La denuncia por presunta corrupción en tres juicios de “prescripción positiva” fallados en los juzgados Quinto y Sexto Civil por Audiencias en 2018 continúa en proceso.
Se trata de la querella legal por presunto despojo de millonarios bienes inmuebles a los herederos de un importante empresario del reciclaje de esta frontera. Caso del cual Norte Digital dio cuenta en un reportaje publicado el pasado 15 de agosto bajo el título “Justicia Torcida”.
Según la denuncia, la persona demandada y condenada en los tres juicios, falleció en 2012, pese a lo cual se le juzgó como persona viva.
“Como consecuencia, los tribunales sentencian al demandado y hasta lo condenaron al pago de los gastos de los abogados y de las cotas del juicio; esto aparentemente desconociendo la situación real: que el demandado había fallecido desde el año 2012”, comentó el abogado de la parte presuntamente afectada, Alberto Velázquez.
De acuerdo al jurista, la denuncia, ratificada como único caso con el número de expediente 37-2022-0015420, se encuentra en proceso de investigación; la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, de la FGE lleva el caso.
Como parte de la investigación, esta dependencia solicitó vía oficio desde julio pasado los expedientes de los tres diferentes fallos que datan del año 2018: dos expedientes correspondientes al Juzgado Quinto Civil por Audiencias y uno más al Juzgado Sexto Civil por Audiencias.
La acusación involucra a dos jueces civiles, actuarios, abogados y personal participante que, a decir del abogado demandante, actuaron con dolo para perpetrar el despojo.
La denuncia en mención hace referencia a una cuantiosa herencia asentada en diversas propiedades y terrenos de esta ciudad y del sur de Estados Unidos; bienes de un reconocido empresario del reciclaje, de los cuales quedó como “Autor de la Herencia” uno de sus hijos de nombre Andrés P.S.
De acuerdo al abogado Velázquez Rascón, existen gran cantidad de elementos que revelan posible complicidad de los entonces jueces Quinto y Sexto de lo Civil; señala expresamente al juez José Antonio Hernández Delgado y al exjuez Alessio Arrayales Duarte, así como al personal adscrito entonces a dichos juzgados.
Según el abogado demandante, en estos tres casos se abre un amplio abanico de delitos; y de probarse en juicio el uso de maniobras ilegales, podrían ser acusadas las partes participantes en los tres procesos señalados.
Esto incluye fraude procesal, simulación de pruebas, aportación de testigos falsos, encubrimiento por receptación o por favorecimiento, y falsedad en declaraciones judiciales; esto además de un ejercicio indebido profesional de parte de los abogados que representaron, si no es que pudieron ser cómplices, según Velázquez.
Norte Digital buscó, sin éxito, entrevistar a las partes señaladas en la acusación, por impedimentos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Al buscar a los jueces, la petición se canalizó al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; a su vez esta instancia encauzó la solicitud al área de Comunicación Social en la ciudad de Chihuahua.
Dos días después de realizado el trámite, se informó de la imposibilidad de efectuar las solicitadas entrevistas; la declaración oficial fue que lo expresado por los jueces en las tres sentencias constituyen en sí mismas el punto de vista de los magistrados.
No obstante, de manera extraoficial dos abogados litigantes que solicitaron la reserva de su nombre, plantean dudas respecto a la posible culpabilidad de los jueces.
“En estos casos el juez depende de la información que se les proporciona, de modo que en buena medida su actuación es de buena fe; el problema más bien estaría en el actuar de la parte demandante y personal encargado de notificar a la parte demandada”, señaló uno de ellos.
Al respecto, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado en Chihuahua, Miriam Victoria Hernández Acosta, manifestó no tener información del caso.
“Más allá de las notas periodísticas que ha sacado el medio, no tenemos absolutamente ninguna información al respecto; desde luego queda expedito el derecho de las partes para que realicen lo que a su derecho corresponda”, fue su comentario.
La investigación continúa.
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