Luego de un proceso penal que duró más de 6 años, un Tribunal de juicio oral en Chihuahua, condenó a Manuel Héctor Arreola Soto por el delito de desaparición forzada e impuso una pena de dieciocho años de prisión.
El exagente de Seguridad Pública de Buenaventura, fue condenado por la desaparición forzada en contra de Jesús Martín Miranda Cruz y Jesús Antonio Servín Ramos, quienes fueron detenidos el 12 de mayo de 2017, llevados a la comandancia de dicha localidad, sin que hasta el momento haya indicios de su ubicación.
De acuerdo al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Jesús Antonio Servín Ramos, originario de Chínipas, trabajaba en una empresa minera donde conoció a Jesús Martín. En el 2017 con el pago de utilidades, viajaron a comprar una camioneta en Cuauhtémoc, en el trayecto se quedaron tirados por fallas mecánicas y fueron auxiliados por una persona.
Las tres personas estaban sobre la carretera cuando llegó una patrulla de la Policía Municipal, fueron trasladados a la comandancia, donde no les permitieron hacer ninguna llamada, quien les auxilió fue liberado, sin embargo, todavía no se tiene ninguna información del paradero de los otros dos jóvenes.
Por lo anterior, se declaró culpable a Arreola Soto, se determinó que la Comisión local de Búsqueda continúe con las acciones de localización de los jóvenes desaparecidos hasta dar con su paradero.
También que se publique un extracto de la sentencia en medios de circulación local una vez que cause ejecutoria la sentencia y, a que la Presidencia del Municipio de Buenaventura cumpla con las medidas de no repetición determinadas por el Tribunal.
Además de generar la capacitación en materia de desaparición forzada y protección de derechos humanos a las personas que integran la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Buenaventura y la elaboración de protocolos para la prevención y atención de este delito.
Quinto Elemento Lab analizó 36 sentencias por desaparición forzada que se emitieron en todo el país de 2005 a 2022, en donde se especifica que Chihuahua es el estado con más casos sentenciados: concentra siete sentencias locales por desaparición forzada y otras seis de orden federal, con la participación de elementos de tránsito, fuerzas especiales, policías municipales, estatales, agentes federales de investigación y militares.
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El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas recopila información a partir de denuncias oficiales y la administra la Comisión Nacional de Búsqueda
