Un tribunal federal sentenció a 20 años de prisión a Enrique Ruvalcaba Méndez, de 71 años y residente de El Paso, Texas, por transportar imágenes de explotación sexual infantil desde Ciudad Juárez hacia Estados Unidos.
La captura ocurrió el 10 de enero de 2025 en el Puente Internacional de las Américas, cuando oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) enviaron a Ruvalcaba a una inspección secundaria. Durante la revisión de su teléfono celular hallaron videos y fotografías en las que aparecía sosteniendo relaciones sexuales con niñas y adolescentes.
La indagatoria estableció que el acusado viajaba de manera regular a Ciudad Juárez, donde pagaba por encuentros sexuales con menores de edad, los grababa y almacenaba en su dispositivo móvil. Las autoridades federales confirmaron que al menos tres víctimas fueron identificadas en México, lo que configuró el cargo de transporte de representaciones visuales de abuso sexual infantil.
Tras su detención, el caso fue radicado como USA v. Ruvalcaba-Méndez, No. 3:25-cr-00209 en el Tribunal de Distrito Oeste de Texas. El 3 de julio, Ruvalcaba se declaró culpable ante la Corte y el 24 de septiembre fue sentenciado por el juez de distrito David Briones a 240 meses de cárcel, sin derecho a beneficios de reducción por buena conducta en los primeros años.
El fiscal federal adjunto Shane Romero encabezó la acusación, bajo la supervisión de Justin R. Simmons, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas.
La investigación binacional
La investigación estuvo a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), dependiente de ICE, junto con CBP. Además, se contó con la colaboración de la Oficina del Agregado Adjunto de HSI en Ciudad Juárez, lo que permitió documentar los viajes del acusado y establecer la mecánica de los delitos cometidos en territorio mexicano.
De acuerdo con las agencias estadounidenses, este tipo de casos requieren coordinación binacional, ya que las víctimas son captadas en México pero los delitos tienen consecuencias legales en ambos lados de la frontera.
La sentencia forma parte del Proyecto Niñez Segura (Project Safe Childhood), iniciativa del Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzada en 2006 para combatir la explotación sexual de menores. Este programa articula recursos federales, estatales y locales con el fin de identificar, detener y procesar a quienes producen, transportan o consumen pornografía infantil, así como rescatar a las víctimas.
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