nosotros tenemos derecho a vivir en una vivienda justa, que nos permitan vivir, nosotros no juntamos puntos, hasta los vendedores, los que juntamos fierro, tenemos derecho a una vivienda y a que no nos abandonen”, sentenció.
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