La Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo una sentencia histórica de 845 años y 10 meses de prisión contra secuestradores de 13 migrantes, a quienes mantuvieron en cautiverio, torturaron físicamente y sexualmente, y extorsionaron durante 11 días en una casa de la colonia Barrio Nuevo.
Tras un juicio oral en el que se presentaron pruebas de campo y gabinete, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos declaró penalmente responsables a:
- Jesús Tomás C. S., de 24 años
- Oswaldo P. M., de 22 años
- Lilia Estefani C. P., de 22 años
- Diana Michell S. V., de 22 años
De acuerdo con la investigación ministerial, desde el 1 de junio de 2024 los sentenciados, en compañía de dos adolescentes y otros sujetos no identificados, privaron de la libertad a 13 víctimas originarias de Guatemala, El Salvador y Honduras —entre ellas dos menores de edad— en un domicilio ubicado en la calle Crisolito y Travertino, colonia Barrio Nuevo.
En ese lugar, las víctimas fueron golpeadas en repetidas ocasiones con armas de fuego y otros objetos, agredidas moral y sexualmente, y torturadas con cucharas calientes que les provocaron quemaduras en diversas partes del cuerpo. Además, fueron obligadas a realizar actos sexuales entre ellas.
Los secuestradores realizaron videollamadas a los familiares de las víctimas exigiendo 29 mil dólares por cada una a cambio de su liberación.
Con estas amenazas obtuvieron depósitos por un total de hasta 350 mil pesos mexicanos.
Las 13 personas permanecieron privadas de su libertad hasta la tarde del 11 de junio de 2024, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación las rescataron en un operativo en el que detuvieron a los cuatro ahora sentenciados.
En el lugar se aseguraron armas de fuego y envoltorios con mariguana.
Tras la individualización de sanciones, cada uno de los sentenciados deberá cumplir la condena de 845 años y 10 meses de prisión: los hombres en el Cereso varonil número 3 y las mujeres en el Cereso femenil número 2.
Esta sentencia es considerada histórica por la Fiscalía debido a la gravedad de los delitos cometidos contra personas en situación de movilidad.
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