En colonias de Ciudad Juárez como Anapra, Lomas de Poleo o la Ampliación Felipe Ángeles, por mencionar algunas, la actividad de tráfico de personas es una aspiración de vida, refirió la investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Martha Aurelia Dena Ornelas.
La afirmación se basa -aclaró- en una investigación realizada a través de entrevistar a traficantes de personas sentenciados, que llevan sus procesos dentro del Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez número 3 (Cereso).
“Entrevistamos a traficantes, que nacen en esas colonias y su opción de vida para trabajar era ser pollero”, señaló durante su ponencia ‘Migración como negocio: paralelismos e intersecciones del tráfico y la trata de personas en la frontera Juárez-El Paso’, presentada ayer con motivo del Día Mundial contra la Trata.
“No terminan la secundaria y se dedican al tráfico de personas, porque eso es lo que se hace ahí, no hay otro contexto, no salen de ahí, siempre viven ahí y siempre se van a dedicar a eso”, agregó.
Lo más grave es que, de acuerdo con los traficantes entrevistados en la investigación, para esas personas se trata de una actividad económica y hasta le atribuyen fines humanitarios.
“Ellos lo ven como un proceso de apoyo a quien les solicita el servicio, porque dicen, yo ayudé a esa señora a unirse con su familia que ya está en Estados Unidos, lo ayudé a cruzar porque es una vida mejor; esa es su lógica”, planteó Dena.
El problema es que el tráfico de personas está asociado al delito de secuestro y está documentado cómo los perpetradores han diversificado su actividad ilegal, infringiendo cada vez más sufrimiento a las víctimas.
Esto ocurre así, de acuerdo con la investigadora, por la intervención cada vez más frecuente del crimen organizado.
Solo en el año 2024 se reportó un aumento del 40 al 70 por ciento de mujeres que reportaron situaciones de violencia y trata de personas, durante su tránsito a Juárez, en un solo año.
Al migrar el trayecto representa una cadena de peligros porque las personas se exponen a ser víctimas de tráfico de personas, explicó.
Del rapero secuestrador Fat Flow a la tragedia de Nohemí Álvarez Quillay
Dentro de la investigación, realizada en conjunto con la académica Olivia Aguirre Bonilla, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), se describieron cuatro casos emblemáticos ocurridos en esta frontera.
El primero es el de un hombre que se dedicaba a cantar rap en un bar, identificado como Fat Flow, quien fue sentenciado por tráfico de personas y secuestro en agravio de nueve víctimas a quienes tuvo recluidas en una casa de seguridad en la colonia Oasis Revolución, pidiendo rescates de entre 5 y 8 mil dólares o de 30 mil pesos.
Ocurrió en enero de este año y se le vinculó con una pandilla del crimen organizado conocida como la empresa.
Dos de las víctimas eran del Estado de México, dos de Chiapas, tres de Guerrero, uno de Puebla y un menor sin datos de su origen.
El segundo caso fue el de tres víctimas originarias de China, Guatemala y Tabasco, secuestradas en la colonia Manuel J. Clouthier por las que pedían 100 mil pesos por cada una.
También se encontró que había una banda del crimen organizado implicada y que a las víctimas las sometían a golpes, ahorcamiento y amenazas.
El tercer caso es el de seis víctimas originarias de Venezuela que tenían cautivas en un Oxxo abandonado en la carretera Chihuahua-Ahumada.
El caso número cuatro referido por la investigadora fue el de la niña indígena ecuatoriana Nohemí Álvarez Quillay, que en 2014 se suicidó dentro del albergue La Esperanza cuando tenía 12 años.
Sobre esta historia, Dena Ornelas recordó que el hombre que cometió el delito de tráfico de personas, trayéndola por todo el país hasta esta frontera, nunca fue procesado ni mucho menos sentenciado por esos delitos.
Solo se le aplicó una falta administrativa y se le dejó en libertad, refirió.
El último caso referido en su exposición fue el del albergue Aposento Alto, del año 2022, donde se localizaron 19 migrantes guatemaltecos sometidos a trabajos forzados, acoso sexual y maltrato psicológico.
De éstos, siete eran mujeres, tres eran hombres y nueve eran menores de edad.
Fue un albergue manejado por pastores cristianos donde se les daba comida descompuesta, eran obligados a trabajos domésticos y de albañilería sin pago.
El 4 de junio de 2024 la encargada fue sentenciada a 10 años de prisión y una multa de 59 mil 400 pesos por la reparación del daño a solo tres víctimas, porque las otras no acudieron a declarar.
En este caso quedaron configurados los dos delitos, tanto el tráfico de personas, como la trata, concluyó.
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